Para validar la ayuda a Ferroatlántica

SEPI ficha a PKF y Ramón y Cajal para desatascar el rescate al Grupo Villar Mir

El holding público ha movido ficha para tramitar el expediente de la empresa familiar después de que la compañía reformulase su solicitud segregando la petición de 240 millones por áreas de negocio.

El fundador del holding familiar, Juan Miguel Villar Mir, junto a su hijo y sucesor Juan Villar-Mir de Fuente
El fundador del holding familiar, Juan Miguel Villar Mir, junto a su hijo y sucesor Juan Villar-Mir 
EFE

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha visto con buenos ojos el reciente cambio de estrategia de Grupo Villar Mir en su carrera por captar la ayuda del fondo de 10.000 millones para auxiliar a grupos estratégicos. El hólding público ha contratado los servicios jurídicos del despacho Ramón y Cajal Abogados y ha fichado a PKF Attest en calidad de asesor financiero, para validar el rescate de hasta 40 millones de euros a Ferroatlántica, sociedad que engloba el negocio español de la filial de la grupo Ferroglobe, según confirman fuentes próximas a SEPI consultadas por La Información.

El pasado mes de octubre, la compañía que preside Juan Villar-Mir solicitó una inyección de 240 millones de euros a la SEPI. Pero el holding estatal echó para atrás expediente y exigió a la compañía reformular su petición con el objetivo de separar la solicitud de apoyo financiero por áreas de negocio. En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda instó al grupo a limitar su petición a la actividad de la compañía en territorio nacional, con especial atención en los negocios de Ferroglobe.

Tras el requerimiento de la SEPI, Grupo Villar Mir mantuvo la petición de ayuda para el conjunto de sus negocios, pero la entidad que preside Belén Gualda ha dado prioridad al expediente relativo a los negocios en España de Ferroatlántica, filial con sede en Londres centrada en la producción de silicio metal y de ferroaleaciones, en la que la familia Villar Mir posee el 53% del capital y que cotiza en Estados Unidos.

A fin de desatascar el rescate, el holding estatal ha adjudicado sendos contratos de asesoría. PKF Attest será el encargado de detallar si Ferroatlántica cumple con las exigencias pertinentes para beneficiarse de la ayuda pública. Por su parte, Ramón y Cajal supervisará el rescate desde el ámbito jurídico. La SEPI ha establecido para ambas adjudicaciones un plazo de ejecución de once meses, lo que implica que la recepción del 'balón de oxígeno' estatal podría demorarse hasta el próximo verano.

En cualquier caso, dado que Grupo Villar Mir envió la primera solicitud de ayuda el pasado octubre, la SEPI estaría incumpliendo los términos en que se configuró el citado fondo de rescate, que concedía un plazo de seis meses para despachar las peticiones. La parálisis en el ente público a la que ha abocado el 'escándalo Plus Ultra' ha estirado el calendario pues, hasta ahora, la SEPI solo ha dado luz verde al SOS de Air Europa (475 millones), Ávoris-Halcón Viajes (320), Duro Felguera (120) y Plus Ultra (53). Es decir, apenas ha otorgado 968 millones de euros de los 10.000 con los que el Gobierno dotó al fondo de auxilio financiero.

La SEPI obligará tanto a PKF como a Ramón y Cajal a dejar constancia en sus informes de su apoyo expreso a la ayuda de 40 millones a Grupo Villar Mir

A diferencia de los casos anteriores, los asesores del rescate a Villar Mir deberán dejar claro en sus informes su apoyo expreso a la concesión de la ayuda por parte del holding estatal, como adelantó 'Vozpópuli' y ha podido confirmar este medio. Se trata de una de las condiciones que el consejo de SEPI ha impuesto a su pool de asesores a raíz de la controversia generada por la ayuda a la aerolínea, que lleva meses en la picota por sus supuestos vínculos con el régimen venezolano de Nicolás Maduro.

El valor inicial del contrato de apoyo jurídico que ha quedado en manos de Ramón y Cajal fue de 80.000 euros y se ha firmado por 31.950 euros. El contrato de asesoramiento financiero que ha ganado PKF, valorado en 150.000 euros, ha sido adjudicado por 51.900 euros. Ambas firmas han presentado sus candidaturas con rebajas superiores al 50%, una estrategia habitual en este tipo de concursos. A la puja por el primer contrato concurrieron una docena de candidatos, mientras que a la segunda licitación se presentaron 17 firmas.

Mostrar comentarios