Llega un nuevo revés para la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). Apenas un mes después de la paralización a la multa histórica a OHLA por el cártel de las constructoras, la Audiencia Nacional ha tomado una decisión en el mismo sentido para Sacyr en el cártel de conservación de las carreteras, un expediente que se resolvió en la vía administrativa de manera desfavorable para la cotizada española y otros grandes grupos concesionarios del país, que fueron acusados de repartirse 71 de las 101 licitaciones del Ministerio de Transportes entre 2014 y 2018.
La resolución emitida el pasado 25 de octubre anula también la prohibición de contratar con la administración, una fórmula que, de haberse aplicado, habría tenido graves consecuencias para la empresa presidida por Manuel Manrique. Sacyr defendía que la multa impuesta (5,17 millones de euros) supera con creces la cifra de su beneficio neto en el ejercicio 2020 y la tesorería actual de su filial Sacyr Conservación, por lo que "su pago inmediato dejaría a la empresa sin liquidez y con dificultad de acudir a otras fuentes de financiación para hacer frente a ella". Todo ello, resume la empresa, le dificultaría "acudir a financiación ajena adicional".
El segundo gran aspecto a analizar es la prohibición de contratar con la administración pública, una decisión sobre la que la Junta Consultiva de Contratación todavía debía dictar su alcance en el tiempo. La Audiencia detecta aquí otro argumento para aceptar la petición cautelar, ya que sin ella Sacyr no solo no habría podido contratar con la administración hasta conocer la sentencia final, sino que habría perdido acuerdos con "empresas privadas que contemplan la posibilidad de rescindir contratos con aquellas empresas afectadas por tal prohibición". Ello daría un resultado "difícilmente reversible a posteriori", añade la sala.
Examinadas las cifras y el resto de argumentos, la sala ha aceptado la petición cautelar de Sacyr, porque la "conveniencia de la suspensión aparece suficientemente justificada". No obstante, la Audiencia pide a la compañía que deposite en los juzgados un aval bancario del mismo importe que la sanción mientras el proceso avanza hasta llegar a su resolución final. Este auto no prejuzga la decisión definitiva ni tampoco procede imponer las costas causadas.
La investigación
Sobre la filial Sacyr Conservación pesaba la acusación de haberse repartido cuatro licitaciones por valor de 30,46 millones de euros. En la lista también aparecen Acciona, Copasa, Elsamex, Audeca (Elecnor)y Elsan (OHLA), entre otros, quienes con esta victoria judicial en la Audiencia Nacional verían aumentadas sus posibilidades de conseguir resoluciones similares. El listado total de firmas involucradas es de 12, si bien no todas ellas se pronunciaron públicamente sobre qué decisiones tomarían una vez agotada la vía administrativa.
Solo una de las empresas del cártel, Aceinsa, recibió un trato distinto a las demás y quedó exenta de la prohibición de presentarse a concursos públicos. El motivo: fue la única compañía que se acogió al Programa Clemencia, habilitado por la CNMC para que las empresas implicadas facilitasen información que acreditase sus prácticas anticompetitivas. Aceinsa también se benefició de una reducción del 50% sobre el total de la multa recibida, lo que le llevó a recibir la menor de las sanciones.
La multa de Competencia llegó tras dos años de investigación. El proceso se inició en 2019, durante la etapa del antiguo presidente José María Marín Quemada, pero su resolución final la dictó la nueva presidenta, Cani Fernández, el 17 de agosto de 2021. En la investigación, los técnicos de la CNMC detectaron distintas reuniones sospechosas en una cafetería de la Plaza de Ramales, en Madrid, o incluso en las sedes de las compañías involucradas.
Un revés judicial tras otro
Esta decisión judicial, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, es un jarro de agua fría para el regulador, que siempre defendió su actuación al haber detectado el reparto del 70% de los contratos de Transportes, entonces Ministerio de Fomento, durante casi un lustro. Estos contratos tenían como meta la conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado. En cifras absolutas, las adjudicaciones a empresas del cártel superaron los 530 millones de euros, más de la mitad (el 63%) de todo lo adjudicado por Fomento.
Con este fallo, ya son varias las empresas que han escapado del cerco regulador. Duro Felguera anuló en septiembre una multa por pertenecer al cártel ferroviario de electrificación de vías del AVE y OHLA hizo lo mismo el pasado mes de octubre, con la paralización de la sanción por pertenecer al cártel de las constructoras, que supuso un castigo sin precedentes por cuantía (203 millones de euros) y alcance de la investigación (30 años) en la historia del regulador sobre siete grandes empresas (G-7), entre las que también aparecía Sacyr.
Sobre este último caso, la compañía también ha sido multada (16,7 millones), pero ya ha mostrado su “absoluta discrepancia” y la voluntad de revertir el resultado en la vía judicial próximamente. Sumando todas las causas mencionadas, Sacyr podría acumular tres victorias en menos de un año, pues la compañía sumó ya la primera este 2022 de manera firme tras haber sido acusada de participar en el conocido como el cártel de las basuras, cuyo expediente fue incoado en 2018.
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