Las telecos españolas tendrán un papel determinante en el reparto de las decisivas ayudas a la digitalización de las pequeñas y medianas empresas. El Gobierno de Pedro Sánchez tirará de Telefónica, Vodafone y el resto para distribuir más de 3.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos con la justificación de que los plazos con estos ‘aliados’ se acortarán gracias a sus redes comerciales. Las operadoras ayudarán y asesorarán en el trabajo de la subvención, lo que incrementará la probabilidad de que la empresa las acaben eligiendo a ellas para llevar a cabo esos servicios. El pago se hará antes de la ejecución de esos proyectos individuales a través de un bono que financiaría el 90% de la inversión, que será cobrado por el proveedor a la finalización de los mismos.
De los casi 4.500 millones de euros desplegados en el Plan de Digitalización de Pymes del Gobierno, 3.000 serán para para lo que se conoce como ‘caja de herramientas digitales’, incorporando servicios vinculados a la gestión de recursos, de clientes, la venta por internet, el marketing digital o la automatización de procesos. El Gobierno, a través de Red.es, ha creado una ‘ventanilla única’, la plataforma Acelera Pymes, para centralizar allí todas las peticiones. Ante la dificultad para llegar a todas las empresas el Ejecutivo ha solicitado a las principales operadoras, con fuerte penetración en el mundo de los servicios corporativos, que traten de acompañarlas.
Para ello, Telefónica y Vodafone han creado una suerte de consorcios con otras compañías de servicios digitales, con el objetivo de ‘hacer un llamamiento’ a toda su base de clientes y acompañar a quien desee solicitar las ayudas en la elaboración de la documentación y su presentación. Tras la presentación de la candidatura, la pyme podrá elegir proveedor, aunque lógicamente la operadora que lo ha acompañado tendrá muchas más probabilidades de captar ese contrato. Así lo describía el propio consejero delegado a nivel mundial de Vodafone, Nick Read: “Finalmente firmamos con el cliente un contrato de dos o tres años para esos servicios”.
En concreto, las operadoras serán distribuidoras de servicios digitales propios o de terceros en su oferta, que serían ofrecidos con un subsidio que cubriría el 90% del coste. “Y lo que es más importante, el 90% se paga por adelantado”, apuntó Read. En realidad, según explican fuentes del sector, la forma en la que se pagará será a través de un bono por la cantidad estipulada que la pyme entregará a la teleco o al prestador del servicio, que en teoría cobraría tras la ejecución. Sin embargo, ese bono serviría para conseguir adelantos a través de financiación bancaria.
“Hemos contribuido mucho para dar forma a todo esto”, admitió ante los analistas el primer ejecutivo de Vodafone, quien alabó al Ejecutivo español y lo puso como ejemplo para el resto de países en el continente europeo, no sólo por la velocidad que le imprime al proceso, sino también para su posición en el mercado. “Este es un modelo que es realmente bueno para nosotros”, explica. No hay previsiones de negocio para las telecos. Pero como aseguraba el consejero delegado de Telefónica, Ángel Vilá, hace varios meses, el de los fondos europeos es “uno de los vientos a favor” que vivirá la operadora y el resto de rivales en el sector lo que “debería ayudar a mejorar la tendencia de ingresos de Telefónica”.
En cuanto a los plazos, las operadoras esperan que haya un primer desbloqueo de fondos en la última parte de este año. En total, entre 500 y 1.000 millones de euros, para que el grueso de la inversión pública llegue entre 2022 y 2023. Será un alivio para unas cuentas de las operadoras que han estado especialmente castigadas en España por dos claves: el hundimiento del tejido empresarial más pequeño, con una caída significativa de la inversión de las compañías en conectividad y otros servicios, y la fuerte guerra de precios surgida en el segmento residencial. Las tres grandes han perdido 2.200 millones de euros de ingresos en el año 2020 frente a 2019, pese a la importancia capital otorgada a la conectiva en pleno estallido de la pandemia del coronavirus.
El idilio del Gobierno
Esta contribución al reparto de las ayudas es sólo un capítulo más en el particular ‘idilio’ que viven las operadoras de telecomunicaciones con el Gobierno de España. Un ‘idilio’ que algunos de los primeros ejecutivos no han dejado de destacar en las últimas semanas. La primera medida fue fiscal, después de años con exigiendo una reducción de las tasas e impuestos para el sector. De esta forma, ha anunciado la reducción temporal de la tasa por reserva de dominio público radioeléctrico en las frecuencias específicas para el despliegue de servicios 5G. A esto se suma la revisión de la aportación de los operadores a RTVE, que desembocó en la eliminación de la obligatoriedad de aportar el 0,9% de sus ingresos (manteniendo la contribución como dueños de televisiones de pago).
Ese cambio en la regulación de la RTVE trajo implícito otro ‘guiño’ del Gobierno, pues introdujo a las grandes plataformas digitales (Netflix, HBO, Amazon…) no sólo en esa ‘tasa RTVE’ sino también en el pago para financiar por anticipado cine europeo independiente -como ya hacen también las telecos-. Pero quizá el gesto más llamativo es el de la subasta de espectro radioeléctrico. El diseño de la subasta, que hacía prácticamente imposible la participación de Másmóvil -sin ‘reservas de espectro’ y con un reparto muy limitado de los paquetes de frecuencias-, y la posterior rebaja del precio de salida permitió que el desembolso de las tres grandes fuera de apenas 1.000 millones de euros, muy por debajo de lo previsto inicialmente.
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