Sareb entra en coma y busca un respiro para sobrevivir en la ingeniería contable

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) está en quiebra técnica. Cualquier otra compañía en su situación estaría ya en causa de disolución, pero el 'banco malo' tiene la particularidad de que nació con un mandato legal a cumplir en 15 años y, por ello, el Gobierno decidió salvarle en marzo de 2020 cambiando el régimen jurídico que le afecta para que pueda continuar con su labor a pesar de que se ha 'comido' todas las aportaciones (capital y deuda subordinada convertible) de las que disponía. Sus accionistas acaban de dar 'luz verde' a consumir los últimos 1.430 millones de euros que le quedan, de los que buena parte se diluirán para compensar las pérdidas de 2020 y el resto acabará por disiparse en los próximos meses. 

De este modo, la junta general de la sociedad ha aprobado la conversión de 1.430 millones de euros de deuda subordinada en capital, pero la constitución de estos fondos propios apenas durarán. Sareb lleva anotándose año a año unos 'números rojos' que en 2020 alcanzaron los 1.073 millones de euros, un 13,3% superiores al resultado negativo de 947 millones registrados en 2019. Las pérdidas del ejercicio pasado deberán restablecerse con los recursos que acaban de aprobarse, por lo que solo le quedarán 587 millones de euros (230 millones de capital extra que le sobraba y 357 millones restantes de la deuda ahora convertida). Lo previsible es que termine 2021 con un quebranto en sus cuentas similar al anterior, por lo que ya en el transcurso de este pasado primer trimestre habrá agotado esta 'bomba de oxígeno'. 

Para llegar a esta situación hay que remontarse al año 2012, cuando se compraron más de 200.000 inmuebles de las entidades con problemas para retirar de ellas los activos tóxicos. Por ellos se pagaron mediante bonos avalados por el Tesoro unos 50.781 millones de euros, un precio que más tarde se determinó que estaba sobrevalorado. Aunque durante estos años sus gestores han tratado de ir conteniendo el precio de los activos, la cartera estaba demasiado deteriorada y las pérdidas han ido arrasando en cada venta que se ha ido produciendo. 

Sareb deberá maximizar su capacidad de generar caja porque es la única forma que le queda para asumir sus gastos

Con el cambio de normativa, la entidad tendrá ahora la libertad de sobrevivir con solo los ingresos generados a través de su actividad ordinaria. Sareb confía en la caja que le genera sus ventas para asumir los gastos de su propia estructura o proveedores, entre otros. Su misión es la de vender y vender para ser cada vez más pequeña y llegar así a la recta final para proceder a su liquidación. De hecho, dado que el consumo de recursos propios ya no es un problema, las fuentes consultadas prevén que las ventas se acelerarán y, con ellas, empezarán a aflorar unas pérdidas mayores a las observadas hasta ahora. 

Pero además de esta nueva circunstancia, Sareb se ha convertido recientemente en un lastre para las cuentas públicas del Estado. La agencia estadística europea, Eurostat, ha obligado a cargar dentro del balance público este compromiso, una nueva reclasificación que ahoga con casi 35.000 millones de deuda extraordinaria y algo más de 7.000 millones de euros de déficit. Esta nueva contabilidad provoca que la deuda sobre PIB de España se dispare y sobrepase el 120%, precisamente lo que se quería evitar con su creación.  Actualmente le quedan siete años, en 2027, para su disolución teórica -aunque ya empieza a plantearse la posibilidad de alargar su existencia en el tiempo- y aún mantiene una deuda de 34.918 millones de euros. Durante este tiempo, solamente se han devuelto 15.863 millones de euros, un 31,2% de los 50.781 millones iniciales. 

Empieza la cuenta atrás para que el Estado se haga con el 100%

A pesar de formar ya parte de las cuentas públicas, siguen estando en su accionariado los principales bancos del país, una condición que les fuerza a mantener unas provisiones asociadas cuando el riesgo para ellos es cero. Las entidades consideran que ya no tiene sentido seguir en su capital y, dada su evolución y el nuevo modelo de contabilidad, deberían ofrecerles la posibilidad de salir para que sea el Tesoro el que adquiera el 100% del 'banco malo'.  Actualmente, el 54,1% de su capital está en manos privadas, principalmente de Santander (22,23%), CaixaBank (12,24%) y Sabadell (6,61%). El resto del bloque privado se distribuye entre otras 23 entidades y aseguradoras. Por su parte, el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), tiene el 45,9%.

Pasada la junta, en la que también se ha dado el visto bueno a la elección de Javier García del Río como nuevo presidente tras la dimisión de Jaime Echegoyen, y una vez haya consumido todo el capital que le quedaba, diversas fuentes consideran que es probable que el Ejecutivo esté en disposición de tomar una decisión sobre la fórmula en la que puede hacerse con el 100% de la compañía. Los primeros contactos entre los grandes accionistas y el Estado ya se habrían iniciado, aunque la salida no será inminente. En todo caso, el primer paso que habrá que darse es el de modificar la la normativa que establece que en ningún caso la participación pública podrá ser igual o superior al 50% del capital de las sociedades de gestión de activos, lo cual puede producirse en cualquier momento mediante acuerdo en Consejo de Ministros.