Sánchez tendrá que 'comerse' contratos de arrendamiento de edificios de oficinas por valor de 16 millones de euros anuales. El anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, estampó su firma en una veintena de acuerdos de los que ahora se tendrá que hacer cargo el Gobierno de Pedro Sánchez. Además, se trata de los primeros 'macrocontratos' que se firman después de que en el año 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy pusiese en marcha el Programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios del Estado por el que pretendía descargar peso público en este sector y ahorrarse varios millones cada año.
En este sentido, 2016 fue el primero de los años en los que esa hucha se rompió, eso sí, de forma discreta. El Estado se gastó 3 millones de euros en 21 nuevos arrendamientos de oficinas durante ese ejercicio y cambió la 'norma' de ahorro que hasta entonces había primado. En 2017, según el Resumen de Actividades de la Dirección General del Patrimonio del Estado que aporta cifras de cierre de 2017, el Estado no solo no ha ahorrado ni un euro por segundo año consecutivo, si no que ha firmado contratos por valor de 16 millones por una veintena de transacciones inmobiliarias.
Entre ellos destaca el alquiler de la antigua sede de Barclays en la calle Mateo Inurria 15, en Madrid. Un edificio que cuenta con 17.480 metros cuadrados y 206 plazas de garaje y está ocupado por servicios del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Su arrendamiento tiene un coste anual de 6,1 millones de euros para el Estado.
Otro de los nuevos grandes contratos a los que tendrá que hacer frente el Gobierno de Sánchez será el del edificio de la calle Manuel Cortina 2, antigua sede de Mapfre en pleno centro de Madrid. Los 15.141 metros cuadrados de este inmueble acogerán al recién dividido ministerio de Función Pública y tendrá un coste para el Estado de 5,3 millones de euros anuales.
En otro orden, Sánchez también se tendrá que hacer responsable de otro contrato de arrendamiento por valor de casi un millón de euros. En este caso de trata de un inmueble de 2.889 metros cuadrados en la calle Pechuán 1, en uno de los laterales de la Avenida de la Castellana de Madrid. Esta ubicación es la nueva sede de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios.
Estos acuerdos a los que llegó la Dirección General del Patrimonio del Estado, dependiente del ministerio de Hacienda, se firmaron durante la etapa de Montoro al frente de la institución. En cambio, entre 2012 y 2015, años en los que estuvo vigente el 'Programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios del Estado', el ahorro que declaró Patrimonio del Estado fue de algo más de 60 millones de euros.
A día de hoy, tras dos ejercicios en los que se ha vuelto a abrir el grifo de la inversión en alquileres de oficinas, el 'ahorro' que aún existe en las arcas de este organismo es de 48 millones de euros, tras incrementar el gasto en el ejercicio de 2018 por valor de 8,6 millones.
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