Los abogados del Banco Santander y de Andrea Orcel, el banquero italiano que estuvo a punto de convertirse en el segundo de Ana Botín, se encontrarán este lunes en una vista previa que promete cerrarse sin ningún acuerdo y abocar al que hubiera sido uno de los mayores contratos profesionales de la banca española a un juicio. Las posiciones que se vieron por ambas partes al comienzo de este conflicto laboral se mantienen inamovibles en estos momentos, por lo que el acto formal de la vista previa no será más que un paso preceptivo de cara al futuro juicio, tal y como todo parece apuntar.
La vista judicial que se celebra este lunes fue retrasada de su fecha inicial -el pasado 13 de abril- como consecuencia de la Covid-19, pero la disputa que en ella se dirimirá comenzó en verano de 2019 cuando se frustró la contratación del banquero, entonces en UBS. Banco Santander mantiene desde entonces una posición clara: no existía un contrato como tal con el italiano, solo una carta-oferta que no llegó a materializarse. La entidad que preside Ana Botín señala que aún existían flecos sin cerrar, pues estaba pendiente de la negociación de la retribución final y estaba sujeto, además, a su aprobación por la junta general de accionistas.
Del mismo modo, la contratación de Orcel debía ser aprobada por el consejo de administración del banco, recibir la evaluación de idoneidad por parte del Banco Central Europeo (BCE) y cumplir con el plazo de preaviso establecido por UBS, entidad a la que el italiano seguía ligado en ese momento. Ninguna de ellas se llevó a cabo, por lo que entienden que la carta-oferta no es más que eso y que no conlleva ninguna vinculación legal.
En el lado contrario se encuentra la defensa de Orcel que, tal y como señalaba en la demanda, considera que una carta en la que se establecía su remuneración supone un contrato vinculante. Con esta idea como eje central de la demanda, el banquero italiano pidió al banco una indemnización de hasta 112 millones de euros o el cumplimiento de dicha documentación, es decir, su incorporación a la entidad financiera como consejero delegado.
Orcel también lo intentó por la vía penal al entender que Banco Santander habría supuestamente manipulado certificaciones de actas de la comisión de nombramientos y de la de retribuciones para defender su versión de la carta-oferta. En cambio, el pasado mes de febrebro el magistrado Marcelino Sexmero, del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, declinó admitir a trámite la querella por supuesta estafa procesal que formulaba Orcel, dando carpetazo a esta vía.
Pérdida de confianza
Otro de los puntos clave del procedimiento es la pérdida de confianza que la entidad argumenta con respecto al banquero de UBS a lo largo del proceso de contratación que nunca llegó a su objetivo. De acuerdo con la argumentación de la entidad, desde septiembre de 2018 ambas partes mantuvieron intensas negociaciones para concretar la cuantía del 'buyout' -compensación tras su salida de la entidad suiza- que deberían incorporarse al futuro contrato.
De acuerdo con la versión del banco, desde el primer momento, Orcel trasmitió unas expectativas sobre la posición que mantendría UBS con respecto al pago de sus incentivos que nunca se cumplieron, llegando a asegurar que lograría reducir esta cuantía negociando con su hasta entonces empleador para que se hiciese cargo de hasta el 50% de la cantidad que se debía. En este sentido, incluso pidió a Santander que le ayudara a redactar una carta que enviaría a UBS en la que sostenía que la entidad debía hacer todo lo posible para asumir la mitad de la retribución diferida. El banco señala que no consta que dicha carta llegara a enviarse, mientras que el borrador sí le fue proporcionado por el banco.
Las grabaciones
A lo largo del procedimiento judicial han ido saliendo a la luz grabaciones de conversaciones entre una y otra parte que han sembrado la duda sobre algunos aspectos concretos de las negociaciones. De acuerdo con el banco, Orcel habría realizado dichas grabaciones sin consentimiento ni conocimiento de sus interlocutores, lo que consideran "una práctica de dudosa calidad ética y moral para alguien que pretendía desempeñar el puesto de consejero delegado de Banco Santander".
Santander, por tanto, enfoca la vista previa de este lunes como una cuestión puramente jurídica, sobre si el documento que centra las discrepancias tiene carácter vinculante. En cambio, el planteamiento de la defensa de Orcel es diferente y, tomando este hecho como cierto, apunta hacia la utilización del pleito como un espacio para criticar de manera directa y personal a Ana Botín, vislumbrándose la posibilidad de que se pida incluso su testifical en el juzgado. La mejor defensa es un buen ataque o, al menos, esa parece haber sido la intención del banquero italiano desde el comienzo del litigio.
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