Si Bruselas no lo remedia otra vez, los fondos estatales para rescatar a las empresas golpeadas por el coronavirus se bloquearán el próximo 30 de junio. El Ministerio de Industria y el de Hacienda, a través de Cofides y SEPI, respectivamente, tienen poco más de dos meses para resolver un alud de solicitudes que se resume en más de 40 expedientes que han entrado en fase de análisis pero todavía no se han resuelto. Los gurús del Ejecutivo, agrupados bajo un pool de expertos financieros y jurídicos, trabajan ya a contrarreloj con la convicción de que no se podrán desbloquear los 11.000 millones de euros en ayudas públicas que Europa avaló tras la pandemia.
Pese a que el horizonte se estrecha, en las empresas públicas siguen recibiendo peticiones de auxilio por parte de las compañías españolas. Cofides, que se dirige a aquellas de mediano tamaño -volumen de ventas entre 10 y 400 millones de euros-, ha recibido en las últimas semanas nuevos expedientes, entre los que destacan Hallotex y Happypunt, proveedores de Inditex, que solicitan más de 14 millones de euros de financiación en conjunto, según las fuentes consultadas por La Información. La empresa dependiente de Industria ha elevado el ritmo de trabajo y en estos últimos días analiza nuevos informes, como el del grupo minero Ossa, que ha solicitado 25 millones, el máximo permitido para este fondo, según las mismas fuentes.
Menos expedientes están bajo revisión de la SEPI, cuyos requisitos de elegibilidad son más férreos, ya que, a priori, está dirigido para reflotar empresas "estratégicas". En la empresa dependiente de Hacienda se esperan nuevos rescates para las próximas semanas, aunque hay pocas noticias de algunos de los que más atención mediática acaparan, como el del grupo hotelero Room Mate, del empresario Kike Sararola, que pidió 52 millones de euros hace más de un año y sigue sin noticias. De momento, la empresa dirigida por Belén Gualda ha desbloqueado 19 expedientes, que le han supuesto un desembolso de 2.048 millones de euros.
Pese a estas cifras mareantes, el monto total por desbloquear todavía es mucho mayor -SEPI ha recibido peticiones por más de 5.000 millones y el fondo dispone de hasta el doble de esta cantidad-. Todas las fuentes consultadas apuntan a que ninguno de los dos instrumentos de rescate finalizarán su tarea sin agotar el capital del que disponen. No sería la primera vez que el Gobierno ve cómo no adjudica todo el dinero de Bruselas recibido por la pandemia. La oposición ya le ha reprochado en distintas ocasiones los criterios utilizados para adjudicar estas ayudas e incluso se ha puesto en contacto con la propia Comisión Europea para transmitirle sus reservas.
Bruselas ya dio más margen al Gobierno para finalizar los rescates en análisis, pero todo apunta a que parte de los fondos se quedarán sin asignar
Ante esta situación, solo una prórroga de Bruselas para ampliar el calendario de operaciones esquivaría esta situación. Sería el segundo tiempo extra que concede la Comisión Europea desde la creación de estos instrumentos de rescate. En paralelo, el Gobierno ha relajado algunas de las líneas rojas para presentarse a estas convocatorias, siendo más laxos en los requisitos. Por ejemplo, las empresas afectadas no deben acreditar ante Cofides que eran solventes antes de la covid, sino que ahora mismo basta con demostrar que están en disposición de ser viables y poder amortizar la ayuda recibida.
Uno de los pretextos para relajar las exigencias ha sido la protección de los puestos de trabajo. Así lo volvió a decir Rodrigo Madrazo, director general de Cofides, el pasado lunes, cuando destacó que sus ayudas otorgadas estaban "contribuyendo a mantener cerca de 9.900 empleos en toda la geografía nacional". Al igual que el fondo de la SEPI, el de Cofides (Fonrec) todavía dispone de la mayoría de su dinero por desbloquear, ya que ha adjudicado menos de un tercio de todos los fondos de los que dispone.
Hasta que finalice el plazo, los asesores de los fondos de rescate siguen trabajando a destajo. El pool está formado por más de una veintena de firmas especializadas, entre grandes consultoras (Deloitte, KPMG, EY y PwC, entre otros) y bufetes reputados como Ontier o Broseta. Aunque el listado es extenso, la mayoría de los expedientes están siendo adjudicados a un grupo reducido de expertos. La firma de asesores internacionales PKF Attest o Grant Thorton está siendo dos de los más activos -participan en las operaciones de salvación de eDreams y Air Nostrum, respectivamente-, si bien el propio acuerdo marco firmado con la administración les impide estar asesorando más de cinco expedientes de manera simultánea.
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