La SEPI tendrá tras la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) permiso para ampliar su estructura directiva con dos nuevos altos cargos. Así lo fija una nueva disposición adicional incorporada en la propuesta para las cuentas públicas del próximo 2022. Las labores de las nuevas incorporaciones estarán íntimamente ligadas al fondo de 1o.000 millones que Bruselas dotó para España tras la crisis del coronavirus y su golpe a las grandes empresas estratégicas. Este instrumento, cuyo tiempo de vida alcanza ya los dieciocho meses, está en el ojo del huracán, principalmente, por la lentitud en su ejecución.
De acuerdo al cambio en la normativa, el objetivo del Gobierno no es otro que "atender las actuaciones que le atribuye el Real Decreto-ley 25/2020 de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica", es decir, la batería de medidas que el Ejecutivo habilitó con motivo de la situación excepcional que generó el coronavirus. Dicho decreto dio luz al fondo que daría apoyo financiero a las empresas estratégicas que fueran "solventes" y se hubiesen visto "especialmente afectadas" por la COVID-19. Gestionado por el Consejo Gestor de la SEPI, el instrumento de ayudas tiene un carácter temporal y dispone de instrumentos financieros como deuda y préstamos participativos. También la posibilidad de tomar directamente participaciones en el capital social.
La disposición adicional también marca que el Ministerio de Hacienda podrá, a través de las Secretarias de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública, autorizar nuevas contrataciones fijas e indefinidas cuando se trate de la contratación de personal funcionario o laboral. Estas nuevas incorporaciones podrán llegar siempre que los seleccionados tengan una relación preexistente fija e indefinida en el sector público o en otras sociedades mercantiles estatales, así como fundaciones del sector público. Quedan por definir cuáles serán los criterios que regirán los procesos de selección del nuevo personal, a fin de garantizar el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
La decisión del Ejecutivo llega tras varios vaivenes dentro de la SEPI. La sociedad estatal dependiente de Hacienda ha modificado su estructura durante el último año, empezando por el nombramiento de la nueva presidenta, Belén Gualda, en sustitución de Vicente Fernández Guerrero, quien dimitió en noviembre de 2019. Otro nombramiento de calado fue el de Julián Mateos como nuevo director del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas. Mateos había sido hasta entonces director de negocios de Sepides, filial de la SEPI.
También se ha relevado de su puesto al secretario del consejo de administración para incorporar a Javier Morales Abad, procedente de la entidad de capital público Enisa, y se ha prescindido de áreas tan importantes como la de Planificación y Control. En este sentido, la última modificación interna de calado se llevó a cabo a través de una orden ministerial publicada la pasada semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con el objetivo de agilizar la toma de decisiones respecto a las solicitudes de rescate. En suma, la presidenta y el vicepresidente de la SEPI asumían desde ese momento misiones que antes eran responsabilidad del Consejo Gestor.
La SEPI ha encadenado una batería de cambios internos en los últimos meses
El fondo de la SEPI ha sido muy criticado por la lentitud en su toma de decisiones. De las más de 60 peticiones formales de ayuda, reconocidas por el propio Ejecutivo, la empresa pública estatal solo ha aprobado ocho expedientes. Los agraciados han sido Air Europa (475 millones), Plus Ultra (53 millones), Ávoris (320 millones), Duro Felguera (120 millones), Tubos Reunidos (112 millones), Rugui Steel (25 millones) y Hotusa (240 millones de euros). Con todo, únicamente se ha liberado menos del 14% del dinero destinado por Bruselas, cuyo plazo marcado para agotar todo el dinero expira el próximo 31 de diciembre, salvo que se conceda desde Europa una prórroga.
Pool de expertos
De concretarse, las nuevas incorporaciones en SEPI trabajarían en paralelo con el pool de expertos creado con motivo del fondo de rescate. Dicho listado de asesores lo componen grandes consultoras y reputados bufetes de abogados. Los expertos económico-financieros verifican el cumplimiento de todos los requisitos de elegibilidad necesarios para obtener estas ayudas y también el plan de viabilidad presentado por la empresa solicitante; desde el área legal se realiza un proceso de due diligence, en el que se incluye un informe sobre las condiciones para ser beneficiario, así como la revisión de la situación laboral y en materia de recursos humanos del beneficiario.
Hasta el momento, los asesores externos de la SEPI han analizado casi 30 expedientes. Ahora mismo hay en supervisión dos decenas, entre los que figuran el rescate de empresas como la ingeniería Abengoa, la cadena de hoteles Abba o la aerolínea Air Nostrum. Algunos de los seleccionados en el análisis de dichos expedientes han sido la consultora Grant Thornton, PKF o el despacho Ramón y Cajal. Esta misma semana se han incorporado cinco nuevos casos a analizar, que no tendrán asesor hasta las próximas semanas. Se trata de las empresas Vicinay, IMASA, ISASTUR, Pacadar y eDreams.
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