El Gobierno ha vuelto de las vacaciones de verano consciente de que debe avanzar en su fondo de 10.000 millones de euros dedicado al rescate de empresas estratégicas. La SEPI, el organismo dependiente de Hacienda que ha sido elegido para canalizar estas ayudas, sigue analizando posibles inyecciones en grandes empresas afectadas por el coronavirus. La necesidad de acelerar le ha llevado esta semana a adjudicar otros cuatro expedientes a bufetes y consultoras de su pool de asesores. Tras la decisión de este último miércoles, en el que ha elegido los asesores para Técnicas Reunidas y Áreas - además de los de Siro y Air Nostrum-, el organismo público ya tiene bajo supervisión 20 expedientes, que suman aproximadamente 1.100 millones de euros. Todos ellos suponen un tercio de las solicitudes recibidas desde que se habilitó este mecanismo de emergencia.
Las últimas empresas en recibir el apoyo externo de dos asesores del pool de gurús de la SEPI han sido Áreas y Técnicas Reunidas, con más 300 millones de euros de petición conjunta de ayuda. De acuerdo a las fuentes consultadas por La Información, la última decisión se habría tomado durante la mañana del martes, con la elección del bufete Broseta y Montero Aramburu como asesores de la división legal. La supervisión del rescate de la compañía de restauración y de la empresa de ingeniería se une al de Air Nostrum (103 millones) y grupo Cerealto Siro (90 millones), en cuyo caso los asesores seleccionados han sido la división legal de KPMG y la consultora Grant Thornton. Broseta, por su parte, ha pujado por partida doble y se ha impuesto también para hacerse con el asesoramiento legal de Siro.
Los cuatro rescates seleccionados son el último lote sacado a subasta por la SEPI. Antes del verano, la entidad hizo lo propio con otras cuatro posibles ayudas: la de la hotelera Abba Hotels (30,9 millones de euros), la del grupo de ingeniería Abengoa (249 millones de euros), Ferroatlántica, de los Villar Mir (33 millones de euros) y Grupo Juliá (37 millones de euros). Otros expedientes han quedado sin concretar, como el de Cabify, que, a través de su filial Vector Ronda, solicitó 25 millones de euros. La compañía española, no obstante, terminó desistiendo de su petición y renunció a la ayuda.
Lo cierto es que la SEPI ya suma aproximadamente 1.100 millones en rescates bajo supervisión, un estado intermedio en la solicitud de ayuda al organismo. Todos ellos suman en torno a 20 expedientes distintos. Entre los más antiguos aparecen operaciones iniciadas hace casi cinco meses, como la del grupo turístico Wamos, dueño de la aerolínea que lleva el mismo nombre y de la agencia de viajes Nautalia. Otros expedientes, que estaban en su misma situación y habían sido encargados a asesores más tarde, han avanzado más rápidamente. Tal es el caso de la hotelera Hotusa o la siderúrgica Rugui Steel.
Al margen de estos expedientes, hay peticiones a la SEPI que están en un estado más prematuro. Y es que el Gobierno, según respondió a una pregunta parlamentaria el pasado 22 de julio, había recibido hasta el momento 66 peticiones de rescate. La cifra no solo equivale al triple de las peticiones que ahora mismo se analizan, sino que deja entrever que muchas de ellas ni siquiera han trascendido. El ritmo de solicitudes registradas sería aproximadamente de una cada cinco días.
A la espera de una prórroga
Durante los últimos meses, no obstante, han trascendido distintos nombres de empresas de renombre en apuros que habrían tenido que pedir este balón de oxígeno para sobrevivir al golpe de la pandemia. Hay casos que son auténticas incógnitas. Uno es el de la hotelera Room Mate, del empresario Kike Sarasola, que habría pedido 52 millones de euros. Fuentes de la hotelera trasladaron durante el verano que su solicitud seguía 'viva' y que la SEPI simplemente estaba solicitándoles más información. Otros casos son muy complejos, como el de la siderúrgica Celsa, que representa la mayor petición de todas las recibidas: 700 millones de euros.
La situación invita a pensar la necesidad de pedir un tiempo extra a Bruselas. El instrumento de la SEPI, bautizado como Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), perderá su capacidad al cierre del último año. Este extremo ha provocado que el Gobierno inicie ya conversaciones con el Ejecutivo comunitario ante la urgencia y la presión sobre el calendario por la acumulación de expedientes.
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