La Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) ha movido ficha para cubrir las posibles negligencias de sus altos cargos antes de dar un paso más en la espinosa tarea de gestionar los 10.000 millones del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. SEPI ya actúa como un holding de control financiero de compañías, pero el último papel que le ha atribuido el Gobierno agudiza la vigilancia sobre la sociedad y pone a sus directivos bajo la lupa. La tramitación de este balón de oxígeno, urge a SEPI a blindar un seguro de responsabilidad profesional para sus ejecutivos y consejeros, lo que ha llevado a la empresa a doblar, hasta los 220.000 euros, el importe con que retribuirá la prestación de este servicio, después de rechazar la oferta de AIG (American International Group), su última aseguradora y la única candidata en la anterior convocatoria.
SEPI acumula ya varios meses sin cobertura de responsabilidad civil. El pasado 15 de diciembre se agotó la prórroga de la póliza de la norteamericana AIG, compañía que se ha encargado de este servicio desde octubre de 2018. Inicialmente, el acuerdo entre ambas se extendía hasta el 15 de octubre de 2019. Ambas partes sellaron una ampliación del contrato de un año. La llegada de la pandemia alargó los tiempos para culminar el relevo de AIG, por lo que, antes de darse el vencimiento, la empresa pública solicitó un margen de otros dos meses, que permitiese llevar a cabo "con garantías suficientes", la nueva licitación por la vía ordinaria.
El 12 de noviembre, fecha en que se agotaba el plazo de presentación de candidaturas, SEPI solo había recibido la oferta de AIG. Entonces, el presupuesto base de licitación se encontraba en los 100.000 euros para una póliza anual. La propuesta de la aseguradora se adaptó a las cuentas de la compañía e incluyó una prima ligeramente inferior, de 99.950 euros, pero las condiciones que planteó AIG no cumplieron las expectativas de SEPI. La empresa pública rechazó la oferta de su única candidata, pues esta recogía una cobertura de un millón de euros, cantidad que quedaba muy lejos de los 15 millones que exigía SEPI. Ahora, tras dos meses sin cobertura, la compañía que preside, en calidad de interino, Bartolomé Lora, ha relanzado su oferta por un importe más de dos veces superior.
SEPI consideró "inadmisible" la última propuesta de AIG que puso sobre la mesa una cobertura de responsabilidad civil de un millón de euros, frente a los 15 millones que exigía el grupo público.
Precisamente, SEPI reservaba su máxima puntuación para aquellas ofertas que se acercasen a la capacidad máxima de cobertura objetivo del contrato, la cual se cifra en los pliegues de la licitación en esos 15 millones de euros. El millón ofertado por AIG fue considerado como "inadmisible" en el seno de la empresa pública. Y es que con la contratación de este servicio SEPI trata de resolver "la necesidad de buscar, de manera externa, cobertura sobre todas las consecuencias económicas que puedan exigirles (a sus directivos) terceros por las posibles negligencias cometidas en el ejercicio de su cargo". La responsabilidad de la sociedad en la gestión de las ayudas estatales en el marco de la crisis sanitaria y económica de la Covid, multiplica los riesgos de que sus consejeros acaben rindiendo cuentas ante terceros.
Todo apunta a que la sociedad pública, cuya participación indirecta se extiende a más de un centenar de compañías, lo tendrá difícil para dar con una nueva aseguradora. El estallido de la pandemia ha supuesto un escollo para la contratación de esta clase de coberturas que aspira a proteger a los altos cargos de las empresas de las posibles reclamaciones económicas que puedan derivarse de la toma de decisiones relativas a su actividad y que, tal y como reza el documento de SEPI, en ocasiones, "comprometen su responsabilidad y patrimonio". Otras firmas también se han chocado con el muro de la incertidumbre generada por el coronavirus en el momento de renovar sus pólizas.
El antecedente más próximo es Sodercan (Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria). La empresa de gestión de ayudas dependiente de la Consejería de Industria autonómica tuvo que licitar hasta en tres ocasiones -las dos primeras convocatorias quedaron desiertas- la contratación de una póliza de responsabilidad civil, a fin de evitar que sus directivos respondiesen con su patrimonio personal ante posibles demandas por negligencias derivadas de su actividad. El objetivo es idéntico al que persigue el concurso de SEPI, aunque Sodercan se inclinó finalmente por extender la vigencia del contrato a dos años, entre otras cosas, por el tiempo de tramitación que implican este tipo de reclamaciones. A la tercera fue la vencida y la compañía adjudicó a Mapfre estos servicios presupuestados en 86.000 euros.
Precisamente, Mapfre fue la primera aseguradora de SEPI. La firma que preside Antonio Huertas se ocupó de dar cobertura a los directivos de la empresa pública desde 1991 hasta 2018. Llegado este momento, "teniendo en cuenta la antigüedad de la póliza y los cambios operados en materia de contratación pública", SEPI vio oportuno revisarla e inició un proceso de selección para contratar un nuevo 'Seguro de Responsabilidad Civil'. Tres años después, la sociedad debe zanjar cuanto antes el relevo de AIG -o sellar su continuidad-, en un momento en que las compañías aseguradoras analizan con cautela las páginas de cada pliego, presionadas por la incertidumbre que ha sembrado el coronavirus.
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