La Agencia Española de Protección de Datos ha multado con 60.000 euros a RTVE por el robo a un dirigente de Comisiones Obreras (CCOO) de seis 'pendrives' con información bancaria de los actuales trabajadores de la plantilla y de los 4.150 'jubilados de oro'. La resolución, a la que ha tenido acceso La Información, concluye que la Corporación administrada temporalmente por Rosa María Mateo no garantizó un nivel de seguridad adecuado al riesgo que suponía extraviar esos datos confidenciales.
Los hechos se remontan al 12 de noviembre de 2018 y fueron desvelados en estas páginas. Un dirigente de CCOO deja en una sala de RTVE "su bolsito". Lo hace en la Oficina de atención al Partícipe, ubicada en el despacho E 001 bis, en Prado del Rey. En él, además de documentación personal del sindicalista, hay guardados seis 'pendrives' sin cifrar y que contienen información sensible de la Corporación que no debería hacerse pública. Sale de la oficina y cuando vuelve las memorias USB han desaparecido.
Lo que contenían los seis lápices de memoria eran datos especialmente delicados que nunca deberían haber salido de allí. 'Pendrive' número 1: información sobre el Comité de Empresa de RTVE en Madrid, como actas, expedientes, contratación, adscripciones, peticiones de los trabajadores... 'Pendrive' 2: información judicial, como demandas, sentencias, cálculos económicos, acuerdos judiciales... 'Pendrive' 3: documentación sobre el Fondo de Pensiones; a saber: actas, normativas, casos particulares, publicaciones, convocatorias…). 'Pendrive' 4: información sobre el Plan de Pensiones con las aportaciones de los partícipes, documentación sobre los Presupuestos Generales del Estado, cuentas anuales de la Corporación RTVE e información sobre temas personales, como cuentas bancarias o ingresos económicos. 'Pendrive' 5: datos sobre los censos de la Corporación y de la Inspección de Trabajo (denuncias, resoluciones, acuerdos y reuniones). Y 'pendrive' 6: detalles internos sobre Comisiones Obreras (congresos, actas, convocatorias…).
En la resolución sancionadora de Protección de Datos, firmada por su directora Mar España, se especifica que RTVE tenía "obligaciones" como "responsable" de conservar esa información, de ahí que se le imponga esta sanción. La agencia considera como agravantes que en la información perdida haya datos personales tanto personales como laborales y bancarios.
Fuentes internas explican que el robo de los seis 'pendrives' estuvo rodeado de todo un cúmulo de despropósitos. En primer lugar, el dirigente de CCOO tardó diez días en comunicar que le habían sustraído dichos dispositivos digitales. Lo hizo el 22 de noviembre, día en el que presentó una denuncia interna ante la Dirección de Seguridad de RTVE. Se perdió, por tanto, más de una semana vital para la investigación. Para más inri, el propio trabajador no comunicó hasta el 7 de diciembre, casi un mes después del suceso, que en esa media docena de memorias digitales tenía guardadas toda la información sensible relatada.
La cúpula de RTVE, por tanto, tardó prácticamente un mes en ponerse en marcha. Lo que hizo entonces, ya a contracorriente, fue aplicar un protocolo interno establecido para este tipo de robos. Primero presentó una denuncia ante la Dirección General del Cuerpo Nacional de Policía. Fue el 11 de diciembre (29 días después del robo), detallando todo lo que contenían estos 'pendrives'. Asimismo, la Corporación registró el 14 de diciembre una notificación a la Agencia Española de Protección de Datos exponiendo lo sucedido.
Cinco días más tarde, el día 19, RTVE tuvo que informar a los trabajadores afectados por el robo de esta información, tal y como se especifica en el Reglamento General de Protección de Datos. Entonces el robo se calificó como de peligrosidad "muy alta", ya que afectaba a miles de trabajadores y podía tener consecuencias en terceros. Efectivamente, entre la información sustraída había datos económicos y personales de la plantilla actual de RTVE (más de 6.300 personas) y de los 4.150 jubilados o prejubilados 'de oro' como consecuencia del ERE de 2006.
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