En noviembre de 2019, el Ministerio para la Transición Ecológica aprobó una declaración de impacto ambiental favorable para que el Gobierno vasco de Íñigo Urkullu explorara a través de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa) la existencia de gas natural en Subijana (Álava). La autorización levantó un gran revuelo porque el yacimiento de gas, cuya existencia se conocía al menos desde el año 2011 -fue anunciado por el entonces lehendakari Patxi López- sólo podría ser aprovechado con técnicas de fractura hidráulica, el polémico fracking. Ahora, el Gobierno se remite a la futura ley del Clima. En la práctica, una marcha atrás.
En respuesta a una pregunta del diputado de Podemos -y presidente de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, Juantxo López de Uralde-, el Gobierno recuerda dos hechos que afectan al proyecto gasista del Gobierno vasco. Uno derivado de la legislación vigente y otro relacionado con la futura ley del Clima, en tramitación en el Congreso.
Respecto al primer punto, el Gobierno detalla que según la Ley de Hidrocarburos de 1998 "la titularidad de un permiso de investigación (...) no implica una autorización automática para ejecutar los trabajos contenidos en su plan de investigación y desarrollo". Para eliminar dudas, la respuesta parlamentaria añade que la futura ley de cambio climático "incluye la regulación de la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos" por lo que el proyecto Armentia 2 del Gobierno vasco se realizará con arreglo a la norma. El proyecto de ley prohíbe las nuevas actividades de investigación y exploración de hidrocarburos tanto en el subsuelo marino como terrestre.
Los límites del proyecto
El diputado López de Uralde entiende que la respuesta del Ejecutivo deja claros los límites del proyecto de extracción de gas en Álava, que está pendiente de otros trámites urbanísticos y medioambientales en el Ayuntamiento de Vitoria. Pese a ello, López de Uralde reclama al Gobierno que ponga fin al proyecto "de una vez por todas". En España hay actualmente cinco zonas de extracción de gas y petróleo activas y 22 permisos de investigación de hidrocarburos solicitados.
La futura ley del Clima supone una mala noticia para los intentos de resucitar proyectos de extracción de hidrocarburos, no sólo en el País Vasco, sino también en otras comunidades como Andalucía o Murcia. Además de la empresa pública Shesa, hay empresas privadas que en los últimos meses han obtenido permisos autonómicos y locales para realizar prospecciones.
Es el caso de la compañía Oil & Gas Capital participada por inversores y directivos de origen vasco que trabajaron en su momento para compañías como Gamesa o Iberdrola. Oil & Gas obtuvo a finales del pasado año permisos para extraer gas en La Rinconada (Sevilla). La empresa tiene planes también para realizar prospecciones en Calasparra (Murcia) -proyecto Escorpio-, aunque pendientes de autorización.
El gas y la roca madre
Tanto la vasca Shesa como Oil & Gas se han comprometido a no utilizar las técnicas de fractura hidráulica -fracking- en sus prospecciones. Pero el compromiso no es fácil de entender. Un ejemplo: la resolución ministerial que autorizó la prospección de Álava recoge literalmente que “el sondeo Armentia-2 se incluye en el permiso de investigación de hidrocarburos denominado Enara, de gas no convencional denominado así por la naturaleza de la roca «madre» en la que se encuentra el gas de forma diseminada, y que normalmente para su explotación necesitan técnicas de estimulación no convencionales entre ellas la fracturación hidráulica”.
En suma, para obtener los permisos de sondeo, el Gobierno vasco se comprometió a no utilizar el fracking; pero si los trabajos tuvieran éxito y demostrara , como se adelantó oficialmente hace diez años, la existencia de una reserva de gas capaz de asegurar el suministro energético del País Vasco durante 60 años, sólo se podría explotar mediante fracking. Un enredo.
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