El sindicato español de pilotos, Sepla, ya tiene fecha para la primera vista en los juzgados por la demanda que presentó contra Ryanair. El próximo día 30 de octubre el juzgado de lo social acogerá el primer frente a frente entre los representantes de los trabajadores y los de la aerolínea irlandesa tras la demanda presentada por "irregularidades en los contratos".
El Sepla pide que se regularicen las contrataciones de personal de la firma de Michael O'Leary y se adecuen a la legislación laboral española. ¿Por qué? Pues la razón principal reside en que los trabajadores, según confirma a La Información desde el sindicato de tripulantes de cabina Sitcpla, están dados de alta en Irlanda, país de origen de la aerolínea, "a pesar de que pasan más de 180 días anuales en España".
En este sentido, la compañía de bajo coste, que emplea a más de 1.800 trabajadores en España, no acepta su obligación de regirse por la ley de nuestro país y sigue las normas irlandesas, país en el que tiene su base principal, sin salario base y cobrando únicamente por las horas de vuelo. La demanda presentada el pasado mes de agosto tiene como fin que la justicia reconozca que son trabajadores españoles y su contrato se rija por la norma nacional.
Además, el sindicato de pilotos, que representa a 500 de los 800 españoles, pone sobre la mesa otra de sus históricas demandas: piden que se reconozca a esta agrupación como representante de los pilotos en materia profesional. "Tras un año de negociaciones, la negativa de Ryanair a reconocer a Sepla y de aplicar la legislación laboral española de sus pilotos que operan en España fuerza al sindicato a hacer uso de la vía judicial para conseguir este objetivo", reconocían en un comunicado.
En este sentido, esta semana ha saltado a la luz la primera sentencia que podría poner en dudas el sistema laboral que utiliza Ryanair. Un juzgado de Santa Cruz de Tenerife ha estimado la demanda de un expiloto de Ryanair que solicitó la declaración de su relación laboral con la compañía y el abono de las cotizaciones sociales correspondientes a los siete años de trabajo.
La dirección de la aerolínea irlandesa se opuso a la petición del demandante alegando la falta de jurisdicción de la justicia española. La jueza instructora ha defendido que las bases de la aerolínea se encuentran en España y que, por tanto, en ellos se aplica a todos los efectos la legislación española.
La aerolínea irlandesa había sido demandada por un piloto que estaba contratado a través de dos sociedades: por un lado, facturaba sus trabajos como empresa con base en Irlanda a través de Franylee Ltd, de la que era propietario en un 33% tal y como le exigía la compañía a Brookfield. Posteriormente, la aerolínea pagaba los servicios del piloto a esta compañía.
La jueza ha determinado que se trata de una relación mercantil falsa que escondía un contrato laboral y una cesión ilícita de trabajadores a Brookfield. La aerolínea de Michael O'Leary ha anunciado que recurrirá la sentencia.
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