La patronal del gas (Sedigas) prepara una ofensiva contra el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). El fondo está recogido en un anteproyecto de ley visto por el Gobierno en diciembre y al mismo tendrán que contribuir, en función de sus ventas, todas las empresas que venden electricidad, gas o carburantes. Entre 500 y 1.000. La primera escaramuza tendrá lugar en el Consejo de Estado. El órgano consultivo tiene que informar sobre la futura norma y Sedigas tiene listo el argumentario legal que va a presentar ante el Consejo en contra del traslado del coste de las renovables desde las compañías eléctricas al conjunto de las empresas energéticas. Según las compañías más vinculadas al negocio de hidrocarburos, la medida perjudicará a la industria y a los consumidores.
La pelea va a ser dura. Tras el Consejo de Estado llegará la tramitación en el Congreso. Las compañías más afectadas por el fondo diseñado por el Ministerio de Transición Ecológica, como Naturgy o Repsol, consideran la medida un grave error. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, fue rotundo en el rechazo a los planes de Ribera porque, en su opinión, tienen por objetivo "pagar a los fondos, en algunos casos especulativos" y "las fiestas de las eléctricas".
La obligación de contribuir al nuevo fondo será gradual durante los próximos cinco años, de forma que el primer ejercicio se financiará un 20% de los 7.000 millones destinados a desplegar renovables, un 40% el segundo año y así hasta llegar al 100% en 2026. El reparto según las ventas hará que el mayor esfuerzo recaiga sobre las petroleras (43%), seguidas por las eléctricas (31%) y las gasistas (25%).
Petroleras incómodas
Transición Ecológica justifica la medida que tanto incomoda a petroleras y gasistas en la necesidad de lograr los objetivos de descarbonización "de la manera más eficaz y eficiente posible". Para el departamento que dirige Ribera, la creación del nuevo fondo supone una "prestación no tributaria" con una justificación "jurídicamente sólida". Pero sabe que esa solidez se va poner a prueba. No solo en el Consejo de Estado, sino también en los tribunales.
Las peleas en el sector energético suelen ser largas. La creación en 2014 de otro fondo, el de Eficiencia Energética, provocó una pugna en los tribunales que duró cinco años. Entonces, como ahora, la creación de un nuevo instrumento de recaudación con tintes medioambientales soliviantó a las más de 500 empresas afectadas. La aportación en disputa fue de 200 millones y sólo acabó con una sentencia del Supremo dando la razón al Gobierno. Con el nuevo fondo, ni las exenciones previstas - hidrocarburos consumidos en la generación eléctrica, el queroseno que emplea la avión comercial y el gasóleo agrícola-, ni la justificación oficial convencen a las compañías que tienen que pagar.
Sedigas tiene los números hechos. Según sus cuentas, el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico incrementará los costes energéticos de la industria hasta un 25% y la factura de calefacción de los hogares en un 10%. Los consumidores de todos los sectores energéticos, según la asociación, tendrán que aportar en torno a 6 euros MWh de media para cubrir los nuevos costes que repercutirán las empresas a todos los clientes. El sector del gas esperaba el traslado de costes desde el recibo eléctrico a los presupuestos generales, una vieja reclamación de las compañías eléctricas, pero no un reparto de cargas entre comercializadoras que penaliza un sector que, según argumenta, ha hecho un gran esfuerzo inversor para actuar como respaldo -back up- de las energías renovables.
El sistema no funciona
Frente a las críticas, el Gobierno sostiene la necesidad de actuar, porque el mecanismo de financiación del sistema eléctrico creado a partir de la Ley 15-2012, con los recargos al carbón, las nucleares, la generación (7%) y el canon del agua ya no funciona. La recaudación-en torno a 3.000 millones por año-no es suficiente. En 2019 hubo más de 500 millones de déficit tarifario que tuvo que ser cubierto con excedentes de años anteriores. El sistema cojea. Según el ministerio, si no se modificara el sistema de financiación a las renovables, con la Ley en vigor habría que ajustar al alza la parte regulada del recibo de la luz de manera automática. Con las previsiones actuales, esto supondría un incremento de entre un 10% y un 15% de la parte regulada de la factura.
El dictamen que elabore el Consejo de Estado sobre el fondo eléctrico, aunque no sea vinculante para el Gobierno, puede suavizar el impacto en las empresas. Como ha demostrado la polémica sobre el decreto ley que afecta al gasto de los fondos europeos, las observaciones del Consejo tienen peso en el debate público. El organismo explica que sus dictámenes "son la expresión solemne y formal del parecer jurídico cualificado del supremo órgano consultivo". Y eso tiene su peso.
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