Cara y cruz. Los ministerios implicados en la autorización de la oferta parcial de compra del fondo australiano IFM sobre Naturgy ultiman los informes favorables a la operación. Mientras, el Congreso se prepara para votar la ley que impedirá a la también australiana Berkeley seguir con el plan de extraer uranio en Salamanca. Los grupos parlamentarios han concluido el debate en ponencia de las enmiendas presentadas al proyecto de ley de Cambio Climático del Gobierno y la votación de la norma se espera en torno a Semana Santa, según fuentes de la Comisión de Energía del Congreso.
La balanza se inclina a favor del fondo IFM. La vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera ha dejado claro que el de IFM "no es el perfil de fondos de capital riesgo con comportamientos más cortoplacistas". Es una declaración que suma puntos a la aprobación de la opa australiana. Ribera, como las responsables de los otros dos ministerios que tienen que informar sobre la operación, Reyes Maroto -Industria, Turismo y Comercio- y Nadia Calviño -Asuntos Económicos-es favorable a facilitar la operación IFM porque envía una señal positiva a la inversión extranjera en un momento económico delicado.
IFM ha hecho un buen trabajo de convicción ante las autoridades desde que anunció la oferta de compra sobre el 22,69% de las acciones de Naturgy. La documentación aportada a Industria afirma su vocación de permanencia en los sectores en los que opera e incluye un elaborado argumentario para demostrar que la operación no supone riesgo para los intereses estratégicos de España. Industria es el primer escalón a superar en una carrera en la que el Gobierno dispone de meses y cuenta con todas las armas legales para un posible veto. A cambio de garantizar el plan industrial a largo plazo de Naturgy, IFM reclama presencia en el consejo -dos asientos- y dividendo "sostenible" en el tiempo.
Balanza administrativa
La balanza política y administrativa es menos favorable para la otra inversión australiana en liza: Berkeley y su proyecto de extracción de uranio en Retortillo (Salamanca). La tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para alcanzar la neutralidad de emisiones a más tardar en 2050 está a punto de culminar y en la misma se incluye una enmienda pactada entre PSOE y Unidas Podemos -con el ojo supervisor de Transición Ecológica- que puede taponar definitivamente el proyecto de mina iniciado hace una década.
La enmienda inicial de PSOE y UP prohibía "la investigación y el aprovechamiento de minerales radiactivos (...) en todo el territorio nacional". Fue retocada para esquivar posibles reclamaciones de Berkeley. En la nueva redacción (artículo 8 bis) a partir de la entrada en vigor de la ley, no se admitirán nuevas solicitudes "para el otorgamiento de permisos de exploración, permisos de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas (...)" relacionados con yacimientos de minerales radiactivos.
Aunque Berkeley sostiene que la nueva ley sólo afectará a proyectos futuros, tiene ante sí un horizonte complicado. La multinacional ha solicitado autorización para construir construir la planta de concentrados de uranio en la explotación de Retortillo, pero la dirección del CSN encargada de dictaminar sobre la solicitud no ha elevado aún informe alguno al pleno. Además, Berkeley tiene que solicitar aún una autorización de explotación y es posible que la ley del Clima, con su cláusula de prohibición, sea aprobada en el Congreso antes de que el Consejo de Seguridad se pronuncie.
Mal tiempo, buena cara
Berkeley pone a mal tiempo buena cara. Sostiene que, a pesar de la nueva enmienda, "no se cancelará ninguna de sus concesiones de explotación ni derechos ya adquiridos”. Es un optimismo obligado. Berkeley Minera, filial de Berkeley Energia Limited, tiene un 67% de sus acciones en la Bolsa de Madrid y ha demostrado en el pasado una gran sensibilidad a las noticias relacionadas con los trámites administrativos de sus planes.
La compañía australiana asegura que ha invertido ya 94 millones de euros en el plan. Pero ofrece más. Ese dinero es solo la cuarta parte de la inversión total -400 millones- que estima ahora para el proyecto, con un horizonte temporal de 14 años. Cuenta con una segunda baza: el empleo. El grupo dice haber recibido 25.000 solicitudes de trabajo. Un caramelo atractivo para el Gobierno en un momento de crisis económica y destrucción de empleo.
La compañía australiana todavía tiene que pasar otro mal trago. El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) Josep María Serena tiene pendiente una comparecencia en el Congreso para explicar supuestas presiones recibidas por parte de la empresa y de su entorno. Según fuentes del Consejo, Serena recibió hasta cinco cartas, incluida una de una dirección general de la Junta de Castilla-León. La comparecencia de Serena se aplazó este mes por problemas de tramitación en el Congreso.
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