Los acontecimientos se aceleran en Indra conforme se acerca la junta general extraordinaria. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), dependiente del Ministerio de Hacienda, alcanza ya casi el 28% de las acciones de la compañía, el tope al que el Consejo de Ministros le había autorizado. De esta forma blinda la asamblea que tendrá lugar en el mes de octubre y que servirá para forjar el nuevo consejo de administración con seis flamantes independientes. Con esta última subida, que aún no se ha comunicado formalmente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), alcanzaría el 43% de los títulos junto a sus dos socios preferentes, Amber y Sapa, lo que le allana la 'luz verde' ante una potencial negativa de gestoras como Fidelity o Norges.
La Sepi se está jugando mucho en esta junta. Después del golpe de mano dado en la reunión ordinaria de junio, que salió por la mínima gracias a que el quórum fue del 74%, quiere dejar todo atado. La sociedad inició las compras de acciones en mayo, tres meses después de la autorización del Consejo de Ministros. Pero las frenó en el 25%. La polémica surgida tras la asamblea de los ceses no se hicieron más movimientos. Sin embargo, según explican fuentes cercanas a la sociedad estatal, ya estaría muy cerca de controlar ese 28% de tope. Tal y como recuerdan, no tienen obligación legal de reportar ese cambio por lo que aún no aparece en los registros.
Este incremento no viene solo. Este 28% ya se descontaba en el mercado. Por eso se necesitaba un 'empujón' más para allanar el respaldo a esta reconstrucción en el lado del Gobierno. Amber Capital, el fondo del inversor de origen armenio Joseph Oughourlian, es el que ha movido ficha. Después de los problemas surgidos tras su irrupción en la junta de junio, se había mantenido en un segundo plano. Su plan inicial era superar el 8%. Finalmente rozará el 10%. Estas compras se efectuarán estos días, pues la autorización del Consejo de Ministros se obtuvo el pasado martes. Se trata de 5,4 puntos porcentuales, que podrían ser adquiridos precisamente a algunos de esos fondos internacionales. Fidelity, que hoy es el segundo máximo accionista con más del 11%, fue una de las señaladas en el pasado para la venta de títulos a la propia Sepi.
Aunque el plan del también presidente de Grupo Prisa estaba sobre la mesa desde junio, su comunicación resultó sorpresiva. Según la normativa sobre inversiones exteriores, regida por un decreto de 1999, si se sobrepasa ese porcentaje de acciones de compañías con actividades directamente relacionadas con la Defensa Nacional (producción de armas, explosivos o material de guerra) por parte de sociedades no residentes en España deberán contar con autorización. La autorización por parte del Consejo de Ministros se hizo en silencio.
El Gobierno no contempló la 'luz verde' dentro de la referencia del Consejo de Ministros del pasado martes, pese a tratarse de un tema sensible y referido a una empresa cotizada bajo la lupa de la CNMV. En el pasado sí hizo pública una decisión parecida en el caso de la OPA de IFM sobre Naturgy. Durante los últimos meses se ha ido dando cuenta de todas las aprobaciones a adquisiciones de compañías del sector de la defensa. Aunque también se ocultó en esa lista de asuntos la reciente ratificación de la venta del 70% de ITP Aero al fondo estadounidense Bain Capital que tuvo lugar el pasado mes de agosto.
La autorización a la compra de acciones de Amber Capital se hizo en silencio por el Consejo de Ministros, al igual que la referida a la venta de ITP a Bain Capital
Esta adquisición de acciones para llegar al 10% le daría opción a Oghourlian de solicitar un nuevo consejero. Esto podría hacerlo al consejo de administración para que se incluyera en el orden del día de la junta general de accionistas. En caso contrario lo dejaría para más adelante. Eso sí, se tendría que abrir la puerta para que saliera algún representante o ampliar el número de sillones a 15 (el tope máximo que incluye la normativa interna de la empresa). La Sepi, con su porcentaje, tendría derecho a un cuarto en ese escenario. Pero tiene la opción de ceder sitio a su nuevo 'caballero blanco'.
La nueva mayoría conformada por Sepi, Sapa y Amber permitirá con toda probabilidad sacar adelante el nombramiento de los seis nuevos consejeros independientes en la junta de octubre. Hoy el consejo cuenta sólo con siete miembros. Por un lado, Marc Murtra, presidente no ejecutivo y Luis Abril e Ignacio Mataix, como ejecutivos. Después Jokin Aperribay (Sapa) y Antonio Cuevas y Miguel Sebastián (Sepi) como dominicales. Por último Francisco Javier García e Ignacio Martín como independientes. El resto de sillones serán ocupados por los nuevos -y por el tercer representante de Sepi, Juan Moscoso, que aún no ha tomado asiento tras el 'asalto' del pasado junio-.
Silencio de la CNMV
El perfil de los seis nuevos independientes es muy tecnológico, sin apenas experiencia previa en el sector de la defensa, que es precisamente el que quieren potenciar ante el incremento del gasto militar en España y el resto de grandes potencias. Se da la circunstancia de que la compañía baraja la posibilidad de abrir Minsait (la división 'tech') a inversores externos a través de un 'spin off' para concentrar los esfuerzos en el segmento de origen de la compañía. Sólo uno de esos miembros pertenece a defensa: Axel Arendt, consejero de ITP Aero hasta ahora y exresponsable de Rolls Royce. Esta elección llega después de semanas de mucha tensión para cerrar una lista.
La CNMV sigue con la lupa sobre la compañía, pero no ha dicho aún ni una sola palabra sobre su investigación de una potencial concertación entre los tres grandes accionistas que les obligaría a presentar una Oferta Pública de Adquisición (OPA). Sólo ha trascendido que en el verano se produjeron cuatro requerimientos de información que fueron respondidos por la empresa. El presidente del organismo, Rodrigo Buenaventura, se ha limitado a pedir nuevas medidas que incrementen la protección del consejero independiente y entre ellas está que el cese de estos cargos figuren en el orden del día. La entidad no tiene obligación de comunicar públicamente el resultado de las pesquisas ejecutadas en el marco del expediente.
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