Aunque sigue siendo un plan lleno de incógnitas, la SEPI y sus asesores avanzan en la planificación del rescate de Abengoa, el más deseado desde que se constituyera el fondo de 10.000 millones para empresas estratégicas. Descartada la posibilidad de que los 249 millones de ayuda terminen en la filial sana de la matriz, Abenewco, y que tengan que repartirse entre distintas filiales, la sociedad dependiente de Hacienda tiene listo cuál será el reparto: más de la mitad del dinero irá a la filial Abengoa Agua y el resto se repartirá en otras cinco sociedades de manera no proporcional.
Las fuentes del proceso consultadas por La Información apuntan a que la división de agua de Abengoa es ahora mismo la que más necesidades de capital requiere. Esta división trabaja tanto para empresas privadas como instituciones públicas y sus tareas giran en torno a la desalación, potabilización, tratamiento de aguas residuales e infraestructuras hidráulicas. En cifras, la compañía cuenta con más de 30 plantas construidas en Estados Unidos, India, China, África, Oriente Medio, América Latina y España. Los contratos de operación y mantenimiento que tiene firmados son por períodos de entre 15 y 27 años, según sus últimas presentaciones para inversores.
El resto del dinero se repartirá en otras cinco filiales. Son las divisiones de Energía, Solar, Abener, Abengoa Operación y Mantenimiento e Inabensa. De todas ellas, remarcan las fuentes consultadas, la de Inabensa sería la sociedad que recibiría menos dinero al contar con menos deuda con sus proveedores, pese a ser muy estratégica en el engranaje del grupo (factura más de 100 millones). La nueva estructura de la operación nace de la necesidad de SEPI que, advertida por sus asesores, reformuló el esquema de ayudas. Abenewco, la matriz sana de Abengoa que no está en concurso de acreedores, incumplía los requisitos de elegibilidad vinculados a deudas pendientes con la administración.
Pese a que el rescate de la SEPI no puede demorarse más allá del último día de junio, no se contempla que la decisión de la ayuda llegue en el corto plazo al Consejo de Ministros. El largo listado de condicionantes de la operación obliga a todas las partes a ir con pies de plomo, lo que se ha evidenciado en el último año, en el que el expediente de Abengoa se ha eternizado en la SEPI mientras una decena de empresas han ido recibiendo el balón de oxígeno del Gobierno.
La de la compañía andaluza es la tercera solicitud de mayor cuantía de todas las 75 peticiones formales recibidas por la SEPI, solo por detrás de Celsa, cuyo futuro es incierto, y de Air Europa, ya desbloqueada. Para entender la magnitud de la operación, los 249 millones de Abenewco, que se repartirían entre préstamos participativos y ordinarios, superarían en conjunto a los seis últimos rescates ejecutados (Losán, Soho, Abades, Eurodivisas, Ferroatántica y Grupo Wamos) y representa el 2,48% de todo el fondo de solvencia (Fasee).
Más condicionantes
El último imprevisto, añaden las voces consultadas, está en el cambio de juez que pilota el concurso de la matriz del grupo y, por tanto, tiene la última palabra para garantizar la continuidad de Abengoa. El magistrado Miguel Ángel Navarro, quien tutelaba el proceso desde febrero de 2021 y tomó decisiones cruciales para el rumbo del proyecto, dejará su puesto y será reemplazado en el plazo mínimo de un mes, lo que anticipa un nuevo parón en un proceso a contrarreloj. El plazo máximo para conceder ayudas por parte de la SEPI es el próximo 30 de junio, siempre y cuando Bruselas no otorgue una nueva prórroga.
Cabe recordar que el futuro del grupo no está únicamente vinculado a la inyección de este dinero público, sino a que un nuevo socio entre en el capital de la compañía y termine de equilibrar la situación patrimonial. Desde la espantada de la familia Amodio, actuales dueños de OHLA, ese candidato es solo uno, el fondo estadounidense Terramar. El inversor con sede en California quiere hacerse con el 70% de Abengoa, pero supedita su entrada a que la SEPI haya desbloqueado antes la ayuda. Su oferta vence el próximo 15 abril, aunque podría prorrogar su validez al igual que en anteriores ocasiones.
El papel de Terramar sigue despertando dudas entre el resto de accionistas, principalmente entre los minoritarios, que no han dudado en calificar al fondo como "buitre" y se han apresurado a buscar alternativas. No hay sintonía entre ambos y apenas comunicación, como ha comentado en anteriores ocasiones Clemente Fernández, su presidente. En las últimas semanas, los minoritarios se han reunido con un intermediario de Terramar -sin éxito- en busca de un acuerdo.
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