Martes, 31.03.2020 - 00:03 h
Con especial atención a los fondos 

El Gobierno legislará para poner contra las cuerdas al gran propietario de pisos

PSOE y UP definirán "gran tenedor de vivienda". Podrán adoptar medidas fiscales, de aseguramiento o estímulo y sancionadoras contra los gigantes.

Iglesias y Sánchez
El Gobierno legislará para poner contra las cuerdas al gran propietario de pisos. / EP

El programa de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ya está sobre la mesa. Los grandes temas que durante meses han estado en el aire, cogen forma. Uno de ellos ha sido el que atañe al mercado de la vivienda, centrado concretamente en el alquiler, que ha experimentado un auge de precios de doble dígito en algunas de las principales capitales de provincia, como Madrid o Barcelona. En este sentido, el documento presentado este mismo lunes por ambos líderes políticos contempla cambios ya presentados en anteriores ocasiones -como la creación de un índice de precios planteado en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado en octubre de 2018- y señala otras nuevas, pero todos van encaminados hacia un mismo destino: aumentar el número de viviendas en el mercado, lo que permitirá reducir el precio del alquiler. Y todo ello focalizado en los grandes tenedores de vivienda. 

Es precisamente este concepto, el de "gran tenedor de vivienda" junto con el de "vivienda vacía", el que ambos partidos se proponen definir. Para ello, se establecerá un marco legal, tal y como consta en el citado documento, que precise los detalles de las personas o empresas que se engloban bajo esta denominación. Una vez que estos dos conceptos estén claros, "se definirá una política específica en esta materia" que permita establecer las medidas más adecuadas a cada situación. 

De este modo, plantea instaurar las medidas más adecuadas a cada caso que pueden ir desde modificaciones fiscales a sanciones, pasando por otras "de aseguramiento" o estímulo del mercado con el fin de movilizar lo que se defina como "vivienda vacía". Todo ello girará alrededor de un marco donde los grandes tenedores de vivienda colaboren con la administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precio razonables, señala el citado documento. 

Definir el concepto de "gran tenedor" es fundamental para que el futuro Ejecutivo pueda tomar medidas sobre las obligaciones de estas firmas. Y no solo serán los denominados 'fondos buitre', dentro de esta denominación también entrarán otras firmas más pequeñas, como los family offices, que cuentan en su propiedad con edificios completos de viviendas y que ya han sido apuntados directamente con el dedo por ayuntamientos como el de Barcelona en varias ocasiones. 

Otro de los objetivos que se han marcado ambos partidos en el programa de Gobierno será el fomento del alquiler social para las personas que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional. En este caso, señalan que se estudiarán "obligaciones adicionales" para los grandes tenedores de vivienda sin definir cuáles serán. 

El batiburrillo de normativas sobre la "vivienda vacía"

La definición de la "vivienda vacía" es aún más difícil que el de "gran tenedor de vivienda". A día de hoy, existen diferentes normativas en función de cada comunidad autónoma que establecen medidas completamente desiguales, pero no hay un único criterio. Hay nueve comunidades autónomas que han aprobado definiciones de vivienda vacía o deshabitada que se basan en el plazo mínimo de desocupación, los indicios y causas y la creación de un registro o censo de este tipo de propiedades. 

Así por ejemplo, en Aragón o Andalucía, una vivienda se considera vacía cuando lleva solo seis meses desocupada, mientras en comunidades como Cataluña, Valencia o Baleares deben pasar al menos dos años para que un inmueble sea reconocido como deshabitado. Las consecuencias también son diferentes. En ocho comunidades se sanciona la desocupación y en algunas, como Cataluña, las infracciones son muy elevadas, con multas de entre 90.000 y 900.000 euros. En Euskadi y Navarra se va más allá y se contempla incluso la expropiación. En otras, como Andalucía, Navarra o Extremadura, solo se multa a las personas jurídicas tenedoras de viviendas o a los grandes tenedores.

En el siguiente gráfico se pueden ver las diferencias entre unas y otras legislaciones que recogía la Subdirección General de Urbanismo, dependiente del Ministerio de Fomento, en una nota interna: 

Vivienda vacía
 

Incremento del presupuesto de Vivienda

PSOE y Unidas Podemos se comprometen, a través de este documento, a impulsar, asimismo, la política de vivienda con un incremento progresivo del presupuesto actual en esta materia y a poner en marcha el Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas con una financiación específica para aquellas que se destinen al alquiler, incluyendo a pequeños propietarios que rehabiliten sus pisos y los pongan en el mercado a precios asequibles.

"Frenaremos las subidas abusivas del alquiler", señala la citada documentación. Para ello, se impulsarán "las medidas normativas necesarias" para poner techo a las subidas "abusivas" de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado, pero no definen exactamente cómo lo harán. Además, se asegurará el realojo inmediato, se elaborará un Plan de actuación de Sareb para garantizar la firma de convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquileres sociales.

En el documento también se señala que se movilizará suelo público para vivienda en alquiler social o asequible, con instrumentos financieros a través del ICO y el BEI para la promoción de viviendas en alquiler de los principales agentes (promotores públicos y privados, cooperativas y economía social entre otros) a la vez que se tratará de estimular la vivienda privada en alquiler.

Con respecto a las socimis, las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario -en su mayoría dedicadas a otros segmentos del sector que no tienen que ver con la vivienda- PSOE y Podemos han optado por gravar este tipo de empresas con un 15% en la partida de beneficios no distribuidos, es decir, aquella que sirve para capitalizar las compañías más allá del reparto de dividendos por el que ya tributan al 25%. Esta modificación no es nueva y ya aparecía en el documento firmado en octubre de 2018 con el fin de aprobar unos PGE que no salieron adelante.

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