El exministro de Industria, Miguel Sebastián, y el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, preparan cada uno por su lado las acciones legales que pretenden poner en marcha contra el BBVA y Francisco González, por lo que entienden que ha sido una vulneración de sus derechos personales, atacando sobre todo su buena imagen con informaciones que entrarían dentro del ámbito de la injuria y la calumnia, entre otros posibles cargos. Según fuentes jurídicas consultadas cercanas a ambos casos, aunque se hayan reunido para contrastar sus estrategias, dado que son dos de los principales damnificados por las investigaciones que el banco contrató con la empresa del excomisario Villarejo (Cenyt), no contemplan una demanda colectiva por el momento, dado que entienden que cada uno tiene unos intereses distintos que salvaguardar en este caso.
La reunión que mantuvieron ambos con el exdirectivo de Sacyr Vicente Benedito (a la que también estaba convocado el exvicepresidente de la CNMV Carlos Arenillas, pero no acudió) sirvió para analizar la cuestión y coordinarse, pero con la claridad de que cada uno iría por su lado. Una de las claves de su acusación pasa por dejar claro que, cuando se produjeron los hechos, no hubo ninguna conspiración ni “grupo hostil” avalado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, cuestión que quedaría poco clara si ahora uniesen sus demandas.
La primera cuestión que los abogados de ambas partes deben dilucidar en estos momentos es si van a presentar una demanda en el ámbito civil o se van a decantar por presentar una querella, que debería centrarse en que en el seno del BBVA se vulneraron todas las reglas posibles sobre buen gobierno corporativo y delitos contra el mercado. Hay que tener en cuenta que la vía penal de la querella postergaría cualquier otro proceso civil abierto sobre la misma causa hasta su resolución.
Por otro lado, sean demandas o querellas, también es importante distinguir si se van a dirigir contra el banco como persona jurídica (que también puede tener responsabilidad penal) o se van a centrar en Francisco González, el ahora presidente de honor que, según apuntan las informaciones publicadas, pudo ser el impulsor de la investigación que se encargó a Villarejo. Con todas esas opciones abiertas sobre la mesa, la decisión puede ser tan simple como una demanda civil al banco, pero se puede complicar con añadir una querella contra FG, el propio Villarejo y la empresa que realizó las escuchas y los informes para la entidad.
Los expertos jurídicos consultados advierten que hay que tener en cuenta que las reglas sobre buen gobierno corporativo y ‘compliance’ que se han desarrollado en España en los últimos cuatro o cinco años no son las mismas que había en el momento en el que se produjeron los hechos, una cuestión que va a limitar mucho las opciones penales de las acusaciones particulares en este caso.
De la misma forma, también saben que una resolución desfavorable en la vía penal contra el banco, dada la gravedad y la envergadura del caso, con miles de personas “espiadas”, algunas de ellas pertenecientes al Gobierno, posible revelación de secretos y difusión de datos personalísimos (todo ello con una empresa para la que trabajan funcionarios de policía) sería muy perjudicial para la reputación de la entidad. “Si bien el ‘compliance’ no era antes como ahora, sus consecuencias actuales frente a una resolución penal desfavorable pueden incluso impedir que la entidad pueda contratar con el Estado o sus empresas e instituciones, como contempla la nueva Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 71.1”, advierten fuentes jurídicas conocedoras de este ámbito.
El acicate de Villarejo en la Audiencia Nacional
Por otro lado, todo el proceso que ahora puede abrirse contra el banco o el propio Francisco González cuenta con la instrucción en paralelo que en la Audiencia Nacional se está haciendo contra el excomisario Villarejo por el caso Tandem. El juez que lo lleva, Manuel García Castellón, abrió diligencias para indagar si existen suficientes indicios en el caso de las escuchas realizadas por encargo del BBVA como para abrir una pieza separada dentro del caso que se instruye contra el excomisario, e incluso abrir una nueva instrucción dada la relevancia de los hechos investigados. Es más, los expertos advierten que una de las mejores opciones que tienen ahora los perjudicados es iniciar un proceso penal y esperar a que la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia hagan una instrucción penal, que sería preferente y de cuyos resultados podrían beneficiarse.
La declaración que este mismo jueves ha hecho en la Audiencia el abogado de Villarejo, en el sentido de que el caso del BBVA tiene mucho más alcance del que parece, y hasta marcó el devenir de la vida pública española tras el 11-M, viene a echar más leña al fuego que se ha abierto contra el banco y sus manejos. Las fuentes jurídicas tratadas advierten que, aunque se trate de unos hechos ocurridos hace catorce años, se han continuado en el tiempo y, además, se han conocido ahora, algo que les hace "perfectamente perseguibles".
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