La Dirección General del Patrimonio del Estado acaba de hacer público el rescate de 50 millones de euros procedentes de la antigua Rumasa, expropiada el 23 de febrero de 1983. Esta cifra se une a otros 49,8 millones que ya fueron ingresados por el Tesoro en noviembre de 2016, año en el que estaban previstos unos gastos por servicios externos de 1,2 millones. En total, 101 millones de los 160 de patrimonio que tenía la compañía cuando el Ministerio de Hacienda acordó en octubre de 2015 la liquidación del antiguo imperio de Ruiz-Mateos.
La disolución de Rumasa fue encargada hace tres años a Cofivacasa, una sociedad de cartera dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), lo que provocó acto seguido el despido de los trabajadores de la Rumasa estatal que llevaban en la empresa desde 1983. Los ocho empleados que entonces tenía la empresa acumulaban una amplia experiencia en procesos equivalentes de extinción de empresas pues no en vano habían participado en la liquidación de más de 650 sociedades del grupo.
La liquidación de Rumasa fue adoptada a partir de un auto del Tribunal Supremo que resolvió el interminable proceso de litigación instado por los iniciales y antiguos propietarios del grupo en los tribunales de justicia españoles y extranjeros. Un aluvión de reclamaciones que se prolongaron a lo largo de 32 años y que han supuesto un coste para el erario público de más de 3.900 millones de euros, de acuerdo con el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas.
No es de extrañar que después de los más de 1.500 pleitos que tuvo que encarar la Abogacía del Estado, el presunto desenlace final de Rumasa fuera saludado por la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como el cierre de un capítulo de la historia de España que, a la postre, iba a permitir el depósito inmediato en las arcas públicas de un saldo positivo de 160,4 millones de euros. Lo malo es que no se ha producido ni lo uno ni lo otro.
Rumasa sigue latiendo en su lenta agonía y la ‘pedrea’ de esa posición neta de caja no ha podido reintegrarse al Tesoro tan rápidamente como estaba previsto. De hecho, con las cuentas en la mano y teniendo en consideración la última reducción de capital llevada a cabo hace sólo quince días, todavía quedan en números redondos otros 60 millones por recuperar a favor del Estado, si bien el capital de la compañía se eleva tras esta operación a tan sólo 2,2 millones de euros, según los datos de Cofivacasa.
Además del dinero en efectivo contabilizado en el acuerdo de disolución, la empresa disponía de otros activos que integraban su patrimonio, incluyendo inmuebles, mobiliario, cuadros y esculturas, así como el importante y completo archivo que albergaba Rumasa. Todos estos bienes se supone que deberían haber sido liquidados con el consiguiente proceso de subasta si bien no existe una información pública concreta y detallada que permita cuantificar el importe de una eventual enajenación.
Los últimos avatares de Rumasa insisten en vincular la empresa con una crónica de tribunales, en este caso como consecuencia del pleito laboral con los trabajadores despedidos cuando Cofivacasa decidió externalizar los servicios del grupo expropiado. El despido colectivo llevado a cabo en mayo de 2016 dio lugar a un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que cinco meses después declaró la medida como improcedente.
Los nuevos gestores de Rumasa recurrieron ante el Tribunal Supremo que revocó la sentencia del TSJM. El alto tribunal consideró que la mera liquidación de la sociedad constituía causa objetiva de despido procedente, echando por tierra las expectativas de indemnización de los trabajadores afectados que actualmente están tramitando nuevas demandas, pero esta vez con carácter individual. La triste paradoja es que mientras ellos están en el paro la Rumasa estatal, en la que han estado trabajando durante más de 30 años, continúa dando coletazos a una liquidación que se antoja interminable.
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