Ningún gran fondo de inversión norteamericano, ni gigante empresarial chino, ni poderoso fondo soberano asiático podrá tomar el control o conseguir una posición significativa superior al 10% del accionariado en una empresa española a precio de ganga aprovechando la turbulencias financieras derivadas de la crisis del coronavirus. El Gobierno se ha encargado de impedirlo con un 'escudo económico' como lo calificó el presidente Pedro Sánchez que ha rescatado una figura casi olvidada, la otrora célebre 'acción de oro' o 'golden share', que le otorga -de momento de manera temporal- la potestad para autorizar o desautorizar las operaciones corporativas sobre empresas españolas que intenten compañías de fuera de la Unión Europea y del más amplio Espacio Económico Europeo en tanto dure esta crisis sanitaria.
El Gobierno ha ideado un mecanismo de control sobre este tipo de operaciones extraordinariamente estricto que le habilita para bloquear cualquier maniobra de un inversor no europeo que aspire a "ostentar una participación igual o superior al 10% del capital social de la sociedad española" o a "tomar el control del órgano de Administración de la sociedad española", según se precisa en el texto del anteproyecto de Real Decreto de medidas económicas para paliar la crisis del coronavirus, al que ha tenido acceso La Información, aprobado este martes por el Gobierno y que se activará este miércoles tras su publicación en el BOE.
La maniobra gubernamental, que suspende de forma temporal el régimen de liberalización de las inversiones directas extranjeras en España, se explica tras unas semanas terroríficas en los mercados que han desarbolado al Ibex -cuyas empresas se habían dejado hace unos días 230.000 millones de euros de capitalización- y han dejado a buena parte de sus empresas a tipo de OPA. El balance es desolador: la cotización del Sabadell ha caído más de un 50% desde el arranque del año y la devaluación se sitúa por encima del 40% en los casos de ACS, Arcelor Mittal, Meliá Hoteles e IAG. La reacción de la CNMV hasta la fecha ha pasado por prohibir la dañina operativa de los bajistas durante un periodo de 30 días, pero esa cautela no dejaba al Ibex a salvo de otra clase de inversores oportunistas...
Según la versión oficial trasladada por el Gobierno, la medida está pensada principalmente para 'blindar' a las empresas de una serie de sectores estratégicos en un contexto especialmente delicado. Según ese relato el control gubernamental se limitaría a las operaciones foráneas sobre empresas encargadas de gestionar infraestructuras críticas para el funcionamiento del Estado (energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o financiera, según detalla el texto gubernamental), compañías de tecnologías críticas y productos de doble uso (hablamos aquí de empresas de ciberseguridad, tecnologías de la defensa...), empresas encargadas del suministro de insumos fundamentales (sector eléctrico y de hidrocarburos), sectores con acceso a información sensible y datos personales; y, finalmente, empresas de medios de comunicación.
La relación de sectores 'críticos' identificada por el Gobierno es tan amplia que prácticamente ampara a todo el Ibex 35 y a buena parte de las cotizadas del mercado continuo, pero por si no fuera suficiente amplia el Real Decreto establece una cautela adicional que reserva al Ejecutivo la posibilidad de vetar las operaciones sobre empresas que no encajen en esos enunciados cuando la Administración del Estado entienda que "puedan afectar a la seguridad pública, orden público y salud pública".
Marco disuasorio para los gigantes chinos
El Gobierno ha puesto tanto celo en su rigor garantista que también ha decidido levantar barreras a los inversores extranjeros por su condición. En este sentido, restringe de forma singular cualquier operación por parte de actores no europeos que tengan abierto un procedimiento administrativo o judicial en cualquier país del mundo, por los que participen en sectores que afecten a la seguridad, el orden público o la salud pública y a los que estén controlados directa o indirectamente por un gobierno o un organismo público, lo que parece especialmente pensado para bloquear las eventuales intentonas de empresas chinas.
El Gobierno establece asimismo en el texto del Real Decreto un severo régimen de vigilancia y de sanciones contra las empresas de un modo u otro intenten esquivar el sistema de cautelas establecido por el Ejecutivo para este periodo en el que las cotizaciones de las empresas españolas están infravaloradas por el momento del mercado.
La historia de la 'acción de oro' en España es también la historia de un pulso interminable entre los gobiernos domésticos y la Comisión Europea, cuyo último episodio es bien reciente y tiene que ver con la apertura de un expediente sancionador al Reino de España por el mantenimiento de determinadas restricciones a la toma de participaciones por actores de otros países -incluidos los de la Unión Europea- en las empresas cotizadas, pero controladas por el Estado, que se encargan de la gestión de las redes de distribución de la electricidad y el gas: Red Eléctrica y Enagás.
En su pelea por ir derribando las fronteras nacionales a la libre circulación de capitales, las autoridades europeas han ido forzando al Gobierno de España -y a los del resto de países de la Unión- a desactivar estos mecanismos de control gubernamental sobre sus empresas más estratégicas. Fuentes del Gobierno admiten que la reimplantación de esta figura no ha sido consultada con Bruselas, si bien también recuerdan que instrumentos similares se han puesto en pie en países como Alemania o Francia por lo que se encuentra, dicen, alineada con lo que es la política europea en este ámbito.
Fuentes empresariales aseguran que el Gobierno llevaba tiempo valorando la implantación de una figura de esta naturaleza que, en tiempos de guerra comercial, restringiera de algún modo el aterrizaje de gigantes empresariales de países ajenos a la UE en España. De momento su implantación está vinculada al actual estado de emergencia sanitaria, si bien fuentes del Ejecutivo admiten que se trata de un instrumento viable "en términos generales y por supuesto también en este momento concreto de volatilidad en los mercados".
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