Banco Santander se 'aprieta los machos' con el ERE por la integración de la red de oficinas de Banco Popular. El ajuste, de 3.713 empleados y 1.150 oficinas, es más grande de lo previsto en el momento de la adquisición a consecuencia de la desaceleración de la economía y unos tipos de interés que se mantienen en mínimos por lo que el grupo que preside Ana Botín no ha podido mantener las condiciones económicas que ha ofrecido en procesos anteriores.
La entidad cántabra ha planteado a los sindicatos que el nuevo ERE, que quiere completar antes de finales de 2019, se acometa mediante prejubilaciones a partir de los 55 años con un salario pensionable hasta los 63 años que oscila entre el 65% y el 70% en función de la edad. Pese a tener margen de mejora, la propuesta es sensiblemente inferior a la de los ajustes aplicados en en 2013 (Banesto), 2016 y 2017, cuando se ofreció a los trabajadores el 80% de su sueldo.
En el último ajuste de empleo, el de la integración de los servicios centrales del Popular, la negociación también comenzó a la baja, pero entonces la propuesta inicial respecto al sueldo de las prejubilaciones oscilaba entre el 65% y el 75%. Finalmente se consiguió elevar hasta el 80% e igualar las condiciones respecto a los ajustes anteriores. En relación con las bajas incentivadas la propuesta inicial de entonces también era ligeramente superior ya que se ofrecían 35 días por año, frente a los 33 días actuales, que finalmente se consiguieron elevar a 40 días.
Según fuentes sindicales, el banco atribuye la diferencia a que aquel ERE 'solo' afectaba a 1.100 trabajadores, mientras que el volumen del actual es muchísimo mayor, lo que no permite igualar las condiciones de entonces sin que se disparen los costes del proceso. Y es que la necesidad de Santander de cumplir con los compromisos adquiridos con sus accionistas cuando les pidió 7.000 millones de euros para poder comprar Popular 'atan las manos' a Botín.
En aquel entonces, la presidenta del primer banco de España prometió una rentabilidad sobre la inversión del 13-14%. Para poder cumplir con este objetivo en un contexto económico que se ha deteriorado y en el que ya resuenan los tambores de una posible crisis, el ahorro de costes en Popular se ha tenido que elevar en un 50%, hasta los 750 millones anuales. Esto supone un ERE más duro de lo que inicialmente preveía Santander. Los sindicatos proponen reducir el número de bajas y mejorar las condiciones económicas de los que se van y tienen para conseguirlo 25 días más de negociación con el banco.
Sea como fuere, aunque en el proceso actual también saldrán trabajadores y se cerrarán oficinas de Santander, las cifras que ha planteado la entidad suponen reducir a la mitad la plantilla que tenía el Popular en el momento de su caída, cuando el grupo cántabro se lo quedó al precio simbólico de un euro. Para poder asumir la operación y 'sanear' el banco tuvo que realizar la ya mencionada ampliación de capital.
Por territorios, Madrid es donde se producen un mayor número de bajas, con un total de 446, lo que supone el 16% del ajuste total de la red y una reducción del 11% de la plantilla en la región. Le siguen Andalucía, con 370 salidas, Cataluña (310), Valencia/Murcia (301) y Galicia (271). En relación al cierre de oficinas, Andalucía (179), Cataluña (160), Galicia (135) y Madrid (131), son las comunidades donde se clausurarán más sucursales, mientras que La Rioja (11), Murcia (19), Cantabria (19) y Aragón (24) son las regiones menos afectadas.
El cierre de estas oficinas supondrá irremediablemente movilidad de empleados. El plan inicial de la entidad pasa por realizar un único pago de 6.000 euros para los desplazamientos de entre 75 y 100 kilómetros más el combustible durante seis años, mientras que la compensación para quienes tengan que desplazar entre 101 y 400 kilómetros asciende al 10% o 15% del salario bruto durante ocho años. Si el cambio de oficina supone un cambio de isla, por los afectados de Islas Baleares y Canarias) la entidad ha propuesto abonar 9.000 euros brutos anuales durante 12 años.
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