La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha aplicado la parte que le toca en el reparto de competencias con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) con una orden ministerial, publicada en el BOE esta semana, con las orientaciones de política energética que deberá aplicar la Comisión en sus circulares sobre electricidad y gas. La orden es una vacuna contra la repetición de un nuevo caso Castor. Entre otras cosas, le dice a la CNMC que cuando apruebe la retribución a las empresas propietarias de tubos y plantas de regasificación no incentive "la inversión en nuevas infraestructuras" y traslade "el riesgo de demanda al promotor".
La norma abre una vía de agua en la línea de flotación de proyectos de negocio impulsados por empresas como Enagás o Naturgy en Canarias o Baleares. En el caso de Canarias, la CNMC ya rechazó -"desaconsejó"- el proyecto de construir en Tenerife una nueva planta regasificadora. La orden ministerial apela al principio de "prudencia financiera" y defiende extender el uso de las instalaciones en lugar de sustituirlas por otras con "coste de reposición más elevado".
Todo el interés de Ribera se centra en "fomentar el uso de las infraestructuras existentes para preservar la sostenibilidad económica y financiera del sistema gasista", como se recoge en el punto quinto de la orden. La frase revela preocupación por la situación del sector. Una preocupación fundada. En España existen más de medio centenar de centrales eléctricas de gas (ciclos, 24.000 MW) que apenas si funcionan a un 12% de su capacidad; siete regasificadoras -una de ellas, El Musel (Gijón), parada-; dos instalaciones más en proyecto en las Islas Canarias y un almacén de gas, el Castor, clausurado y con una deuda de 2.400 millones a 30 años que pagarán los consumidores.
Proyectos no justificados
No hay lugar para nuevos proyectos que no estén justificados por la demanda. No lo dice sólo el Gobierno en sus indicaciones a la CNMC. En enero, los reguladores de España (CNMC) y de Francia (CRE) tumbaron el proyecto de interconexión gasista entre España y Francia a través del Pirineo Oriental (Midcat), redenominado como STEP (South Transit East Pyrenees), al rechazar la solicitud de inversión presentada por Enagás y la empresa francesa Teréga. La razón: el proyecto "no cumple con las necesidades del mercado".
Con la publicación de las orientaciones de política energética, Ribera concreta las ideas que manejó al poco de acceder al cargo en sus comparecencias públicas en el Congreso. En esencia, la idea que expuso sobre el gas es que debe ser una energía de transición necesaria en el corto plazo, pero con fecha de caducidad. Fueron declaraciones que no gustaron en el sector. Sobre todo cuando la ministra pidió "cautela" frente a los "delirios" de quienes creen que una energía de transición puede extenderse "ad infinitum", lo que podía llevar a posibles excesos "tanto en la generación [de electricidad] como en infraestructuras".
Actividades reguladas y solvencia
La CNMC comparte la preocupación por la solvencia de las empresas con actividades reguladas que cobran de los usuarios. El organismo que preside José María Marín ha elaborado una circular para reforzar la vigilancia de la solvencia económico-financiera de las compañías distribuidoras de gas y de electricidad. Afecta especialmente a Red Eléctrica de España (REE) y a Enagás, las operadoras de las redes de gas y de electricidad, pero también al resto de compañías con actividades reguladas en el negocio de la energía.
La norma de la CNMC establece seis ratios financieros cuyo cumplimiento debería avalar la solvencia de esas empresas, así como el cumplimiento de sus compromisos de inversión y mantenimiento de las infraestructuras, a un coste razonable y evitando un impacto negativo en los consumidores. El objetivo último es tener la seguridad de que las compañías reguladas no van a empeñarse en inversiones que pongan en riesgo las infraestructuras estratégicas, tanto del sector eléctrico como del gasista.
La CNMC ha reclamado reiteradamente a los Gobiernos de turno el desarrollo reglamentario de los ratios de solvencia de las transportistas y distribuidoras de energía, pero sigue siendo un tema pendiente. Las eléctricas agrupadas en la asociación Aelec -las cinco grandes del sector- rechazan la imposición de criterios de deuda.
En esa línea, las transportistas (REE y Enagás) sostienen que su solvencia está bien controlada, no solo por las autoridades bursátiles en el caso de las empresas cotizadas, sino también por las agencias de calificación. Pero la posición de la CNMC al respecto es rotunda: cuando una empresa recibe ingresos desde la factura que pagan los consumidores y cuenta con el respaldo del Estado, está justificada la exigencia de una doble garantía.
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