Prepara el aval del Ejecutivo

Ribera impulsa un pacto de Criteria con IFM para apoyar la opa sobre Naturgy

El Gobierno, a través del departamento de Transición Ecológica, está inmerso en conversaciones con el hólding financiero español y principal accionista de la energética.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera
EFE

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha movido ficha para impulsar un acuerdo entre CriteriaCaixa y el fondo australiano IFM con el que dar respaldo al aval del Gobierno a la OPA parcial sobre el 22,69% de Naturgy a 23 euros por acción. Las responsables ministeriales con poder de decisión en el asunto se inclinan por el 'sí' y ya maniobran para apaciguar los recelos que la operación suscitó en el seno de la coalición. Ribera ha empezado a abonar el terreno para la luz verde del Ejecutivo a la irrupción de IFM en Naturgy y, en los últimos días, la titular del ministerio ecológico ha tanteado al holding de participadas del grupo La Caixa con vistas a sellar un pacto entre la entidad catalana -que ahora posee el 24% de la compañía- y el fondo australiano.

Fue Ribera quien, a mediados de marzo, rompió el silencio que atronaba en Moncloa cada vez que la opa parcial sobre Naturgy saltaba a la palestra. Desde entonces, la ministra se ha prodigado en reconocimientos sobre el fondo australiano en cada ocasión en que esta ha sido interpelada respecto a la OPA. "Es el perfil de un fondo de pensiones, de trabajadores, de un sindicato australiano, que aspira a inversiones estables y prolongadas en el tiempo", aseveró Ribera sobre IFM después del Consejo de Ministros de hace dos semanas. La titular de Transición Ecológica enmarcó entonces la apuesta de IFM por convertirse en el accionista mayoritario de Naturgy en los márgenes de la "normalidad" de una economía de mercado.

Por el momento, Criteria guarda silencio sobre su eventual posicionamiento, a la espera de la resolución del Consejo de Ministros. El reloj ha empezado a correr. Desde la admisión a trámite de la oferta de IFM por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) -el pasado 18 de febrero- el Gobierno cuenta con seis meses para respaldar la operación o imponer su veto, al amparo de la 'ley antiopas' que el Ejecutivo de Pedro Sánchez incluyó en el real decreto de medidas económicas urgentes -en marzo de 2020-, un escudo ideado para evitar la entrada a precio de saldo de fondos oportunistas extranjeros en el accionariado de las sociedades españolas, que entonces estaban sumidas en una debacle bursátil a causa de la crisis de la Covid-19.

En un primer momento, la opa disparó los recelos de una parte importante del Gobierno. En Moncloa apuntaban a la compañía que pilota Francisco Reynés como uno de los "skateholders" más importantes de su proyecto económico. El rechazo más frontal a la operación llegó desde Unidas Podemos: "Un fondo extranjero no tiene entre sus prioridades el interés general", resonaba entre las filas de los 'morados'. En paralelo, el área económica del Gobierno escrutaba los papeles de la operación desde tres frentes: el Ministerio de Industria (sin su titular, Reyes Maroto, que ha tenido que inhibirse del proceso por conflicto de interés), el Ministerio de Economía que pilota Nadia Calviño y el departamento de Teresa Ribera. 

Las tres titulares económicas se inclinan por ofrecer el salvoconducto del Ejecutivo a la operación, algo que avivaría la imagen del mercado español como terreno fértil para la inversión extranjera en un momento como el actual, marcado por una crisis económica mundial. Todo apunta a que el Gobierno de coalición impondrá condiciones al inversor australiano para evitar que un cambio de estrategia por parte del fondo pudiera desembocar en la división de la compañía en partes y, en útima instancia, en la pérdida de la influencia nacional sobre los activos del grupo energético. 

IFM ha descartado que su entrada en Naturgy conlleve la salida de la energética del mercado bursátil y ha garantizado, al menos, un procentaje de free float cercano al 13%

IFM impuso la condición de hacerse, al menos, con 164.834.347 acciones de Naturgy, representativas del 17% del capital de la cotizada para seguir adelante con la oferta de adquisición. Además de Criteria, en el accionariado de la compañía están presentes CVC en alianza con los March (20,72%), el fondo estadounidense GIP (20,64%) y Sonatrach (4,1%). IFM ha reiterado que no está entre sus planes el sacar a la compañía de Reynés del mercado bursátil. "El Oferente no tiene intención de promover la exclusión de cotización de las acciones de Naturgy", rezaba el anuncio de la OPA. IFM calcula que, de prosperar la operación en su totalidad (22,7%) el free float de Naturgy se situaría en el 7% mientras que, de sellar únicamente el objetivo mínimo de la OPA (17%), este porcentaje rondaría el 13%.

Sobre la citada operación pesa la sombra de Endesa. Las voces más reticentes al intento de asalto a la energética sientan buena parte de sus recelos en la pérdida del control español sobre la entidad que pilota José Bogas a favor de la empresa italiana Enel, un proceso que mermó notablemente la posición nacional en áreas como Latinoamérica, donde Endesa ejerce un papel de liderazgo, así como a las consecuencias de dicho proceso sobre la actividad y el empleo en territorio nacional. El papel estratégico de Naturgy en la economía española mete presión al Ejecutivo para atar cualquier cabo suelto antes de dar su luz verde a IFM.

El fallo del Ejecutivo todavía tardará en llegar. Reynés señaló tras la junta de accionistas del 9 de marzo que la resolución sobre la OPA podría demorarse aún "entre ocho y nueve meses". Por su parte, Naturgy deja atrás un ejercicio 'en rojo' tras anotar pérdidas por valor de 347 millones de euros al cierre de 2020. La compañía redujo el valor de sus activos con un impacto de 1.019 millones el año pasado. IFM ya se ha pronunciado sobre la cartera de la energética española y ha asegurado que su entrada en el accionariado de la entidad -y en su consejo- no irá acompañado de la venta de activos estratégicos, como es el caso de la participación del 24,5% del gaseoducto argelino de Medgaz que posee el grupo español.

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