Sábado, 19.10.2019 - 15:38 h
Clamor entre los grandes despachos de abogados

Santander defenderá que Orcel no tuvo contrato en firme y está 'jubilado' de UBS

El banco prepara su escrito de respuesta contra la demanda que el financiero italiano presentó en los Juzgados de Primera Instancia de Madrid.

Andrea Orcel
 Orcel ha elevado su demanda contra el Santander hasta 110 millones de euros./Efe

El pleito de Andrea Orcel contra el Banco Santander ha generado una auténtica convulsión en los mentideros financieros y, especialmente, en el mundo de los grandes despachos jurídicos madrileños, donde no se termina de entender la convicción del banquero italiano y de sus representantes legales para solicitar una indemnización de 110 millones de euros a la entidad española después de haber pactado con UBS una jubilación anticipada de otros 52 millones. El banco que preside Ana Botín tratará de demostrar la incompatibilidad de esta doble compensación económica a la que aspira Orcel.

El banquero italiano ha contratado como asesor legal al bufete De Carlos Remón, considerado como uno de los despachos más agresivos y correosos en todo lo que concierne a pleitos de carácter mercantil. De hecho, los abogados del Banco Santander ya han tenido que librar alguna que otra batalla contra estos mismos representantes jurídicos, lo que induce a pensar que el conflicto con Orcel está definitivamente 'atravesado' en los tribunales sin grandes posibilidades de llegar a un acuerdo amistoso.

El Banco Santander guarda celosamente su estrategia de defensa y no quiere apuntar ningún detalle sobre el escrito de contestación a la demanda de Orcel que la entidad financiera tiene que presentar antes de finales de mes. La denuncia del banquero italiano fue admitida a trámite en los Juzgados de Primera Instancia de Madrid a finales de junio. El banco disponía de treinta días para formular su alegato de defensa y desmontar los argumentos del banquero italiano para reclamar una indemnización que alcanza los 110 millones de euros.

Orcel solicita el cobro de la retribución global consignada como consejero delegado y, además, pide una indemnización por los daños y perjuicios que ha ocasionado la renuncia del banco a hacer efectivo su contrato. En medios jurídicos consultados por La Información consideran que el Banco Santander tratará de demostrar que el teórico contrato no es más que una carta de oferta supeditada a distintos condicionantes, entre los que estaba incluida precisamente la obtención por parte de Orcel del bonus que tenía devengado en UBS, tal y como ya informó este periódico el pasado 3 de julio.

Jubilación anticipada en UBS

El hecho de que el banco suizo al que pertenecía Orcel se haya avenido a pagar los 52 millones que estaban en juego es otro punto de apoyo al que lógicamente va a recurrir la entidad presidida por Ana Botín. Se da la circunstancia de que dicho importe se ha resuelto a través de lo que, en términos anglosajones, se conoce como 'early retirement'. En otras palabras, el banquero italiano ha obtenido lo que en España se entiende como 'una jubilación anticipada', multimillonaria en este caso y periodificada a lo largo de los próximos siete años.

A partir de esta consideración los distintos despachos de abogados que se han acercado estas últimas semanas al Banco Santander para ofrecer sus servicios coinciden en destacar que es impensable que el demandante pueda recibir una segunda indemnización por un cargo de consejero delegado que nunca llegó a ejercer. Por otra parte, las consecuencias profesionales derivadas de su salida de UBS y, más en concreto, el perjuicio que supone estar en dique seco ha sido convenientemente saldado por el propio banco suizo.

​Medios vinculados con Orcel han señalado la eventualidad de que su cliente termine por renunciar al pago de UBS si finalmente resuelve de manera positiva su pleito con el Banco Santander. Los abogados más cercanos a la entidad española estiman que esta contingencia podría resultar válida en términos morales, pero no creen que pueda ser expuesta con muchas garantías en un tribunal donde lo que se juzgan son hechos probados. En esta ocasión, lo que se va a ventilar es si es posible cobrar una indemnización de 110 millones en España después de tener amarrada otra de 52 millones en Suiza

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