El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán, ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional para declarar de forma voluntaria para aclarar cualquier duda sobre su presunta implicación en el caso Villarejo. Así lo ha comunicado en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con le objetivo de despejar cualquier incógnita sobre su persona en las contrataciones de la empresa del comisario jubilado, Cenyt, entre 2004 y 2017, que se están investigando en juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia. La petición se produce un día después de que se supiera que el juez está esperando la petición "inminente" de la Fiscalía para citarle a declarar, ya sea en calidad de imputado o como testigo, tal y como adelantó La Información.
La comisión ejecutiva de la compañía ha decidido poner a disposición del juez que lleva la causa a todos los miembros del consejo de administración y de la alta dirección de la compañía, incluido el presidente ejecutivo, Ignacio Sánchez-Galán. Según la valoración que se ha defendido en ese encuentro de urgencia, esta decisión es la que mejor protege los intereses del grupo tras más de 20 meses de instrucción del caso en el que el buen nombre y la reputación de la compañía se ha visto erosionado por constantes filtraciones, insinuaciones y rumores sobre la posible responsabilidad de la Compañía o algunos de sus directivos.
Las últimas conversaciones que han aparecido entre el exdirector de seguridad de la compañía, Antonio Asenjo, y el propio Villarejo, en las que el expolicía intentaba en todo momento implicar al presidente para lograr más ingresos por sus encargos y complicar su situación reputacional (el comisario grababa todas las conversaciones), han levantado de nuevo las sospechas sobre el conocimiento que el número uno de la empresa tenia de la contratación de Cenyt. Todo ello a pesar que desde los servicios jurídicos de la empresa se ha insistido en que no hay pruebas que impliquen directamente al presidente y, mucho menos, que puedan sostener un supuesto delito de cohecho activo, como sospechan los investigadores.
Una campaña de desprestigio
En la comunicación que se ha hecho a la CNMV, la compañía recuerda que ha estado colaborando en todo momento en cuantos requerimientos le ha hecho el juez o los fiscales, pese al "significativo desgaste reputacional" que acumulan desde que se iniciara el caso en mayo de 2018. "Desde el primer momento y de manera continua hasta ahora, el Consejo de Administración y sus Comisiones han actuado de conformidad con el Sistema de gobernanza y sostenibilidad, impulsando todas las actuaciones necesarias para el total esclarecimiento de los hechos con la información que ha sido conocida en cada momento y dando traslado de dichas actuaciones a las autoridades judiciales", señala el documento.
Desde la compañía se recuerda, además, que siempre se han seguido todos los protocolos de compliance y buen gobierno en la contratación y pago de las diecisiete facturas que se cerraron con la empresa de Villarejo, tal y como corroboraron también los informes de auditoría que se realizó sobre la actividad en los años 2108 y 2019. De forma paralela, se encargo un informe 'forensic' independiente a PWC, del cual "no ha resultado evidencia de ninguna relación del señor Villarejo con sociedades del Grupo Iberdrola distinta de la documentada en las diecisiete facturas referidas, ni tampoco de que en la contratación, contabilización y pago de las mismas se hayan infringido los procedimientos de control establecidos, ni, finalmente, indicios que permitan vincular a terceras personas ajenas a las Direcciones de Seguridad y Administración y Control con las contrataciones investigadas".
La comisión ejecutiva de la eléctrica advierte además que la tramitación de la pieza 17 del caso Tándem que le afecta ha sido aprovechada por sus competidores que, directa o indirectamente, han atacado su reputación y buen nombre, "lo que la ha obligado a tomar acciones legales en defensa de su honor y de su reputación, protegiéndose de actos de denigración, y en reclamación de los daños producidos, incluso presentando, cuando ha sido necesario, denuncia por falsedad y querella por sustracción de documentos y revelación de secretos, ambas admitidas por los correspondientes órganos judiciales".
La decisión de poner a disposición de la justicia a todo su consejo y alta dirección se fundamenta precisamente en lo que la empresa entiende que es "una clara estrategia de desprestigio motivada por intereses espurios de algunos exdirectivos y competidores que tan sólo pretenden perjudicar judicial y públicamente a otros directivos y a la propia Compañía", señala en su comunicación a la CNMV.
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