Jarro de agua fría a los inversores mexicanos del Popular liderados por Antonio del Valle en Estados Unidos. El ramillete de bufetes contratados por el Santander han solicitado al Tribunal que archive su demanda con el argumento de que carece de la presencia necesaria en aquel país para que pueda exigirle la información confidencial que obra en su poder sobre el Popular y violaría el secreto profesional impuesto por la Junta Europea de Resolución (JUR) de sacarla a luz.
La familia del Valle, junto a medio centenar de inversores mexicanos, propietarios en su día de más de un 4% del Popular tras invertir 470 millones de euros, instaron hace un mes un procedimiento de ‘discovery’ en un Tribunal Federal de Nueva York para que le fuerce a divulgar cierta información con la finalidad de utilizarla en los procesos judiciales abiertos en España y Luxemburgo. Siguiendo sus pasos los fondos Pimco y Anchorage, a los que la resolución pulverizó sus 644 millones en bonos del Popular, abrieron idéntica iniciativa el pasado día 4.
La respuesta del Santander no ha tardado. Se dirige al primer caso por encontrarse más avanzado y busca desmontar una a una sus tesis. Para empezar la ley Federal habilita esta vía cuando la empresa está arraigada en el país. El despacho estadounidense Kirkland & Ellis que defiende a los inversores mexicanos -y posteriormente el londinense Quinn Emmanuel que representa a los bonistas- alegó que ocupa el noveno lugar en el ranking de depósitos en Nueva York, acudió a EEUU cuando realizó la ampliación de capital para adquirir el Popular, cotiza allí y no estaba personado en los procesos para los que buscan recabar las pruebas.
La réplica de la defensa ejercida por Hunton Andrews Kurth al tribunal es que “carece de autoridad” para forzar el ‘destape’ porque se trata de un grupo español, con presencia en 40 países, las operaciones en EEUU apenas representa el 6,6% de sus depósitos y beneficio, y en Nueva York solo cuenta con una sucursal que además no se involucró en la operación aunque sí reconoce que acudió a la plaza financiera para ‘vender’ la ampliación a inversores estadounidenses.
Para el caso ha movilizado a la legión de bufetes en los que se apoya para encarar el ‘Caso Popular’ e involucra, junto a la firma texana, a letrados del despacho Pérez-Llorca y de Uría Menéndez por sus servicios al Santander y Popular ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuya personación le sirve para rebatir no es parte en los procesos para los que interesan las pruebas.
Pero la tesis troncal sobre la que construyen la demanda de archivo es que tanto la documentación, como los organismo que la generan -JUR, BCE, etc), los potenciales testigos y hasta los interesados están radicados en Europa y ni siquiera se han agotado las alternativas existentes para recabar datos, al continuar abiertas vías como la Corte de Apelación que ya obligó a la JUR a divulgar ciertos informes. “Los documentos y testimonios que se buscan aquí son accesibles a los mismos órganos encargados de las disputas subyacentes. En tales circunstancias, este Tribunal debe ejercer su discreción y denegar la solicitud”, argumentan los letrados del grupo financiero.
“El único testigo ubicado en los EEUU con información que responda a las solicitudes de los peticionarios es el director jurídico de Shusa (la filial) y la información está relacionada solo con la adquisición indirecta de TotalBank”, afirman en un escrito, donde avisa al Tribunal americano del riesgo de convertirse en una suerte de “cámara de compensación” de solicitudes de información de litigantes “de todo el mundo” en busca de pruebas si accede a las pretensiones.
El grupo encabezado por el exconsejero azteca del Popular y que lideró las maniobras internas para derribar a Ángel Ron en la presidencia ha planteado 40 requerimientos distintos de información y datos sobre lo que rodeó el colapso y la venta del sexto banco. Este grupo sostiene que la JUR violó las normas al obviar la macroampliación de capital que estaban promoviendo y para la que afirman que contaban con el compromiso de acudir de Luksic, Pimco y Anchorage . Los letrados del Santander advierten al magistrado de que estos inversores contaban con sillón en el banco desde su irrupción en el capital en 2013 hasta aquel difícil último consejo que pidió la intervención al Banco de España, después de que la entidad arrastrase problemas por la losa inmobiliaria durante años.
Sobre el fondo del asunto los letrados del Santander refieren que está obligado a ser discreto porque el organismo presidido por Elke König exigió a todos los participantes en la puja del Popular firmar una cláusula de secreto profesional, y rehúsa divulgar información propia para proteger datos sensibles y la estrategia del Santander. La defensa legal desvela, de hecho, que el banco cántabro ha intervenido ya en algunos casos en apoyo del JUR y al BCE, cuyo celo relata que se encuentra respaldado por normativa europea para proteger sus actuaciones y es sido reconocida por autoridades estadounidenses.
“La capacidad de la JUR para efectuar la resolución de instituciones financieras significativas quedaría paralizada si no pudiera interactuar y decidir entre posibles compradores como Santander sin preocuparse de que sus comunicaciones estarían sujetas a divulgación pública”, advierte. Según los letrados del Santander, la única instancia con capacidad para levantar velos o recabar información, vía entrega de documentos, testificales o peritajes es la Corte de Luxemburgo. En sus puertas hay 98 demandas contra los supervisores europeos (JUR y BCE) y las instituciones (Comisión, Consejo y Parlamento Europeo).
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