La dirección de Indra puso primero sobre la mesa un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Tras la presión de los sindicatos, la empresa lo retiró a cambio de bajas incentivadas voluntarias y prejubilaciones para los mayores de 57 años. Ahora, a algo más de dos meses para que se cumpla el plazo definitivo de cierre del expediente, las organizaciones sociales han pedido a la compañía que estudie ampliar ese periodo hasta final de año con el objetivo de dar cabida a buena parte de los más de 120 empleados que se quedarán fuera y que han mostrado su interés por acogerse. Esta medida choca de manera frontal con las propuestas que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha planteado en el proceso de negociaciones para la reforma del sistema pública de pensiones y que se van en la dirección de evitar, penalizando aún más, las jubilaciones anticipadas en España.
Después de varias semanas de negociaciones, a principios del pasado mes de diciembre la empresa tecnológica, con un 18% de capital público a través de la Sepi, aceptaba retirar los 240 despidos forzosos con la indemnización mínima de 20 días por año trabajado. Como contraprestación ponía sobre la mesa prejubilaciones para los empleados de entre 57 y 63 años (entre el 85% y el 90% del salario bruto). Luego se plantearon salidas voluntarias para los menores de 57 años con indemnizaciones por contrato y un bonus extra de 6.000 euros. La demanda para la primera opción ha sido muy superior a lo previsto.
Según explican desde CCOO, el número máximo de prejubilaciones contemplado en el acuerdo firmado entre ambas partes era de 135 para los mayores de 57 años. La demanda ha duplicado esa cifra y han presentado su interés más de 130 personas 'extra', por encima de lo esperado. El plazo aún está vigente, pues termina a finales del mes de junio. Estas cifras contrastan con las que se han registrado en la otra modalidad: las desvinculaciones incentivadas. Tal y como apuntan las mismas fuentes, apenas una decena de las 85 previstas han sido comunicadas. Las condiciones en este último caso son significativamente peores.
Ante este escenario, los grandes sindicatos han decidido mover ficha frente a la dirección de la empresa y pedir una ampliación hasta final de año del periodo máximo para aceptar prejubilaciones voluntarias bajo las mismas condiciones pactadas en la negociación. El objetivo es tratar de dar cabida a toda esa demanda registrada. Pero, además, también plantean que incluso a los que cumplan las condiciones a lo largo de ese segundo semestre del año -es decir, a quienes cumplan, por ejemplo, los 57 años entre julio y diciembre- también puedan acogerse.
En este tipo de acuerdos se suele abrir la mano e incluir a un puñado de empleados 'extra' más allá del límite impuesto. Sin embargo, en este caso sería más del doble -lo que compensaría la baja aceptación de la modalidad de bajas incentivadas entre los menores de 57 años-. Esta ampliación que reclaman las organizaciones sociales no implicaría ningún tipo de nueva negociación, pues se trata de medidas completamente voluntarias. La empresa dirigida por Fernando Abril-Martorell aún no ha tomado partido y no ha comunicado a los representantes su decisión.
En contra de Escrivá
Esta medida de ampliar el periodo de aceptación e incrementar el número de prejubilaciones va en contra de la 'doctrina Escrivá'. El ministro de Seguridad Social e Inclusión, José Luis Escrivá, negocia junto con los agentes sociales una reforma de la jubilación anticipada con la que se pretende incluir un nuevo régimen de penalizaciones, precisamente, para hacer frente a este tipo de salidas. El que fuera presidente de la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) ha tildado de "anomalía" que trabajadores en bases de cotización más altas apenas vean reducida su pensión por jubilarse dos años antes de la edad legal estipulada.
En el plan que el Gobierno de España ha trasladado a la Comisión Europea en materia de pensiones incluye un sistema para incentivar la jubilación demorada ofreciendo un pago único de hasta 12.000 euros en el momento del retiro. El ministro ha planteado a las autoridades comunitarias y a los agentes sociales una modificación de los coeficientes reductores de jubilación anticipada, ya que en estos momentos el sistema es regresivo y favorece a las rentas más altas. Aún no ha logrado el acuerdo ni de la patronal ni de los sindicatos en este asunto.
El resto de ERE
Hay que tener en cuenta que las condiciones económicas firmadas en el caso de Indra están muy por encima de las que se están pactando en el caso de las entidades financieras. El caso más paradigmático es el de la primera propuesta que ha hecho la nueva Caixabank a los representantes de los trabajadores. Las prejubilaciones para los que tengan entre 58 y 63 años le plantean el pago fraccionado de un 50% del salario bruto (frente al 85% o 90% de Indra). Por su parte, Banco Santander pactó pagar a los de entre 58 y 61 años un 76%.
La otra gran filial de Indra en España, Soluciones Tecnológicas de la Información (antigua Minsait), sí que pactó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con la salida de 580 empleados. Una de las medidas paliativas son las 'prejubilaciones'. Para los que están por debajo de 63 años, se trata de una desvinculación: la empresa despide al empleado, que cobra el desempleo durante los dos primeros años. En ese tiempo, la empresa se compromete a abonar la diferencia hasta alcanzar el 80% del salario fijo bruto. Tras gastar toda la prestación de paro, se mantiene ese porcentaje hasta los 63 años. Para las personas con 63 años en adelante, la empresa paga una indemnización equivalente a 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.
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