El presidente de Red Eléctrica de España (REE), Jordi Sevilla, ha elegido a tres consejeros independientes para decidir los primeros pasos en la nueva etapa del grupo tras la compra de Hispasat y la creación de una nueva empresa para innovar en electricidad y telecomunicaciones. Los tres elegidos son la consejera y presidenta de la comisión de sostenibilidad Carmen Gómez de Barrera, Antonio Gómez Ciria, presidente de la comisión de auditoría y también consejero de Mapfre, y María José García Beato, vocal de la comisión de auditoría y consejera del Banco Sabadell.
El triunvirato ha elaborado un documento para guiar los primeros pasos del grupo empresarial, entre los que ya se cuentan la sustitución de Juan Lasala, consejero delegado desde el año 2015, por Roberto García Merino, responsable del área de telecomunicaciones del grupo. El trabajo de los tres independientes será el carril para cumplir con los deseos manifestados por Sevilla: hacer frente a la transición energética e impulsar el área de las telecomunicaciones, con la integración de Hispasat, y la expansión internacional del grupo.
Fuentes internas del grupo explican que los tres consejeros elegidos tienen el encargo de rediseñar la gobernanza del grupo, constituido por la matriz, Red Eléctrica Corporación, y al menos tres áreas: Red Eléctrica de España, el Operador del sistema eléctrico; Red Eléctrica Internacional y la filial de telecomunicaciones Reintel más la nueva filial tecnológica e Hispasat, aún pendiente de cerrar flecos.
Nuevos consejos
El informe de Barrera, Ciria y García Beato será clave para decidir si se crean consejos de administración en cada empresa, algo que tiene consecuencias de gestión y consecuencias contables. El rediseño del mapa del grupo REE está relacionado con la estratégica operación de compra de Hispasat. REE baraja la posibilidad de dar entrada a nuevos socios. A Sevilla le basta con el 51% de las acciones para controlar la compañía de satélites, pero encontrar socios sin aspiraciones de gestión no es fácil, según admiten fuentes de la empresa.
Aún hay otro extremo relacionado con el diseño de la nueva etapa y es quién debe poner negro sobre blanco las medidas esbozadas desde la cúpula de REE. La disyuntiva está en recurrir a contratos de consultoría puntuales para operaciones concretas, como puede ser la entrada de nuevos socios en Hispasat o, por el contrario, elegir a una compañía para trabajar en la creación del nuevo grupo empresarial de forma global.
Sevilla impulsa desde el mes de marzo un cambio en la estructura de la organización que tiene como fin reforzar la independencia contable y funcional del operador del sistema eléctrico (TSO), la pata regulada del negocio. Pero el plan consiste también en impulsar el área de actividades no reguladas tras el acuerdo con Abertis para la adquisición del operador de satélites Hispasat.
Con ese fin, se creó un Comité de Supervisión del TSO presidido por el propio Sevilla para ajustar las obligaciones económicas financieras establecidas por la ley para Red Eléctrica de España. Los cambios tendrán que cumplir con las exigencias de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). El organismo analiza con detalle la salud económico-financiera de las empresas que cobran del Estado por transportar y distribuir energía, entre ellas y de forma destacada REE.
Cuestión de deuda
Los técnicos de la CNMC analizan con especial atención la relación entre la deuda de las compañías con actividades reguladas y su ebitda -beneficio bruto-. Se trata, explican fuentes de Competencia, de analizar el grado de apalancamiento de las empresas -endeudamiento para financiar operaciones-y si ese endeudamiento afecta o puede afectar a actividades reguladas en las que no existe ni competencia, ni apenas riesgo, puesto que paga el Estado. De ahí el interés y la trascendencia para REE de los informes de los tres consejeros ocupados con la gobernanza.
En la compañía no se olvida que, en abril de 2018, la CNMC aprobó un informe en el que manifiestó su "preocupación" por el elevado grado de apalancamiento -relación entre deuda neta y recursos propios- de REE, al tiempo que abogaba por fijar límites al endeudamiento de la compañía porque podía afectar a las actividades reguladas. Por ello consideró necesario bajar la retribución de REE a partir del 1 de enero de 2020.
Para REE, la internacionalización es clave porque las actividades reguladas -transporte y distribución de electricidad- no dan mucho más de sí. REE cobra anualmente por transportar la electricidad a través de su red de 44.000 kilómetros 1.710 millones de euros, según los informes de Competencia. Tal cifra representa -siempre según esta-, el 10% de los costes regulados del sistema eléctrico.
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