Moncloa ya ha diseñado la fórmula para compensar a las eléctricas por el tope al gas. El Gobierno tiene previsto incluir un nuevo cargo a la factura de la luz de todos los consumidores para repartir el coste del price cap al gas. Con este mecanismo, que está perfilando el Ministerio para la Transición Ecológica, el Gobierno engordará la parte de los costes regulados del recibo eléctrico, pero rebajará la factura en una medida mucho mayor por la parte del coste de la energía. El nuevo cargo fijo estará destinado a pagar la diferencia entre el precio de coste y el de venta a los ciclos combinados, centrales que queman gas para generar electricidad, solo cuando sean necesarios para producir energía eléctrica.
Según los cálculos que valora internamente Moncloa, gracias a la imposición de un precio máximo al gas, el recibo eléctrico podría desplomarse hasta el entorno de los 110 euros/MWh, muy por debajo del coste actual del pool. El coste de la compensación será, por tanto, limitado en comparación con la rebaja que generará la medida. También porque el Gobierno prevé acotar el tope al gas que se emplea para generar electricidad, es decir, a la energía que los ciclos combinados venden a otros productores eléctricos, lo que limita la intervención a intercambios puntuales en el pool.
Así lo han confirmado fuentes del departamento que dirige Teresa Ribera, que aseguran que el valor definitivo de ese tope regulado al gas aún se está negociando con Portugal, en el marco del plan ibérico que el Ejecutivo tiene previsto plantear a Bruselas esta misma semana. La idea del Gobierno es fijar el límite en un máximo de 50 euros/MWh, precio al que ofertan en el pool las centrales nucleares, mientras que Unidas Podemos, a través de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha puesto sobre la mesa un tope de 30 euros/MWh. Desde Transición Ecológica insisten en que el objetivo de ambos socios de gobierno es que el umbral sea "lo más bajo posible".
La cifra definitiva, que deberá ser ratificada por la Comisión Europea, será determinante para cuantificar el sobrecoste que se trasladará a la factura del consumidor, para compensar a las compañías gasistas que, tras la intervención, no podrán ofertar libremente al precio que consideren. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descartó la semana pasada, tras lograr el visto bueno del Consejo Europeo a la "excepción ibérica", que a estas empresas se les fuera a compensar con "ayudas públicas". El discurso del presidente tenía truco.
El mecanismo que ha diseñado Transición Ecológica implica que será la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC) quien se encargue de pagar la citada compensación a las energéticas que tengan que adaptar sus ofertas al nuevo precio regulado. Lo hará a través de las liquidaciones mensuales que realiza el organismo que preside Cani Fernández. Aunque la compensación no la ejecute el Gobierno, este debe diseñar, vía real decreto, el marco normativo que respalde el nuevo coste fijo.
Cuando Sánchez aseveró que la compensación a las eléctricas no se articularía vía "ayudas públicas", eludió que el dinero saldría igualmente del bolsillo de los españoles
Cuando Pedro Sánchez aseveró que la compensación a las eléctricas no se articularía vía ayudas públicas, eludió que el dinero saldría igualmente del bolsillo de los españoles, aunque no fuese a través de los Presupuestos Generales del Estado. En cualquier caso, el Gobierno se ha asegurado de que no salga más caro el collar que el perro y contempla emplear parte de la minoración de los beneficios caídos del cielo de las eléctricas para repartir el peso de la medida entre compañías y consumidores. De hecho, el Gobierno anunció este martes que minorará los acuerdos de venta de energía a plazo (PPAs en el argot) que firmen las eléctricas a partir de ahora a un precio superior a una horquilla de entre 67 o 70 euros/MWh.
El Ejecutivo ha dado luz verde a este recorte sobre los windfall profits, en parte para desincentivar que otras tecnologías lancen ofertas por encima del futuro tope al gas, según fuentes del sector, algo que volvería a tensionar el mercado, diluyendo el impacto de la 'medida estrella' del plan Moncloa, que Sánchez y su homólogo portugués, Antonio Costa, tienen pendiente presentar a Bruselas. Aunque el recibo final quede muy por encima de la serie histórica, la fijación de un precio máximo para el gas supondrá un 'mordisco' considerable a la factura de la luz.
Los cargos de la factura han sido el cajón de sastre en el que gobiernos de todo signo político han incluido partidas destinadas a pagar todo tipo de costes regulados del sistema. Los cargos los fija el Gobierno, aunque después sea la CNMC quien se encarga de cuadrar las cuentas. Dentro de esta categoría se integran, por ejemplo, las primas a las renovables de las que se benefician las tecnologías del llamado Recore (renovables, cogeneración y residuos). El decreto contra los efectos de la guerra en Ucrania que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes incluyen un ajuste anticipado a la retribución del Recore, para recaudar 1.800 millones euros este año.
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