El SMI de 900 euros revoluciona Eulen y obliga a subir el sueldo a 8.000 nóminas

  • La medida dinamita la escala salarial del convenio de Servicios Auxiliares de la empresa y fuerza a elevar el salario de 35 categorías profesionales.
Fotografía trabajadoras Eulen
Fotografía trabajadoras Eulen

Uno de los mayores empleadores del país, el Grupo Eulen, está siendo también uno de los principales damnificados de la decisión del Gobierno de subir de una tacada un 22% el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 900 euros mensuales. La entrada en vigor del nuevo SMI ha dinamitado la tabla salarial pactada por la empresa con los sindicatos en el convenio colectivo del Área de Servicios Auxiliares del gigante español del 'outsourcing' y ha obligado a la compañía a actualizar de forma automática el sueldo de en torno a 8.000 trabajadores de la empresa cuyo marco retributivo les situaba por debajo del nuevo mínimo legal, según una estimación trasladada a La Información por fuentes próximas a la compañía presidida por María José Álvarez.

El convenio de Servicios Auxiliares de Eulen regula las condiciones laborales del amplio abanico de personal especializado que Eulen pone a disposición de las empresas para "la realización de servicios integrales o específicos a medida para clientes externos", según explica el propio convenio. Entran en esa definición conserjes, recepcionistas, asistentes sociales, socorristas, encuestadores, electricistas, azafatas, carpinteros... 

Según las fuentes consultadas, la elevación del salario mínimo legal a 900 euros desbordará el marco retributivo básico pactado en el convenio para 35 de las 45 categorías profesionales definidas en el mismo y para tres de los seis grupos profesionales que distingue el acuerdo empresa-sindicatos, lo que alcanzaría a unos 8.000 trabajadores de la empresa, que según sus propios datos da empleo a más de 50.000 personas en España. Fuentes del Grupo Eulen consultadas por La Información han optado por no hacer comentarios sobre el asunto.

A la luz del convenio, la medida estrella del Gobierno ha forzado a Eulen a elevar el listón salarial de todos los perfiles profesionales de carácter no directivo que la compañía pone a disposición de las empresas en régimen de 'outsourcing', al margen de las divisiones de servicios especializados de la compañía: facility services, limpieza, seguridad, mantenimiento, medio ambiente y servicios de recursos humanos, cuyas condiciones se regulan a través de convenios específicos de empresa o de sector.

A todos los perfiles profesionales... pero no a todos los trabajadores. Las fuentes consultadas subrayan que hay empleados de Eulen enmarcados en categorías profesionales con un marco retributivo básico que antes del pasado 1 de enero se situaba más o menos holgadamente por debajo de los 900 euros pero que percibían un salario mensual por encima de ese umbral por la retribución adicional vinculada a la realización de horas extra, el trabajo en festivos o el plus de nocturnidad.

Sin tener en cuenta esos extras, el marco retributivo en vigor antes del 1 de enero situaba por debajo de los 900 euros mensuales a las categorías profesionales del Grupo 3 (conductores, electricistas, carpinteros o fontaneros), del Grupo 2 (azafatas, teleoperadores, socorristas o asistentes sociales) y del Grupo 1 (conserjes, repartidores, jardineros o reponedores).

Un problema para un sector intensivo en mano de obra

Fuentes del sector de los servicios reconocen que si bien Eulen es probablemente la empresa más afectada -principalmente por su mayor volumen de empleo- la mayoría de las compañías -grandes y de menor tamaño- presentes en el mercado del 'outsourcing' se están enfrentado a situaciones similares en sus divisiones de servicios generales a empresas, donde los niveles salariales se sitúan en un rango más bajo por la fuerte competencia del sector.

La presidenta del Grupo Eulen, María José Álvarez, ya cuestionó el pasado mes de noviembre en una intervención pública en Pamplona la fuerte subida del Salario Mínimo pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez con Podemos, admitiendo que la hacía sentir "incómoda y con pocas ganas de arriesgar". Incluso llegó a decir que de confirmarse podría llegar a costar 200.000 puestos de trabajo a la economía española.

Los análisis realizados posteriormente por organismos como el Banco de España han advertido de los efectos perniciosos de la medida, bajo los argumentos de que impacta en un segmento especialmente intensivo en mano de obra poco cualificada y que por tanto afectará al tramo de trabajadores con menores posibilidades de encontrar un nuevo empleo

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