La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha vuelto a confiar en Ramón y Cajal y PKF Attest como asesores para validar el rescate de 30,9 millones de euros de la cadena de hoteles Abba, según fuentes financieras consultadas por La Información. El organismo bajo el paraguas del Ministerio de Hacienda ha contratado a ambas firmas como asesores por un valor conjunto de más de 200.000 euros, a fin de desatascar la ayuda a la hotelera de la que dependen 22 establecimientos y cerca de 500 empleados.
La luz verde de ambas firmas será determinante para que la SEPI conceda un balón de oxígeno a Grupo Abba que consistirá en un préstamo participativo de 17,2 millones de euros y un segundo ordinario de 13,6 millones. Se trata del modelo que el holding estatal está empleando más habitualmente a la hora de estructurar las inyecciones de liquidez a cuenta del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas, dotado con 10.000 millones.
Grupo Abba solicitó formalmente el rescate a la empresa pública hace apenas un mes. La diligencia con la que ha actuado en este caso el organismo que preside Belén Gualda no es la tónica habitual. Antes de ella, grupos de la industria turística como Hotusa (320 millones), Naviera Armas (100), Wamos (70), Hotelatelier (25) o Room Mate (52) ya habían tocado la puerta de la SEPI. Por el momento, ninguna hotelera ha recibido la ayuda pública después de la concesión del rescate a la aerolínea Plus Ultra, un caso que envolvió al holding estatal en la polémica y puso en cuarentena el resto de expedientes.
Grupo Abba terminó 2019, el último ejercicio no impactado por la crisis sanitaria, con una facturación superior a 55 millones de euros. Fue el sexto año consecutivo que la hotelera cerró con beneficios. A partir de ahora, PKF Attest será el responsable de concluir si la cadena de hoteles fundada en el año 2000 por Andrés Iráculis, Jerónimo Miñón y Pello Fagoaga cumple con las exigencias financieras pertinentes para beneficiarse de la ayuda pública. Por su parte, Ramón y Cajal valorará el rescate desde el ámbito jurídico.
PKF Attest se impuso a dieciséis candidatos, mientras que Ramón y Cajal aventajó a otros trece. Como viene siendo habitual en el fichaje de asesores por parte del holding estatal, las dos firmas pusieron sobre la mesa rebajas sustanciales. El primer contrato se ha adjudicado por 51.909 euros frente a los 135.000 que ofreció inicialmente la SEPI. Por su parte, el contrato de asesoría legal se ha cerrado por 33.578 euros frente a los 70.000 a los que ascendía el valor estimado de la oferta.
No hay una decisión tomada. Los asesores todavía deben analizar el plan de viabilidad de Grupo Abba. Tienen un plazo de once meses y en sus informes deberá constar de forma explícita su respaldo a la concesión de la ayuda por parte de la SEPI. Solo entonces, el holding dotará de cierto músculo financiero a la cadena para amortiguar el impacto de la crisis sanitaria. En definitiva, aún si el organismo público da su visto bueno, la hotelera podría verse obligada a esperar otro año para acceder al préstamo.
Ambas firmas se han convertido en asesores habituales de la SEPI. El holding ha encargado a PKF Attest que dé su aprobación a la ayuda de 249 millones de euros a Abengoa, uno de los rescates de mayor magnitud y complejidad de los que la empresa pública tiene sobre la mesa. PKF también analizará junto a Ramón y Cajal la solicitud de 33 millones de euros de Grupo Villar Mir para reflotar el negocio español de su filial Ferroatlántica, como adelantó este medio. Recientemente, la entidad que pilota Gualda fichó a Álvarez & Marsal y Ontier para encarrilar el rescate de 37 millones a la empresa de autobuses Juliá, como también adelantó La Información.
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