Santander propone 109 despidos más sin igualar las condiciones del ERE masivo

  • El banco que preside Ana Botín acaba de acordar la salida de 3.223 trabajadores y el cierre de 1.150 oficinas para cerrar la integración de Popular.
Oficina del Banco Santander
Oficina del Banco Santander
EFE

Ana Botín ya ha desvelado los detalles de su nuevo ERE, el que va a aplicar en su filial de servicios administrativos y de 'back office': Santander Operaciones España. La propuesta de la entidad asciende a un total de 109 despidos y las condiciones que por el momento está ofreciendo a los empleados se sitúan por debajo del ajuste masivo que acordó con los sindicatos para integrar su red con la de Banco Popular, un proceso que contempla cerrar 1.150 oficinas y enseñar la puerta de salida a 3.223 trabajadores.

El capital de Santander Operaciones España pertenece al 100% a Banco Santander, que valora esta compañía en sus libros en 18 millones de euros. Según el último documento público disponible en el Registro Mercantil, contaba con 1.020 empleados a cierre de 2017. Esta cifra en la actualidad se situaría en unos 830 trabajadores, según aseguran fuentes de los representantes de la plantilla, por lo que el ajuste supondría 'echar' al 13% de los empleados de la filial.

Apenas unos días después de la firma del ERE de la red comercial, el director corporativo de Relaciones Laborales de Banco Santander, Juan Gorostidi Pulgar, remitió a los sindicatos un escrito en el que comunicaba la intención de la empresa de iniciar un procedimiento de despido colectivo en una serie de centros de trabajo de Santander Operaciones, tanto en Madrid (Abelias 1, La Finca, Gran Vía de Hortaleza 3, Princesa 25, Luca de Tena y Torneros 9 -Getafe-) como en A Coruña (Orillamar 71).

Pues bien, el ajuste, por el momento, contempla la salida de los 41 trabajadores en la ciudad gallega (todos los que están establecidos allí), mientras que el resto de bajas se producirán en Madrid. La cifra podría reducirse pero, independientemente de cuál sea el número definitivo, contribuirá a engrosar la nada despreciable cifra de 4.300 despidos que se han producido en el banco a raíz de la compra de Banco Popular, lo que supondría reducir a la mitad la plantilla que tenía esta entidad en el momento de su adquisición.

En cuanto a las condiciones de Santander Operaciones, la dirección ofrece prejubilaciones a partir de los 55 años de edad con el 70% del sueldo. En cuanto a las bajas incentivadas, por el momento, la propuesta para los empleados de 53 y 54 años es de un único pago equivalente al 50% del salario durante seis años con un tope de 350.000 euros, mientras que para los de 52 años o menos, o con menos de 15 años de antigüedad se ofrecen 33 días por año trabajado con un máximo de 18 mensualidades.

ERE Santander Operaciones

Estas condiciones, a falta de conocer detalles sobre las primas, no satisfacen las demandas de los sindicatos, que piden igualarlas a las del ERE de Santander S.A, que se está desarrollando con prejubilaciones a partir de los 55 años con entre el 75% y el 80% del sueldo y con bajas incentivadas que suponen indemnizaciones con un límite de 380.000 euros. En el peor tramo, el ERE de la red contempló 40 días por año con un máximo de 24 mensualidades.

Es previsible, no obstante, que el banco no alcance esta oferta en Santander Operaciones, pues sus trabajadores están sujetos al convenio colectivo de oficinas y despachos, cuyas condiciones no son equiparables a las del de banca. En términos relativos, el coste de este ERE también será menor para el banco, ya que la antigüedad de los trabajadores, según fuentes sindicales, no suele superar los 15 años.

En cualquier caso, estos procesos de ajuste cuentan con la bendición de los BCE y el Banco de España, que continuamente piden a las entidades bancarias más recortes para elevar su baja rentabilidad en un entorno de  tipos de interés en mínimos pese a que el número empleados y de oficinas se ha reducido drásticamente desde la crisis. De hecho, los casi 100.000 puestos de trabajo que ha destruido el sector en España y las cerca de 20.000 oficinas que ha clausurado no parecen suficientes para los supervisores.

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