El último 'round' se juega en el Tribunal Supremo. Javier Hidalgo, hoy consejero delegado de Globalia, y Rosauro Varo, antiguos dueños de Pepephone, han llevado hasta el Tribunal Supremo su litigio con Telia-Sonera, la multinacional finlandesa que compró Yoigo en España. Han presentado recurso después de que la Audiencia Provincial de Madrid les condenara al pago de una indemnización millonaria por el incumplimiento del contrato que ambas compañías, Yoigo y Pepephone, tenían firmado antes de que ambas fueran adquiridas por Másmóvil hace ahora cuatro años.
Pepephone y Yoigo hoy forman parte de la misma empresa: el cuarto operador español, liderado por Meinrad Spenger. Pero antes del año 2016 eran rivales y, también, cliente y proveedor. La primera era una operadora móvil virtual que necesitaba de la red de la segunda para dar su servicio en España. Y ese es el origen del lío entre ambos: Pepephone anunció un acuerdo en febrero de 2014 por el que Yoigo le prestaba su conexión. El problema llegó cuando Telefónica alzó la mano: alegó que no había dado su permiso para que la empresa dirigida por Eduardo Taulet pudiera revender su señal. Este movimiento llevó a meses de retraso en los que la compañía entonces controlada por Hidalgo y Varo no pudo modificar sus tarifas para actualizarlas al 4G.
Este choque acabó en los tribunales. Ambas empresas se acusaron mutuamente de incumplimiento de contrato: Yoigo le atacaba a su rival por no esperar a que estuviera concluido todo el proceso e irse con Movistar, mientras que Pepephone señalaba a Taulet y su equipo por engañarle al entender que no necesitaba el permiso de Telefónica. El primer asalto judicial acabó en tablas, aunque con una mayor pérdida para los accionistas de Yoigo, que en aquel momento eran los finlandeses de Telia Sonera. El giro vino en la Audiencia Provincial: entiende que la resolución del contrato por parte de Hidalgo y Varo era "injustificada y unilateral" por lo que les condenó a pagar 7 millones de euros en concepto de indemnización. Ahora llega al Supremo.
Mientras tanto, se produjo algo importante: tanto Pepehone como Yoigo fueron adquiridos por Másmóvil por un montante global de más de 750 millones de euros. Este era un asunto del que los de Spenger se querían desprender. ¿Cómo? En el momento de la compra se sacudieron toda la responsabilidad, que recayó en los antiguos accionistas de ambas partes: Telia Sonera, por un lado, y Varo e Hidalgo, por otro. Es por lo que en su informe anual de 2019, recién presentado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), asegura que no hay ningún tipo de provisión ni de impacto previsto en sus cuentas.
Pese a ello, todo se traslada al Tribunal Supremo. Hidalgo y Varo han decidido agotar las vías con un recurso de casación ante el Alto Tribunal, para que sea este el que diga la última palabra. Según el citado informe está presentado, pero aún no ha habido ninguna notificación oficial sobre si realmente se admite a trámite o no. En caso de que así sea, todo apunta a que habrá pronunciamiento a finales de este año o a principios del próximo. Es decir, se resolvería hasta siete años después.
¿Quién debería hacer frente a la indemnización? A un lado se encuentran, los empresarios de la 'jet madrileña', que se embolsaron 140 millones de euros con la venta a través de sus dos sociedades Gat Technology (Varo) y JHG Investments Models (Hidalgo). A otro está Telia, que hoy cotiza en el mercado bursátil sueco con una valoración de más de 163.000 millones de coronas (unos 15.500 millones de euros al cambio actual) y con un volumen de negocio anual de 7.900 millones con operaciones en una docena de países del norte y el este de Europa.
Otros pleitos de Másmóvil
Al margen de este pleito, que impacta de manera tangencial a Másmóvil, el cuarto operador tiene otro frente del que ha ganado la primera batalla. Es similar al que también ha superado Orange, vinculado al Impuesto de Actividades Económicas por las antenas de telefonía repartidas por toda la geografía española. El operador amarillo recibió en julio de 2019 la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), dependiente del Ministerio de Economía, sobre las tres actas de liquidación por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que levantaron. Son actas vinculadas a sus antenas de telefonía. Eran 11 millones de euros que fueron entregados como garantías y que, según precisan en el informe, serán devueltos.
Másmóvil tiene otros frentes fiscales, aunque sin grandes consecuencias económicas. Tiene un proceso de una inspección por IVA a Xtra Telecom, comprada por el grupo en 2014. La investigación tiene que ver con un periodo previo, por lo que entienden que cualquier responsabilidad que se derive deberán ser asumidas por los anteriores administradores (The Phone House). Por otra parte, cuenta con otro 'affaire' vinculado también al IVA de otras dos subsidiarias, con acta de liquidación y sanción firmadas en disconformidad y cuyas cifras no han sido desveladas. Esta última ha sido recurrida ante el TEAC.
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