La investigación sobre la caída del Popular vivirá esta semana una cita clave. Sus expresidentes, Ángel Ron y Emilio Saracho, acuden el jueves día 12 a la Comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso. Será la primera vez que ambos banqueros se sometan a un interrogatorio sobre el estado del banco bajo su mando, las razones del colapso y si se pudo (cómo y cuándo) hacer más por impedir su extinción. De la situación extrema, donde ya no cabían medidas paliativas y era obligado aplicar tratamiento de shock, dan, sin embargo testimonio, las actas de las últimas reuniones del consejo de administración presididas por ambos e incorporadas por el juez Fernando Andreu al proceso abierto en la Audiencia Nacional.
Avanzada la tarde del día 6 de junio de 2017, el máximo órgano de decisión liderado por Saracho firma la defunción de la entidad con la solicitud de intervención al Banco de España. Será el disparo final que precipita aquel martes la maquinaria para su resolución aunque la venta se encontraba desde cuatro días atrás en manos de la Junta Única de Resolución (JUR) con previsión de llevarla a término durante el fin de semana siguiente. No llega porque en los días previos la salida de fondos se desborda, en gran parte ordenada por administraciones y entes públicos, y el supervisor niega un mayor recurso a la liquidez del Banco Central Europeo (BCE). La inquietud y malas noticias que rodeaban la entidad desde hacía meses provocaron una salida de 5.350 millones de euros en abril, 5.232 en mayo y solo entre el 1 y 6 de junio huyeron 9.700 millones (2.984 millones solo en la víspera).
Los resúmenes notariales desvelan que la preocupación viene de muy atrás. La razón es que los incesantes cambios regulatorios exigen un nivel de provisiones para sanear el ladrillo imposible de atender en calendario solo con cargo a resultados y se precisa vender activos, renunciar a la independencia o volver a ampliar capital (sería la cuarta macroampliación desde 2012) porque no atacó nunca de forma radical el problema. El nerviosismo se acentúa de manera intensa precisamente desde la ampliación de 2.500 millones en junio de 2016, pero a finales de año se articula el relevo de Ron, forzado por una rebelión contra su gestión en el consejo, y entra cierta esperanza en que el sucesor sofoque la batalla interna y logre cerrar el ciclo con la definitiva solución.
Pronto saltarán, sin embargo, nuevos focos de temor: en el consejo del 30 de marzo Saracho habla de “defectos de control” en la contabilidad en 2014 y ejercicios previos para sorpresa de algunos consejeros, y que castigarán las cuentas ya presentadas de 2016. Los ajustes se quedan finalmente en 600 millones por distintos conceptos, sin obligación de reformular los estados contables, pero tal enmienda ya había contribuido a socavar la frágil confianza en la enseña con su difusión y porque se lleva por delante además a Pedro Larena, el consejero delegado fichado en Deutsche Bank escasos meses atrás para pilotar la nueva estrategia.
La franqueza con que Saracho había abordado en sus únicas declaraciones públicas ante la junta celebrada por el banco poco antes - el 20 de febrero- que el futuro pasaba por una fusión o macroampliación de capital no había ayudado precisamente calmar las dudas. Su batalla se centra en explorar ambas vías e intentar denodadamente, sin éxito, que Franckfurt y Bruselas concediesen tiempo adicional para ejecutar la estrategia. La fecha ‘finish’ a la que se enfrenta es el cierre de junio, cuando toca la revisión semestral de los ratios de solvencia y el riesgo de incumplirlos está latente. La tasa del Popular cumple con el mínimo regulatorio pero el temor es que deje de hacerlo cuando se cierre la retasación de inmuebles encomendada para conocer el estado real de la entidad de cara precisamente a plantear una fusión o ampliación, y haya que cubrir el potencial déficit de provisiones. Ese temor queda por escrito en las últimas actas del 6 de junio. Y por eso busca interesados en la entidad o en reforzar el capital cuando se audite el ladrillo.
Un poco antes, en abril, la situación aún resulta gestionable, pero los resúmenes de los consejos de mayo ya desvelan el escrutinio minucioso de las autoridades europeas. El 18 de ese mes, Saracho comparte con los consejeros una carta de la presidenta del brazo supervisor del BCE, Daniel Nouy, y el 29 de mayo les convoca con urgencia porque Elke König, presidenta de la JUR, le había notificado el día 24 que quiere empezar a preparar las herramientas por si la entidad fallase y tuviese que intervenir, y le solicita información sobre el proceso de negociación con los grandes bancos. Posteriormente se conocerá que fichó a Deloitte el día 23 de mayo para efectuar una valoración del banco.
Los consejeros manifiestan sorpresa y desencanto con la ausencia de herramientas de liquidez que ayudasen a la entidad a ganar tiempo para encarar y resolver el problema, y reprochan al regulador la falta de previsión. La supervisión de las autoridades y el control era estrecho y rutinario desde hacía tiempo, como atestigua que Saracho informase de reuniones con responsables del BCE, Frob y Banco de España desde el 15 de mayo. Sin embargo, la alternativa de una inyección de ayudas públicas de la que luego sí se beneficiarían los bancos italianos fue negada por el BCE porque el Popular había superado las pruebas de resistencia. El día 6 se entrega, por el ahogo de liquidez, y en su segunda intervención pública a través de un video colgado en la intranet del Popular Saracho reconoce a la plantilla el “fracaso” y defiende la adjudicación al Santander como la mejor solución posible porque la situación de la entidad “era insostenible e imposible de mantener su valor”.
El ejecutivo llegado desde lo más alto de la banca de inversión de JP Morgan asume su responsabilidad al “no haber conseguido mantener la confianza en el banco” ante el nivel de “ansiedad” mostrado por los clientes, que sacaron a espuertas su dinero. “No repetiré nada parecido en mi vida”, llega a confesar. El coeficiente de liquidez o cobertura de liquidez debe situarse en un banco por encima del 80%, en los últimos seis días se precipitó desde el 74,7% al 24%.
Ron, conocedor y sufridor de la gestión de expectativas entre la clientela con malas noticias sobre el banco en la calle, había solicitado al consejo “apoyar” a Saracho y mantener en la esfera interna los debates. “Una entidad de crédito no puede permitirse, sin grave deterioro de la reputación”, que los enfrentamientos internos se divulguen, dijo según las actas del 17 de enero donde el banquero aprovecha para dar su visión sobre la situación y justificar la gestión: cuando llegó a la entidad, explicó, “recibió el legado de Luis Valls de mantener la independencia”.
Tal obsesión de no embarcarse en fusiones, apoyada o exigida por los mayores accionistas, es el error de bulto que según los expertos impidió resolver los problemas a tiempo y evitar la extinción del banco a los 92 años de su fundación. Ron, que sería relevado en la presidencia el 4 de abril por Saracho, glosó en dicha reunión la necesidad de acelerar la toma de decisiones ejecutando el plan por él diseñado de vender activos (TotalBank, Wizink, etc), crear el ‘banco malo’ Sunrise, junto a una ampliación de capital o ir directo a una fusión si su opción se dificultaba. El plan de desinversiones y Sunrise lo había frenado Saracho hasta tener un diagnóstico claro de la situación para diseñar una solución global y definitiva, con el resultado final más inesperado.
Fue bajo la dirección de Ron -consejero delegado desde 2002 y presidente a partir de 2004- cuando la entidad cometió la imprudencia de sumarse al festín inmobiliario para ganar dimensión y espolear la rentabilidad en el peor momento. El inesperado crash inmobiliario detonó, agravándose con la insaciable factura regulatoria que no supo gestionar a tiempo. Pero vadea los apuros con su propio pulmón, obsesionado con mantener la independencia y evitar perder la gestión si solicitaba ayudas públicas, hasta que en 2016 una nueva y decidida vuelta de tuerca regulatoria exige una solución radical.
La realidad aparca el anhelo de independencia. Según las actas del consejo celebrado el 28 de noviembre, Ron comunica que mantiene contactos “reiterados” con Unicaja e Ibercaja para explorar una fusión, y que BBVA y Santander han manifestado interés por la entidad. La idea de una unión con Sabadell auspiciada por el consejero mexicano Antonio del Valle, se descarta ante las pobres sinergias. Tras años de defender la autonomía, el banco había arrinconado dicho sueño con el arranque del año porque las actas de mayo de 2016 hablan de la imposibilidad de cerrar una operación corporativa hasta que sanee balance por imposición del supervisor. ¿Se pudo hacer más por parte de los gestores de la entidad? ¿Qué límites o requerimientos del supervisor condicionaron el desenlace? Eso queda fuera del testimonio de las actas aunque Saracho y Ron tendrán ocasión de formular sus versiones.
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