La multinacional Alcoa ha abierto la caja de los truenos al anunciar cierres de factorías en España debido, entre otros factores, al elevado precio de la energía. No está sola. Empresas como Asturiana de Zinc (Azsa) o Sidenor han manifestado en las últimas semanas su malestar por el sistema de precios energéticos a representantes de las administraciones autonómicas vasca y asturiana, según ha podido saber La Información. Sidenor y Azsa forman parte de la Asociación de Enpresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) que viene reclamando desde hace años un marco de precios estable para la industria.
En el caso de Sidenor, el malestar ha llegado al pleito. La compañía, junto a otra siderúrgica, la extremeña Balboa (Grupo Gallardo) ha recurrido en el Tribunal Supremo la última subasta de interrumpibilidad celebrada en junio. Otra compañía -Siderúrgica Sevillana- anunció también recurso aunque al final no lo presentó.
La inquietud empresarial, que ha tenido la máxima expresión en el anuncio de cierres de la multinacional Alcoa, ha llevado a reuniones de la cúpula de Azsa con el presidente asturiano Javier Fernández este mes y a las quejas de Sidenor ante una delegación del Parlamento Vasco que hace unas semanas visitó sus instalaciones en Basauri (Bizkaia). Llueve sobre mojado y la preocupación aumenta porque en el sector industrial se suceden las malas noticias.
También la cementera Cemex
La cementera Cemex, por ejemplo, ha anunciado medidas de ajuste en sus plantas en España -tiene siete-, lo que incluye el cierre de dos de ellas: las de Gádor, en Almería y Lloseta en Baleares. Otras grandes industrias como Ferroatlántica, Celsa o Arcelor también han lanzado sus mensajes para pedir tarifas eléctricas más competitivas.
Buena parte de esos mensajes han llegado al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo que ya en época del expresidente Mariano Rajoy abordó la cuestión de la carestía de las tarifas con la dirección de Alcoa. Núñez Feijóo y el presidente asturiano Fernández mantuvieron una conversación el viernes pasado en Oviedo para coordinar estrategias.
Ambos presidentes autonómicos tenían previsto reunirse esta semana con las ministras de Transición Ecológica y de Industria, Teresa Ribera y Reyes Maroto respectivamente para abordar la situación en torno a Alcoa y los cierres de las factorías de Avilés y A Coruña. No podrá ser. La cita se ha aplazado a la próxima semana por cuestiones de agenda de la ministra de Industria, según fuentes al tanto de los contactos entre las distintas Administraciones.
Habrá reunión para abordar el asunto Alcoa, pero a otro nivel: secretarios de Estado con consejeros y directores generales autonómicos. No habrá solución inmediata al conflicto con la multinacional. Tampoco a las demandas de las grandes empresas, que reclaman, entre otros puntos, la creación de la figura del "consumidor electrointensivo" y el desbloqueo de la partida de 150 millones que el anterior Gobierno incluyó en los presupuestos de 2018 para compensar a las grandes empresas.
Más incentivos
La asociación de grandes consumidores AEGE asegura que la figura de "consumidor electrointensivo" ya existe en Francia o Alemania. Sostiene que la figura conllevaría el reconocimiento de incentivos a las empresas. Un complemento de los pagos por interrumpibilidad, que se mantendrían.
La agitación empresarial tiene lugar a dos meses de que el Gobierno convoque una nueva subasta de interrumpibilidad (315 millones repartidos en 2017). A la vista de las circunstancias la ministra Ribera ha apuntado la posibilidad de que la subasta se retrase e incluso de que se reconsideren sus condiciones. Tal y como está concebida la subasta no gusta prácticamente a nadie: ni a Bruselas ni a Competencia ni a muchas de las empresas afectadas.
Su futuro está en el aire. En enero de 2018, la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso aprobó una proposición no de ley de Unidos Podemos y del PSOE en la que ambas formaciones pedían abaratar la interrumpibilidad y ajustar la potencia subastada a las necesidades del sistema eléctrico. Ahora, el Gobierno tendrá que decidir qué camino sigue para subvencionar (o no) la actividad industrial.
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