La banca se conjura y este mediodía se ha cerrado el círculo con la postura pública de la primera entidad española. Desde la pasada semana, cada uno de los representantes de los bancos que se ha pronunciado viene repitiendo su confianza en que el Tribunal Supremo no aplicará la retroactividad en la resolución sobre el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) que estableció que es el banco, y no el ciente, quien tiene que pagar este tributo. Y hoy le ha tocado opinar al Banco Santander, a través de su consejero delegado, José Antonio Álvarez, durante la presentación ante los analistas de los resultados del tercer trimestre de 2018.
Álvarez ha declarado que ve "muy difícil" que el pleno de la Sala III del Supremo, que se reúne el próximo lunes para abordar los límites y alcance del fallo de su sección segunda del pasado 16 de octubre, determine un cambio de criterio tan determinante como sería obligar a la banca al pago de un impuesto que ya está abonado y que, de hecho, cobra la administración tributaria de cada comunidad y no la entidad financiera. Para él, la banca solo se ha limitado a actuar "según dictaba la ley" y, por lo tanto, no debería ser responsable de nada más.
"No veo ninguna razón para la retroactividad, nosotros nos hemos limitado a cumplir el reglamento, y cambiar el sujeto pasivo del impuesto es una cosa relativamente extraña y no veo razones para ello", ha apostillado Álvarez, justo antes de advertir de que cambios retroactivos en operaciones a largo plazo como son las hipotecas elevan el riesgo que deben asumir las entidades, lo que podría penalizar su capacidad de hacer negocio: "Cuando uno presta a 25 años no puede estar sujeto a revisiones permanentes hacia atrás, porque se convierte esto en un riesgo demasiado elevado y de una u otra manera acabaría trasladándose a la capacidad de hacer negocio, tanto en volumen como en precio", ha explicado, según recoge Ep.
Unas palabras que corroboran las del consejero delegado del BBVA, Carlos Torres Vila, quien consideró el martes, también en la presentación de resultados de la entidad, que "lo que no se puede hacer es aplicar un cambio a hechos pasados" e incidió en que "se viene aplicando el reglamento vigente desde hace más de 20 años". De cualquier modo, tanto el representante del banzo azul como sus compañeros del sector han aclarado de inmediato en todas sus intervenciones que acatarán la sentencia y, en su caso, se adaptarán en el corto y medio plazo a lo que pueda venir a partir de ahora.
En esta misma línea de doble mensaje (de aviso y de acatamiento de la ley) se expresó también el pasado lunes José Sevilla, consejero delegado de Bankia, quien señaló ante los analistas de distintos bancos de inversión: "Esperamos que se mantenga la situación que se ha mantenido durante 23 años".
Por su parte, Bankinter, Caixabank y Banco Sabadell habían abierto la semana pasada el turno de esta conjura de la banca para protegerse ante una eventual retroactividad en el pago del AJD. El presidente del Sabadell, Josep Oliu, fue quizá el más duro, al calificar de "especialmente grave" todo el asunto a la vez que confiaba en que la sentencia, que "afortunadamente" fue suspendida con inmediatez, sea "reconsiderada". Mientras, Gonzalo Gortázar, consejero delegado de Caixabank, admitió que la situación acarrea una "enorme repercusión social".
Maria Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, había sido la primera en hablar para tildar todo el asunto como "insólito". "Pierden las altas instituciones, porque se pone en cuestión la calidad de las mismas, pierden los bancos, y a la vista está el descalabro bursátil de la última semana y la animadversión que hay contra el sector y también pierden los clientes, porque se generan unas expectativas de ingresos que quizá no se cumplan", argumentó.
La banca prefiere callar ante los posible escenarios
Otra cosa son las consecuencias en un sentido u otro. Junto a la pregunta por la valoración general de la sentencia del Alto Tribunal, la siguiente duda de los analistas en estos días ha venido en relación a los escenarios que manejan las entidades en el caso de que finalmente se aplique la retroactividad. Ante ella, la respuesta también ha sido compartida por todos: "Preferimos no hacer declaraciones". Así respondió Sevilla este lunes y así la ha repetido hoy casi calcada su homólogo en el Santander.
Nadie quiere adelantarse a los acontecimientos. Al menos, en representación de una entidad concreta. Para elevar el tono está el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, quien ha criticado que la sentencia del Alto Tribunal llegara con los mercados abiertos, generando "una enorme incertidumbre" que hizo que el sector perdiera unos 6.000 millones de euros en capitalización bursátil. "El problema fundamental de la sentencia fue el momento en el que se hizo pública. Calculamos que la banca española tiene unos dos millones de pequeños accionistas, por tanto es algo que también afectó directamente a los ciudadanos", ha precisado.
En cuanto al futuro inmediato, existen ya estimaciones sobre el posible coste que puede conllevar cada posibilidad. Para Moody’s, el impacto será negativo sea cual sea el escenario que se confirme. No hay que olvidar que el fallo es firme y lo que hará el próximo lunes el pleno de la Sala III del Supremo será determinar su alcance, es decir, si la sentencia es retroactiva o no y, si es lo primero, por cuánto tiempo.
Moody's explica que en caso de que el grado de retroactividad se establezca en cuatro años, que es el periodo para el cual los impuestos no pagados pueden reclamarse en España, podría tener un impacto de hasta 2.300 millones de euros.
El peor de los escenarios, aunque de baja probabilidad, sería el que establece un grado de retroactividad mucho más amplio. En este caso, el pasivo potencial a asumir por los bancos crecería "ligeramente" durante los primeros años de retroactividad adicional, dada la baja creación de nuevas hipotecas durante el periodo 2011 a 2013, pero aumentaría considerablemente si se amplía a años anteriores a 2010. Según la agencia, el coste podría superar los 16.000 millones de euros, teniendo en cuenta los contratos hipotecarios firmados desde 2004.
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