Los daños colaterales de la 'operación Popular': Santander encara 1.500 salidas

El Popular pasó a propiedad del Santander el pasado 7 de junio y mañana arrancará la integración funcional de la plantilla con las primeras reuniones con sindicatos. Por experiencia en otras integraciones y primeros números, en el sector se baraja que la unión de sus servicios centrales puede arrojar un exceso de plantilla de entre 1.000 y 1.500 trabajadores, a los que el grupo podría buscar dar salida en parte con un traslado a empresas externas.

El Santander, a diferencia del Popular, se apoya en una multiplicidad de compañía que proveen al grupo de servicios especializados como Ingeniería de Software Bancario (Isban) o Produban, subsidiarias de desarrollo de software y de infraestructuras IT. Sus empleados quedan fuera de nómina del grupo y, por lo tanto, del convenio de banca y condiciones laborales.

Fuentes sindicales sospechan que parte del ajuste será reorganización para asemejar la estructura del Popular a la de la nueva matriz y en un movimiento similar al recorrido por Bankia, que también redujo plantilla para cumplir con los requerimientos de Bruselas con transferencia de personal a compañías a las que o bien les vendía la división de negocio o les subcontrataba el servicio. Pero también temen salidas definitivas.

Definir el perímetro y abrir la negociación

En el primer encuentro se espera que se defina el perímetro. La unión arranca en servicios centrales, con la intención de mantener la red de sucursales del Popular con operativa autónoma hasta el ejercicio 2019 por el esfuerzo que supone integrar las plataformas; de forma que aún tardará dos años en abordar si hay redundancias y cuánta entre los empleados de las sucursales.

Sin embargo es una incógnita si el ajuste afectará solo a servicios centrales del Popular y Santander España o incluye todos los del grupo -Boadilla, para el Santander; o Galicia, por los centros existentes del antiguo Pastor-. Se espera que el encuentro sirva para constituir las mesas de negociación, quizá despejar número de trabajadores afectados y, sobre todo, aclarar si se plantea un Expediente de Regulación de Empleo (Ere) para ejecutar su desvinculación.

Ambos bancos aplicaron tijera a sus plantillas el año pasado. El Santander prescindió de 1.380 trabajadores -680 de ellos salieron con un ERE-, ofreciéndoles prejubilaciones al 80% de su salario y bajas incentivadas voluntarias. En del Popular se llevó por delante casi al 17% de la plantilla -afectó a casi 2.600 empleados- y se enmarcó dentro de las decisivas medidas aplicadas para tratar de garantizar un proyecto viable de futuro.

1.300 millones en coste de integración 

El grupo presidido por Ana Botín ha presupuestado en 1.300 millones brutos el proceso de integración, con costes netos anuales de 300 millones hasta 2019. Confía en generar en paralelo unas sinergias en costes de 500 millones o el equivalente a reducir en casi un tercio de la partida de costes del Popular.

Como paso previo a la integración y para conocer mejor las áreas e importar las mejores prácticas de un banco a otro, seleccionó un grupo de 30 personas en ambas entidades y los puso a trabajar en el otro banco. El ‘plan 30-30’ buscaba también tomar el pulso en la convivencia de dos culturas corporativas de cara a la futura fusión.

La suma de ambas redes daría un nuevo Santander España con 4.631 sucursales y 34.852 empleados en nómina. El Popular contaba con 1.762 locales y 11.911 trabajadores, gestionado unos 95.400 millones de euros en créditos y 94.700 millones, según los datos divulgados por el grupo cuando anunció la operación. Negocios que en la filial española del Santander alcanzaban en junio los 151.533 millones y 239.269 millones, respectivamente, con una red de 2.869 oficinas y 22.941 empleados.

El grupo espera alcanzar una rentabilidad sobre la inversión con la compra del Popular del 13-14% en el ejercicio 2019, con reducción de costes y mejorando la capacidad de venta y márgenes en la nueva filial. En buena parte porque la integración ocasionará redundancias por solapamiento de redes y servicios centrales.