Sánchez pilla por sorpresa a los bancos y amenaza el puente de colaboración

La banca reacciona atónita ante las pretensiones del Gobierno. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha decidido, por sorpresa y sin previo aviso, aplicar un impuesto excepcional al sector financiero con la excusa de que ya se estaría beneficiando de las subidas de tipos. Su valentía política con afán recaudatorio pone en riesgo el puente de colaboración y confianza construido especialmente desde que irrumpió la crisis sanitaria en 2020 y que ha continuado funcionando tras el estallido de la guerra dando resultados satisfactorios para contener el impacto en familias y empresas.

Sánchez ha desconcertado a las entidades sobre todo porque se trata de un anuncio totalmente inesperado. A diferencia de la mayor presión fiscal a las eléctricas, que sí que se venía advirtiendo desde hace meses a través de diferentes portavoces públicos, el nuevo gravamen que se pretende aplicar a la banca no se había tratado o consultado con el sector en ninguna ocasión, ni con la primera línea ejecutiva ni tan siquiera con las patronales, según aseguran diversas fuentes consultadas por La Información. 

Desde la esfera bancaria no se entiende el anuncio del impuesto ni en la forma ni en el fondo. Les llama la atención porque precisamente las entidades esta vez no son el foco del problema y no han dudado en establecer una relación público-privada que califican de extraordinaria. Los lazos no solo se limitan a las moratorias aplicadas sobre hipotecas o la inyección de más de 140.000 millones de euros al tejido productivo para sostener su liquidez y, en algunos casos, hasta su solvencia. Actualmente ambas partes incluso están trabajando estrechamente para cerrar un plan con el que atajar la exclusión financiera, a pesar de que la banca sigue convencida de que ya hace lo suficiente para luchar contra la conocida como España vaciada. 

¿Medida distorsionadora?

También porque no se está valorando ni abordando un tributo adicional al sector financiero en ninguna otra parte de Europa, a pesar de que la subida de tipos oficiales, que todavía no se ha producido, afectará a todos los Estados miembros. Se teme por un deterioro de la capacidad para competir a nivel internacional y más aún frente a las empresas tecnológicas que ofrecen servicios financieros sin ser bancos. Igualmente opinan que la vuelta a la ortodoxia monetaria por parte del Banco Central Europeo (BCE), teniendo en cuenta la inflación -el último dato disponible la coloca por encima del 10%- no está motivando por ahora ningún beneficio e incluso son conscientes de que puede suponer un mayor riesgo en caso de que los acreditados tengan problemas para hacer frente a sus pagos, con la consecuente depreciación de carteras o necesidad de mayores provisiones.  

En todo caso, diversas voces entienden que la medida difícilmente podrá salir adelante. Las entidades actualmente asumen la tasa de depósitos, las aportaciones al Fondo Único de Resolución (FUR) y al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), así como un Impuesto de Sociedades del 30%, frente al 25% que se aplica en general en España. Consideran que defender que la subida de tipos de interés o del Euríbor dé lugar a un beneficio extraordinario no es apropiado porque ello forma parte del negocio, mientras critican que no preocupó la situación del sector durante todos los años en los que la situación monetaria era totalmente extraordinaria y anormal. El ROE de los bancos, sin contar el negocio internacional, se sitúa en el 6%, inferior al coste de capital. Otra vía para bloquear este potencial impuesto podría ser la judicial, muy utilizada por las energéticas, aunque este cauce se presenta poco probable dada la forma de actuar de la banca. 

KBW calcula que el impuesto podría representar alrededor del 2% de las ganancias antes de impuesto de BBVA y Banco Santander, y del 12% en el resto de entidades

La idea de Sánchez es aplicar un tributo que grave los beneficios de las entidades derivados de la subida de tipos de interés que están acometiendo los bancos centrales para contener la inflación, aunque no ha trascendido cómo pretende articular esta medida con la que ha asegurado que busca una fuente de ingresos para el Estado de, al menos, 3.000 millones de euros en dos años. El banco de inversión neoyorquino Keefe, Bruyette & Woods (KBW) calcula que podría representar alrededor del 2% de las ganancias antes de impuestos de BBVA y Banco Santander, y del 12% para el resto de entidades nacionales, como CaixaBank, Banco Sabadell o Bankinter. Estas estimaciones las ha realizado teniendo en cuenta las cuotas de mercado de préstamos.

Cuando se penaliza una actividad es habitual que las compañías acaben repercutiendo a sus clientes el mayor coste que deben asumir. La banca podría encarecer todavía más el crédito, precisamente en un momento de elevada incertidumbre y riesgo de recesión en el que resulta crucial que se mantenga el flujo de financiación al sector productivo. De igual modo, una mayor fiscalidad puede enterrar por completo la posibilidad de que se recupere la remuneración de los ahorros de las familias.