Problemas para la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Los asesores financieros excluidos de la adjudicación que promovió el ente dependiente del Ministerio de Hacienda el pasado mes de diciembre para ayudarle a la hora de repartir el fondo de rescate a empresas estratégicas no se han quedado callados ante su descalificación y han impugnado la adjudicación a Alantra que se realizó a última hora. Este hecho supone una piedra en el camino para el desarrollo del fondo que ya cuenta con varias solicitudes de empresas en apuros tras el golpe de la pandemia.
En concreto, y de acuerdo con la documentación a la que ha accedido La Información, la UTE formada por Mavens, Auxadi, DA Lawyers y People Matters fue excluida de la adjudicación definitiva del lote dedicado al asesoramiento financiero tras la primera propuesta provisional. La mesa de contratación señaló, según el acta de la reunión, que no había aportado la documentación acreditativa de la participación del equipo de trabajo propuesto en operaciones de las características requeridas y redujo la puntuación que inicialmente le había sido concedida.
Esta modificación hizo que la mesa de contratación rescatase a Alantra, única compañía que se había quedado fuera en este lote al haber obtenido 55 puntos, muy por debajo de sus competidores, y que era el siguiente licitador en la lista del primer lote. Finalmente, tras realizar las comprobaciones oportunas, SEPI decidió incluirle en la propuesta de adjudicación del acuerdo marco de asesoría financiera definitivo. En cambio, unos días después de comunicar dicha decisión, los únicos excluidos de este lote -la citada UTE- interpusieron un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC), impugnando los acuerdos de la mesa de contratación.
Este hecho impediría, según las fuentes consultadas, cerrar la adjudicación definitiva de los acuerdos marco, si bien, podría realizarse la contratación por otra vía. SEPI se ha comprometido a remitir al TARC el expediente y el informe de la adjudicación y alegaciones correspondientes para que sea este organismo el que tome una decisión al respecto. Pero mientras esto ocurre, las compañías continúan remitiendo solicitudes de ayuda al fondo para salvar empresas estratégicas en apuros por la Covid-19. Hoteleras, industrias, compañías de transporte... más de una decena de firmas han pedido en los últimos meses que el Estado, a través de este instrumento, les eche una mano económica para capear el temporal.
Hasta este momento solo se ha firmado una, la de Air Europa, a quien el Gobierno ha ayudado con dos préstamos por hasta 475 millones a cambio de dos puestos en el consejo de administración de la compañía. Esta operación se llevó a cabo el pasado mes de octubre, antes de que finalizase el proceso del acuerdo marco cuya adjudicación ha sido ahora impugnada. El resto de operaciones serán asesoradas de forma individual por al menos dos de las cuarenta compañías que firmarán el acuerdo marco -veinte firmas de abogados y veinte especializadas en el ámbito económico-.
La única solicitud que se ha aprobado por el momento es la de Air Europa, que consiguió dos préstamos de 475 millones
El objetivo de esta licitación que ahora está en el aire es establecer un marco previo para después encargar a cada asesor operaciones concretas en función del sector y el tipo de solicitud de cada empresa, pues consideran que de esta forma se ejercerá un mayor y más especializado control. En el primer lote, el de la asesoría financiera sobre el que pesa la impugnación, hay gigantes del sector, como las 'big four' y otras consultoras más pequeñas y especializadas en temas concretos. Así, forman parte de los veinte nombres firmas como Deloitte, EY o BDO.
En el caso del segundo lote, la asesoría legal, también se han colado grandes firmas como Deloitte y KPMG, y despachos como Gómez-Acebo & Pombo o Ramón y Cajal Abogados. Fuera se han quedado nombres destacados del mundo jurídico, como DLA Piper, Grant Thornton o Baker McKenzie, cuya puntuación se situó por debajo de los 90 puntos.
El fondo al que han solicitado ayuda compañías como Duro Felguera, Celsa, Hotelatelier o Globalia cuenta con una dotación de 10.000 millones de euros y está controlado por un consejo gestor integrado por el vicepresidente del holding público, Bartolomé Lora; la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva; la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque; el secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raúl Blanco; la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen; y el secretario general y del Consejo y director de Asuntos Jurídicos de SEPI, Javier Loriente.
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