A vueltas sobre el pago por uso en carretera y la fórmula que se implantará en España. Las constructoras y concesionarias ven en esta nueva medida la oportunidad de estrechar lazos con la Administración y engordar su cifra de negocio. Seopan, la patronal de empresas como ACS y Ferrovial, lleva tiempo alertando de la necesidad de que la conservación de las carreteras españolas pasen a cargo de quienes la utilizan, con la imposición de una tasa finalista, y dejen de sufragarse vía Presupuestos Generales del Estado (PGE). El Gobierno, por su parte, coincide ya abiertamente en esta necesidad, pero ultima los flecos de su plan. Y, en medio, el programa Next Generation de los fondos europeos para la recuperación tras la pandemia aparece como el punto de encuentro para ambas partes.
La patronal de las constructoras tiene en mente una iniciativa por la cual la Comisión Europea sufragaría parte de la implantación de estos peajes. El programa, que fue presentado en enero de la mano del grupo de ingeniería Tecniberia, cobra ahora fuerza en medio de la reapertura del debate sobre quién debe pagar el mantenimiento de las carreteras españolas. Fuentes de Seopan reconocen a La Información que está propuesta sigue viva y está sobre la mesa del Ministerio de Transporte, que debe ahora delimitar su hoja de ruta y estudiar en qué puntos encaja con su plan a implementar entre finales de 2023 y finales de 2024. En sus distintas convocatorias con proyectos a sufragar al calor del maná europeo, la carretera apenas ha acaparado algún proyecto. Solo aquellos relativos a los planes de acción contra el ruido.
El sector privado plantea por su parte un proyecto tractor en la que se destine una partida de 1.369 millones en la implantación del pago por uso, si bien solo una pequeña parte sería sufragada por la Administración. Este dinero, de acuerdo a las voces consultadas, corresponderían a la instalación de pórticos y cualquier sistema de pago que se seleccione para estos nuevos 'peajes'. En sus proyecciones, Seopan y Tecniberia creen que la iniciativa tendría un impacto positivo de 19.162 puestos de trabajo y un retorno fiscal de 671 millones de euros. La actividad económica inducida sería de 2.628 millones de euros. Entre sus beneficios, el estudio señala la reducción de CO2 en las carreteras, principal objetivo a combatir por Europa en los planes de descarbonización para 2030.
Seopan siempre se ha mostrado favorable al fin de la gratuidad en las carreteras. Su presidente Julián Núñez ha explicado en reiteradas ocasiones que la medida es necesaria para atajar el déficit millonario en carreteras que ahora mismo existe en España (aproximadamente 8.000 millones de euros). Esta necesidad también la ha hecho patente a través de la consultora A.T. Kearney, que elaboró un estudio sobre las necesidades en las infraestructuras españolas y concluyó que el país tiene carencias en aspectos relativos al mantenimiento.
Modelo por definir
Pese a que el Ejecutivo ya ha reconocido que la implantación del pago por uso es un compromiso firme con Bruselas para equipararse con el resto de socios europeos, quedan en el aire muchas dudas sobre la letra pequeña de cómo serán estos nuevos peajes. Consciente de la impopularidad de esta medida por su amplio alcance en la población -su propio socio en el Ejecutivo se ha desmarcado de la propuesta y la industria de la automóvil no ha tardado en criticarla-, el propio Gobierno prefiere no hablar de peajes y sí de tasas, descartando que el nuevo sistema tenga algún parecido con sistemas conocidos hasta ahora en las autopistas en España.
El secretario general de infraestructuras, Sergio Vázquez, quien confirmó esta semana lo que era un secreto a voces, no quiso aportar más detalles ayer, miércoles, cuando fue preguntado al respecto. "Prometo que no voy a dar ningún titular sobre este tema", bromeó cuando fue preguntado. Lo cierto es que Transportes no tiene prisa por abordar este debate, ya que sabe que tiene margen para cumplir con su palabra ante Europa. El número tres de Transportes aclaró que quien pague por circular por las carreteras pagará el mantenimiento, nunca la construcción de la infraestructura.
La idea que más se barajó inicialmente fue el peaje blando que existe en Portugal, que fija un pago en función del número de kilómetros recorridos. Pero también está sobre la mesa la opción de la viñeta, que fija un cánon -anual, mensual o diario-, para circular por la carretera. Otra duda está en el precio a pagar, pues es habitual que la administración discrimine entre vehículo ligero y privado a la hora de fijar este tipo de tarifas, habida cuenta de que ambas desgastan en distinta intensidad el pavimento. El tercer elemento a esclarecer es a qué carreteras aplicará el nuevo sistema, ya que distintos expertos del sector señalan la necesidad de extender el pago por uso a las carreteras que dependen de las autonomías y las diputaciones.
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