Lunes, 16.09.2019 - 07:50 h
Por el supuesto espionaje a instancias del banco

La ley del silencio en BBVA: ni Torres ni los imputados quieren hablar de Villarejo

Será el CEO, el turco Onur Genç, el que rendirá cuentas a finales de mes por la imputación de los ocho altos cargos relacionados con las escuchas.

BBVA sede Madrid
La ley del silencio en BBVA: ni Torres, ni los imputados quieren hablar de Villarejo. / BBVA

Silencio total. Estas son las directrices actuales de BBVA en relación al espionaje a políticos, empresarios y periodistas que presuntamente realizó José Manuel Villarejo a instancias de la entidad durante la etapa de Francisco González (FG) como presidente (2000-2018). Y es que el actual presidente, Carlos Torres, así como el resto de la cúpula del banco y los altos cargos imputados por el asunto, sellan sus labios y evitan responder a cualquier tipo de pregunta al respecto.

Es más, ninguno de los directivos de BBVA que se han dejado ver en los actos públicos que han tenido lugar esta semana ha dicho una palabra sobre el asunto de las escuchas. "No voy a responder a eso", contestaron tanto Jaime Caruana, consejero independiente del banco, como Joaquín Gortari, director de auditoría interna, cuando fueron abordados en un evento celebrado en una de las Cuatro Torres de Madrid.

Más esquivo todavía fue Carlos Torres el viernes, que parecía que jugaba al gato y el ratón con los miembros de la prensa que asistieron a unas jornadas sobre educación financiera que BBVA acogió en su flamante sede de La Vela en Madrid. Tampoco los ocho directivos y exdirectivos de BBVA que han sido citados ante el magistrado Manuel García-Castellón en calidad de investigados han realizado declaraciones al respecto, a excepción de Antonio Béjar, que contestó a su abogado la semana pasada, pero que rechazó hacerlo en un encuentro celebrado en Santander el miércoles. "No voy a hablar de ese tema", dijo.

Solo Ángel Cano, exCEO del banco, en una conversación con este medio señaló que no recuerda nada, ni haber dado instrucciones, que tengan que ver con el excomisario. Y es que por el momento y mientras la pieza novena de la macrocausa por Villarejo que investiga la relación del comisario jubilado con el BBVA está bajo secreto de sumario, impera la ley del silencio en la multinacional española.

Será el 'número dos' actual, el turco Onur Genç, que es consejero delegado desde comienzos de año, el que tenga que dar respuesta a las preguntas que se efectuarán durante la presentación de los resultados semestrales de la entidad el próximo 31 de julio, que, en cualquier caso, se realiza en formato 'online'. Ahora, los equipos de comunicación de BBVA, asistidos por los departamentos de legal y compliance, se encuentran trabajando en el nuevo argumentario y la nueva estrategia a seguir tras la imputación de los altos cargos por los presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos.

Pagos de 10 millones a Villarejo

La relación del BBVA con Villarejo se destapó hace ya un año, pero no fue hasta el pasado mes de enero cuando se supo de la presunta red de espionaje masivo que el comisario jubilado había desplegado para proteger los intereses del banco en un intento de asalto de Sacyr al capital del banco a comienzos de la década de los 2000. Esta revelación, publicada por 'Moncloa.com' y 'El Confidencial', obligó a Torres a reforzar la investigación interna que se había puesto en marcha con FG y a admitir públicamente la contratación por parte de BBVA de Grupo Cenyt, el entramado empresarial del agente encubierto.

El avance de la investigación judicial ha permitido determinar que el monto total abonado a las sociedades de Villarejo alcanza los 10 millones de euros, una cuantía que respondería no solo al encargo de espionaje a la constructora por su fallido 'ataque' al banco sino también por otras labores como la localización de clientes morosos con la entidad. Aunque el comisario jubilado sostiene que no se efectuó ningún espionaje en el marco de esta encomienda, los investigadores le acusan de haber 'pinchado' el teléfono de periodistas, empresarios y políticos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para controlar los pormenores del asunto.

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