El Santander se apoyará en una megafirma texana, asesora legal de la ‘crème de la crème’ empresarial, para encarar el proceso abierto en EEUU donde grandes inversores del Popular le reclaman sacar a la luz los documentos secretos de la resolución. Le asiste Hunton Andrews Kurth LLP, cuyos letrados han trasladado ya al juzgado el interés en aglutinar los escritos presentados con la misma demanda por el grupo de acaudalados inversores mexicanos liderados por Antonio del Valle y escasos días después por los fondos Pimco y Anchorage.
El ramillete de inversores que han abierto brecha en EEUU perdieron prácticamente un tercio de los más de 3.000 millones de euros reducidos a cero en acciones y bonos por parte de la Junta Europea de Resolución (JUR): el casi centenar de inversores azteca vio desaparecer 470 millones de euros que reclaman a España, en arbitraje internacional: Pimco contaba con bonos valorados por encima de los 489 millones y Anchorage por unos 155 millones.
Hunton Andrews Kurth LLP es el fruto de una fusión actualmente en gestación de la centenaria Hunton & Williams y Andrews Kurth Kenyon, con presencia líder en Virginia y Texas. Suman alrededor de 1.000 abogados en nómina y más de 750 millones en ingresos anuales, situándose entre las 50 firmas más taquilleras de EEUU y la tercera en procesos relacionados con protección de datos y privacidad, el corazón de la cuestión abierta en el proceso que involucra al Santander. Sólo la primera firma trabaja con las empresas del Fortune 10 (Walmart, Exxon Mobil, Apple, Berkshire Hathaway, General Motors, Ford AT&T…) y “casi tres cuartas partes de Fortune 100”, conforme a información corporativa del despacho.
Al otro lado se sitúa Kirkland & Ellis, bufete estadounidense que representa al grupo mexicano; y el londinense Quinn Emmanuel, en nombre de los bonistas. El procedimiento abierto ante el Tribunal Federal para el distrito Sur de Nueva York se conoce como ‘discovery’. No es demanda ni recurso alguno frente al Santander, sino una iniciativa que permite instar al juzgado que fuerce la divulgación de cierta información para utilizarlas en procesos abiertos en otras instancias judiciales fuera.
Si el tribunal estima la petición y no hubiese oposición por parte del Santander, el proceso se resolvería en cuatro o cinco meses, prorrogables a nueve o un año en caso de disconformidad hasta agotar las apelaciones, estiman fuentes jurídicas. Ir a Estados Unidos es la penúltima bala utilizada por los afectados en un intento de sacar a la luz el relato íntegro de lo que rodeó a la caída del Popular y que el organismo dirigido por Elke König se resiste a descubrir.
Falló el auxilio por insuficientes garantías
El Panel de Apelación de la JUR censuró su opacidad y obligó a publicar varios documentos, a instancias de varios afectados, si bien lo hizo en una versión velada que juzgan insuficiente y denuncian que les impide ejercer una defensa con garantías ante el desconocimiento de lo que ocurrió. Entre la información aún secreta figura la gestión de la crisis de liquidez, aunque el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, buscó satisfacer esta misma semana la principal duda confirmando que el Popular no presentó garantías suficientes para entregarle más fondos.
Linde, como antes hiciera König, atribuyeron al BCE la decisión de no haber autorizado aún ofrecer al detalle y con todos los números cómo se gestionó el episodio de asfixia. La JUR negó otros documentos en nombre del Santander alegando que desvelarían información comercial, estratégica o sensible al mercado, y casi para los restantes excusó su confidencialidad para evitar riesgos a las entidades involucradas o al sistema de supervisión y resolución común.
La razón de apelar, vía EEUU, el ‘destape’ al Santander es que el Popular dispondrá de la mayoría de datos bajo cofre. Uno de los documentos más esperados y que la JUR deberá publicar es la valoración de Deloitte última donde debe concluir si la venta por un euro fue el mejor remedio para los acreedores o hubiesen recibido mejor trato en un proceso de insolvencia. Se esperaba en el primer trimestre y se retrasa sin nueva fecha.
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