Banco Santander defiende, en su contestación a la demanda de Andrea Orcel por su frustrado fichaje, que el contrato del banquero italiano para ocupar el cargo de consejero delegado "nunca se materializó" y que éste encareció en unos 17 millones de euros su fichaje por la entidad en el transcurso de las negociaciones, en línea con las declaraciones de Jaime Pérez Renovales, secretario del consejo de administración del grupo que preside Ana Botín, durante la junta de accionistas del pasado martes.
Así consta en el escrito elaborado por Uría Menéndez, el despacho de cabecera de Santander, que la entidad ha presentado en la mañana de este viernes en los juzgados de Plaza Castilla de Madrid. "La carta oferta no es el contrato que exige la Ley y dicho contrato nunca se materializó", dice el grupo cántabro, que asegura que el proceso de nombramiento de Orcel como consejero delegado se aceleró atendiendo a las peticiones de UBS y del propio directivo. Descartado el fichaje, el banco barajó distintas fórmulas para que Orcel pudiera reanudar su carrera profesional, incluso dentro del propio Santander, que destaca que siempre actuó de buena fe.
Por el contrario, según el relato del grupo que preside Botín, Orcel grabó conversaciones privadas sin consentimiento ni conocimiento de sus interlocutores, una práctica "de dudosa calidad ética y moral para alguien que pretendía desempeñar el puesto de consejero delegado de Banco Santander". La constatación de que Orcel grabó confirma que la decisión adoptada por el consejo del Santander de desistir de contratar al banquero fue la adecuada, señala el banco, tal y como recoge EFE.
Según Santander, ni el nombramiento fue efectivo ni el contrato entre el banco y Orcel quedó perfeccionado, pues estaba pendiente de la negociación y acuerdo sobre uno de sus elementos esenciales (la retribución final a percibir por Orcel por su bonus diferido de UBS), y estaba sujeto, además, al cumplimiento de una exigencia legal "indeclinable" como es su aprobación por la junta general de accionistas.
Asimismo, la contratación quedaba sujeta a la futura aprobación del contrato por el consejo de administración -que autorizó el nombramiento- la evaluación de idoneidad por el BCE y el plazo de preaviso establecido por UBS, entidad que continuó durante todo el proceso siendo empleadora de Orcel.
"Ninguna de estas condiciones se dio", ha asegurado la entidad presidida por Ana Botín, que ha asegurado que el nombramiento de Orcel se realizó "de buena fe" y después de llevar a cabo un "sólido" proceso de gobierno corporativo que involucró al consejo de administración en su conjunto y, específicamente, a las comisiones de nombramientos y retribuciones, órganos que se reunieron en trece ocasiones durante el proceso para el nombramiento y para la posterior decisión de no seguir adelante, según alega el banco.
Desde septiembre de 2018, Orcel y Banco Santander mantuvieron "intensas" negociaciones para concretar la cuantía del 'buyout' que habría de incorporarse al futuro contrato del italiano, que estaba previsto abonarse en acciones de Santander, sujeto a las métricas de desempeño establecidas por el grupo y desembolsado a lo largo de siete años, según explica el banco.
"Desde el primer momento, Orcel trasmitió a Banco Santander unas expectativas sobre la posición que mantendría UBS sobre el pago de sus incentivos que nunca se cumplieron", afirma el banco. Además, la entidad señala que en reiteradas ocasiones Orcel aseguró que lograría reducir el 'buyout' negociando con UBS para que se hiciese cargo de hasta el 50% de la cantidad que se debía.
"Incluso pidió a Banco Santander que le ayudara a redactar una carta que enviaría a UBS en la que sostenía que la entidad debía hacer todo lo posible para asumir la mitad de la retribución diferida. No consta que Orcel llegara a enviar nunca esa carta, cuyo borrador sí le fue proporcionado por el banco", dice la entidad..
Según el Santander, lejos de realizar todo lo posible para que UBS le abonara una parte "significativa" de las retribuciones diferidas, en el transcurso de la negociación Orcel rechazó destinar a reducir el importe del 'buyout' los 13,7 millones de euros que UBS accedió a pagarle en concepto de retribución no sometida a diferimiento del bonus de 2018 y las retribuciones diferidas que le correspondían en ese momento.
Durante el curso de las negociaciones Orcel también incorporó la necesidad de compensar una "nueva y supuesta pérdida retributiva" por su salida de UBS derivada de la no percepción de dividendos e intereses por la retribución diferida, cuantificada inicialmente en un importe superior a los tres millones de euros.
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