Banco Santander ha atendido algunas de las demandas de los sindicatos por la integración de la red comercial de Banco Popular con la suya propia y ha rebajado el número de salidas del ERE (Expediente de Regulación de Empleo) hasta 3.464, lo que supone una reducción del 7% respecto a los 3.713 afectados que se plantearon en un primer momento. Además, la dirección de la entidad ha mejorado ligeramente las condiciones económicas de las salidas, según informan fuentes de los representantes de los trabajadores.
Esta mejora en las condiciones que ha propuesto el grupo que preside Ana Botín consiste en elevar hasta el 75% -desde el 70% previo- salario pensionable de las prejubilaciones entre los 58 y 61 años, mientras que para el colectivo de entre 55 y 57 años la propuesta se eleva hasta el 70% del salario -desde el 65% anterior-. Este planteamiento, en cualquier caso, es inferior a la de ajustes anteriores, cuando las prejubilaciones se efectuaron con el 80% del sueldo.
Con respecto a las bajas incentivadas, se ha incorporado a los empleados de 52 años al tramo de 53 y 54 años, a los que se ofrece un pago equivalente al 60% del salario pensionable durante de seis anualidades con un tope máximo de 380.000 euros, frente al límite anterior de 350.000 euros, así como diversas primas que oscilan entre los 30.000 y 15.000 euros.
Para los trabajadores de hasta 51 años, la oferta que ahora hace Santander es de 40 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades además de una prima que oscila entre los 30.000 y 4.000 euros en función de la antigüedad. Está previsto que el 60% del ajuste se cubra con empleados mayores de 52 años, mientras que el tramo inferior cubrirá el 40% restante.
Se suprime la movilidad entre islas
Respecto al cierre de 1.150 oficinas, la cifra se mantiene invariable, pero el banco ha atendido la petición de los sindicatos de eliminar la movilidad geográfica entre islas. De este modo, para los desplazamientos de entre 76 y 100 kilómetros se abonarán 6.000 euros más el kilometraje durante seis años.
La mejora en las condiciones, no obstante, sigue siendo insufuciente para los representantes de los trabajadores, que piden igualar las condiciones de este ERE a las del ajuste del año pasado, cuando salieron 1.100 empleados por la integración de los servicios centrales de Santander y Popular en España. Al ser superior el número de afectados, el banco defiende que no puede alcanzar las mismas condiciones sin disparar el ajuste del proceso.
Y es que la necesidad de Santander de cumplir con los compromisos adquiridos con sus accionistas cuando les pidió 7.000 millones de euros para poder comprar Popular 'atan las manos' a Botín, que prometió a sus accionistas una rentabilidad sobre la inversión del 13-14% al tercer año de la adquisición. El banco ahora debe alcanzar este objetivo en un contexto económico que se ha deteriorado más de lo previsto.
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