Sebastián apunta a Uría y Garrigues por conflicto de interés en el 'forensic BBVA'

  • Los asesores legales del exministro advierten que el banco lleva años tomando decisiones asesorado por los mismos despachos que ahora le investigan. 
Sebastián apunta a Uría y Garrigues por conflicto de interés en el 'forensic BBVA'.
Sebastián apunta a Uría y Garrigues por conflicto de interés en el 'forensic BBVA'.
EFE

El escrito de personación que el exministro de Industria, Miguel Sebastián, ha enviado a la Audiencia Nacional, para que se le incorpore como acusación en el caso Villarejo (Tándem), advierte al juez que no espere grandes descubrimiento de la investigación interna que ha abierto la entidad (forensic), dado que los “despachos de máximo prestigio profesional” que se han contratado para ello (Uría, Garrigues y, en menro medida Pwc) pueden no ser los ídóneos “por sus previas vinculaciones personales y profesionales con las personas que deben ser objeto de dicha investigación”. Según el escrito elaborado por los asesores jurídicos de Sebastián, al que ha tenido acceso La Información, de ser cierta esa relación personal de alguno de los asesores actuales en anteriores operaciones de Francisco González (dentro o fuera del banco), inhabilitaría a dichas entidades para desarrollar con objetividad la labor de investigación interna por la existencia de un claro conflicto de intereses”.

Aunque pueda parecer un punto más de los doce que tiene el escrito enviado por Sebastián a la Audiencia, fuentes cercanas consultadas advierten que apunta a la relación directa que en su día se tuvo desde el despacho de Uría Menéndez con Francisco González, en la venta de su sociedad de valores FG Asesores Bursátiles, a principios de 1996. La asesoría jurídica de esa operación la llevó Juan Fernández Armesto, entonces socio de Uría y que a finales de ese mismo año sería presidente de la CNMV con Aznar ya en el Gobierno. En esa operación, junto a Armesto estuvo también Luis de Carlos, que es el actual socio presidente del despacho y que se incorporó hace un mes a la investigación que se desarrolla en el banco, por decisión de la propia entidad y su actual presidente, Carlos Torres.

Resultó chocante en el sector jurídico y en el ámbito financiero ver cómo Uría entraba hace apenas un mes en un proceso abierto en el banco que, según aclaró la entidad al día siguiente de conocerse su contratación, estaría dirigido en todo momento por Garrigues, que es su máximo competidor en el sector del derecho de los negocios. Es conocido, además, que Uría es el despacho de cabecera del Banco Santander, que es el máximo competidor del BBVA. Fuentes financieras cercanas a todo ese proceso aseguraron en su momento que la única ligazón posible era la operación de venta de la sociedad de FG, por más que desde entonces hayan pasado más de veinte años y las cosas, tanto en el banco como en ambos despachos de abogados, hayan cambiado mucho.

La venta de FG Asesores ha saltado además a los medios en las últimas semanas a raíz de nuevo del caso Villarejo, tras conocerse un documento que apuntaba hacia la supuesta implicación el excomisario en el incendio del edificio Windsor, en el centro de Madrid, hace ahora catorce años, con la intención de que no se recuperasen unos documentos relativos a la venta de esa agencia a Merril Lynch. La operación estuvo rodeada de polémica tras la revisión que hubo que hacer de unas pérdidas patrimoniales millonarias ocultas que no se habían tenido en cuenta a la hora de marcar el precio. Los documentos, que supuestamente estaban en las oficinas de Deloitte, desaparecieron en el fuego.

Del lado de Garrigues, es conocido que el despacho trabaja con BBVA en algunas de sus operaciones, si bien fuentes jurídicas consultadas cercanas aseguran que nunca ha actuado como asesor personal de Francisco González en alguno de sus negocios personales. Es el despacho que dirige la investigación y que ha promovido la realización de un 'forensic' en el seno del banco, después de varios meses en los que no ha aparecido ninguna documentación oficial que pudiera comprometer su actuación en las supuestas escuchas que encargó su entonces presidente para espiar a Sebastián y a cientos de empresarios más.

El citado forensic, encargado a Price Waterhouse Coopers (Pwc), analizará todos los soportes y formatos técnicos que utilizó el banco en busca de algún indicio que pueda ser sospechoso, más allá de lo que ya se conoce sobre la contratación de la empresa de Villarejo (Cenyt) para hacer informes de seguridad y sobre riesgo país. Desde el banco se admite que será muy difícil tener algún resultado antes de la junta del banco. Aún así, el escrito enviado a la Audiencia Nacional por Miguel Sebastián advierte que todo ese proceso será “absolutamente ineficaz”, no solo por las dudas sobre los despachos contratados, sino porque, además, la persona al frente de la auditoría interna fue jefe de gabinete del propio FG y guardián de sus secretos.

Datos para lanzar una querella

El documento en el que se pide la personación ordena los hechos sobre el caso con la información derivada de las publicaciones que hasta ahora se han ido conociendo en diversos medios, sobre todo desde Moncloa.com, con la intención de tener acceso a la causa y poder fundamentar mejor la querella que se pretende interponer contra Villarejo y el propio BBVA, por haber espiado al exministro cuando era jefe de la oficina económica del Gobierno y haber difundido información falsa sobre cuestiones muy personales suyas.

Según la argumentación ofrecida, “con independencia del esclarecimiento penal de los hechos, la más elemental política de compliance obligaba al actual equipo directivo del BBVA a ofrecer una mínima explicación a las personas cuya intimidad fue drásticamente vulnerada y a las que se les 'fabricó', por encargo, un falso relato acerca de su vida personal, con el solo propósito de desacreditarlo ante los demás y crear un contexto intimidatorio dirigido a torcer su voluntad”.

Fuentes jurídicas cercanas a ese proceso aseguran que la estrategia legal que va a seguir Miguel Sebastián, asesorado por el despacho del exministro de Justicia, Francisco Caamaño, va a ser muy similar a la que llevarán otros perjudicados, como el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero; el exdirectivo de la constructora Vicente Benedito; y el exvicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas, entre otros.

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