El Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado de nuevo la mayoría que sacó adelante la moción de censura para sacar adelante el real decreto ley para limitar a las licencias VTC, utilizadas por Uber y Cabify, frente al taxi. Podemos y los partidos nacionalistas vascos y catalanes han respaldado al PSOE y votado a favor de la convalidación de esta medida. Sin embargo, los votos de toda la oposición, excepto Podemos, ha permitido que se tramite como proyecto de ley, por lo que está abierto a enmiendas y diferentes modificaciones.
Durante el debate, tanto Podemos, como PdCat, ERC y PNV han mostrado su respaldo del decreto. Los partidos catalanes, junto con el PP -que se ha mostrado en contra del real decreto-, han reclamado la tramitación por proyecto de ley. Y esta, finalmente, se ha conseguido también con los votos de Ciudadanos.
"Una solución permanente y definitiva"
Durante el debate, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha defendido en varias ocasiones que este decreto es constitucional, ante las dudas mostradas por algunos partidos políticos y por la propia patronal de la VTC. Ha insistido en que se trata de una "solución permanente y definitiva" a un "grave problema".
Ábalos ha defendido que no ha sufrido "ningún tipo de presión" durante la elaboración de este decreto ley. Ha defendido que será el Estado quien asuma una posible responsabilidad patrimonial ante una más que probable reclamación judicial por parte de los dueños de las autorizaciones de VTC, a la vez que ha argumentado que no se trata de una "expropiación encubierta", pues estas autorizaciones se mantendrán activas tras el periodo de carencia de 4 años, pero sólo para servicios interurbanos.
Ningún partido contento
Todos los partidos que han dado respaldo al decreto han mostrado sus discrepancias por la forma en la que se ha abordado la elaboración del decreto, principalmente por la falta de diálogo, y por la necesidad de tramitarlo como proyecto de ley.
Tanto PdCat como ERC han reclamado esta vía, con el objetivo de "blindar" las competencias de la Generalitat, para que "en caso de que ésta regule y llegue a acuerdos, no sean impugnados y recurridos por el Estado". Por otro lado, lo exigen para asegurar que en potenciales litigios, quede claro que las responsabilidades patrimoniales en potenciales reclamaciones de las VTC "no recaigan sobre las comunidades autónomas".
En el caso de Unidos Podemos, el diputado Rafael Mayoral ha admitido que este real decreto tiene deficiencias, pero ha insistido en que el partido "se va a poner de acuerdo hasta con el demonio para defender las condiciones de la clase trabajadora". Ha reclamado al Ministerio, comunidades y ayuntamientos que cooperen en el nuevo escenario que abre el decreto.
En el caso de Ciudadanos, se ha mostrado en contra por varios motivos. Primero por la inseguridad jurídica que va a crear en el mercado de la VTC. Y segundo porque, según ellos, este decreto "destruye la unidad de mercado", debido a que se multiplicarán las normativas que regulen el sector. "El decreto no beneficia al sector del taxi y sólo les favorece a ustedes; esto es una irresponsabilidad", ha asegurado Fernando Navarro.
¿Y el PP? Su portavoz ha denunciado que el real decreto nace con el "único objetivo de dar uan patada hacia delante y contentar a los socios radicales del Gobierno". Ha insistido en que no va a solucionar el problema de movilidad y no contenta a nadie. "Este decreto es constitucionalmente muy cuestionable", ha argumentado, a la vez que ha insistido en reclamar su tramitación como proyecto de ley, al igual que han hecho los nacionalistas catalanes. ¿La razón? Para despejar cualquier duda de inconstitucionalidad y para incluir medidas "efectivas y necesarias" para el sector del taxi, como incluir a éste entre "los sectores penosos" o la exención fiscal en la venta de las licencias.
Satisfacción en ambas partes
Desde el sector del taxi se han mostrado satisfechos por esta convalidación, aunque entienden que la apertura a enmiendas no era lo que se esperaba. "Tenemos una sensación agridulce a pesar de haber logrado el objetivo; lamentamos que el Gobierno no haya sido capaz de convencer a sus socios del Gobierno para que el decreto no se abriera a tramitación", ha asegurado Miguel Ángel Leal, presidente de Fedetaxi, a Europa Press.
Desde el sector de la VTC, aplauden que se haya aprobado como proyecto de ley. "Hay que felicitarse; siempre hemos defendido el consenso y el diálogo, para que todos los actores del sector estén implicados", asegura Eduardo Martín, presidente de la patronal de la VTC Unauto. Desde esta organización, insisten en la "incertidumbre" que ha generado esta medida en el sector y se muestran abiertos a "buscar una salida consensuada y que sea beneficiosa tanto para los empleados como para los usuarios".
Ahora empieza una nueva fase de varias semanas en las que seguirán las negociaciones políticas y con los diferentes actores del conflicto para llevar a cabo enmiendas al texto presentado por el ministro de Fomento. Suma y sigue en esta batalla.
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