El escándalo vuelve a salpicar a Sacyr. La constructora de Manuel Manrique se ha vuelto a ver salpicada por otro supuesto caso de corrupción a través de su filial Gespol. La UDEF ha iniciado esta misma mañana una macroperación policial contra numerosos ayuntamientos de toda España y contra la empresa Aplicaciones Gespol SL por una red de contratos fraudulentos en materia de seguridad vial. A lo largo de la mañana se han producido numerosas detenciones, entre ellas las de dos de los responsables de la filial de Sacyr, durante el registro de la sede de la compañía en Barcelona.
Valoriza Servicios Ambientales, filial de Sacyr, se hizo con Gespol, con base en Barcelona, hace poco más de año y medio. Esta compañía centra su actividad en el desarrollo de software para policías locales en materia de seguridad vial. Fuentes cercanas a la compañía afirman que se "han enterado por la prensa" de la operación policial y niegan tener conocimiento alguno de la supuesta trama.
Los registros se están llevando a cabo en numerosos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Cataluña. De acuerdo con la nota de prensa emitida por la Fiscalía, "los hechos investigados podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal".
Esta operación, que prevé sesenta detenciones, se está llevando a cabo a través de la UDEF de la Policía Nacional en consistorios gobernados por el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos para investigar posibles amaños del grupo Sacyr en la contratación de servicios para la regulación del tráfico y gestión de multas.
La compañía rechazó hacer declaraciones oficiales al respecto tras conocerse las primeras noticias. A lo largo de la mañana, la constructora ha confirmado que abrirá una investigación interna para verificar que no ha habido actuaciones irregulares tras la macrooperación que está llevando a cabo la Policía Nacional en numerosos ayuntamientos por posibles amaños en la contratación de servicios y en la que estaría implicada una empresa del grupo.
En concreto, el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, encargado de la investigación, ha autorizado la práctica de entradas y registros en ayuntamientos de capitales de provincia como Huesca, Lleida, Oviedo, León, Palencia o Teruel. La Policía también registrará los ayuntamientos de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Pinto, Parla y Torrelodones, en la Comunidad de Madrid; Tiana y Mollet del Vallés, en la provincia de Barcelona; Plasencia (Cáceres); Illescas (Toledo); San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre (León) y Vélez Málaga.
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