El Consorcio de Compensación de Seguros (CSS), empresa pública dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos que actúa como asegurador de riesgos extraordinarios, ultima un fondo de reaseguro para los créditos de crédito y caución, entre los que destacan los del sector financiero, tal y como confirman fuentes conocedoras a La Información. Esta suerte de doble escudo para las aseguradoras será un blindaje más ante las posibles consecuencias económicas que pueda tener la pandemia del coronavirus y tendrán por objeto principal la cobertura de los riesgos de la banca.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez otorgó al CCS esta posibilidad en el Real Decreto-ley 15/2020 del pasado 21 de abril en el que se dictaban medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo en la situación actual. De acuerdo con el citado texto y debido a "la situación adversa de mercado del crédito" y a las dificultades que, como consecuencia de la reducción de la cobertura de los riesgos asegurados puedan afectar a las relaciones comerciales y los pagos entre las empresas, se habilita a este organismo para desarrollar las actividades de reaseguro de crédito y caución.
Por ello, y desde ese momento, en la compañía dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos comenzaron a trabajar en un fondo que pudiese servir para dar cobertura a las aseguradoras que se encargan de este tipo de productos, confirman las mismas fuentes. Éste podrá aplicarse con efectos del 1 de enero de este año siempre y cuando los asegurados estén domiciliados en España. De acuerdo con los mismos datos, "su vigencia temporal se mantendrá en tanto subsistan las razones de interés general que justificaron su adopción por un periodo mínimo de dos años".
Cabe recordar que los seguros de crédito y caución nacen de la voluntad del tomador, habitualmente bancos o empresas de servicios, de protegerse del impago de sus deudores a la vez que se cumple la propia obligación del tomador de ofrecer garantías de cumplimiento de determinadas obligaciones contractuales. La situación actual de incertidumbre económica sumada a la necesidad de crédito en el mercado ha hecho que la concesión de este tipo de préstamos, sobre todo a empresas, se disparen a la vez que se da por descontado un aumento de la morosidad.
En este sentido, y de acuerdo con un informe de la patronal de pymes y autónomos de Cataluña (Pimec), la banca está tratando de mitigar al máximo este tipo de riesgo. Así, y de acuerdo con sus datos, un 36,6% de la financiación de la línea de créditos ICO -medida estrella del Gobierno para aportar liquidez a las compañías y trabajadores por cuenta propia que lo necesiten- se ha destinado a renovar operaciones ya existentes que al contar con un respaldo público en forma de avales reducen el riesgo para la entidad. Este tipo de operaciones no están permitidas si no aportan valor, pero los bancos buscan la forma de llevar a cabo este tipo de contratos sin incumplir la norma.
La alargada sombra de la Unión Europea
El asunto ha tardado poco en saltar los Pirineos y la agencia de noticias financieras Bloomberg cuestionaba este lunes a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, por el particular, intuyendo una maniobra del Gobierno de España para apuntalar su sistema financiero en un contexto de crisis. Tras la Gran Recesión las actuaciones de los gobiernos nacionales de la UE en defensa de sus respectivos sectores financieros son escrutadas con lupa desde Bruselas y ese celo también ha condicionado el vehículo que pondrá en marcha el Consorcio de Compensación de Seguros para dar cobertura a los contratos de crédito y caución de las aseguradoras.
Según fuentes del sector, la mayor preocupación del Ministerio de Asuntos Económicos y de los técnicos del Consorcio ha sido diseñar el fondo de manera que no puede ser considerado en ningún caso como 'ayuda de Estado' por parte de la Comisión Europea y se han barajado diversas posibilidades para evitar cualquier problema. El Gobierno ya avanzaba este objetivo en la redacción del Real Decreto que dispuso la posibilidad de que el Consorcio diera cobertura a operaciones comerciales al comprometerse a establecer "las condiciones económicas que deberán aplicarse en la cobertura con el objetivo de procurar el equilibrio financiero del acuerdo a largo plazo, contemplándose, dentro de las citadas condiciones, la compensación que corresponda por los gastos de gestión en que incurra el Consorcio de Compensación de Seguros". Al cabo, se trata de evitar que Bruselas vea este fondo como una forma de cubrir un riesgo del sector privado.
El asunto es más delicado todavía desde el pasado mes de enero cuando se oficializó la consideración del Consorcio de Compensación de Seguros como organismo autónomo del Estado a efectos del Procedimiento de Déficit Excesivo, lo que viene a significar que el saldo del balance de esta institución se integra en las cuentas del Estado y que la eventual materialización de los riesgos que asuma se cargará directamente a las cuentas públicas.
Este tipo de reaseguro a través del Consorcio de Compensación de Seguros ya se ha realizado con anterioridad. En concreto, y según confirman fuentes conocedoras, en 2009, tras el estallido de la crisis inmobiliaria, ya se utilizó como un "elemento paliativo de la desaceleración económica" que garantizó operaciones comerciales por valor de hasta 40.000 millones de euros. De acuerdo con los datos que se manejan en el sector, en aquel momento, esto supuso que el CCS asumiera un riesgo de alrededor de 200 millones.
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