Entre las dos suman casi 10.000 empleados en España entre sus diferentes filiales y compañías. Y bajo la alargada sombra de su rival Telefónica, ambas también tienen el dilema de los salarios y el IPC. Los sindicatos de Vodafone y Orange aguantan la respiración. Velan armas sin aún haber movido ficha sobre si reclamarán un nuevo convenio o una compensación extra. Miran de reojo lo que sucede en la dueña de Movistar, donde si no hay una rebaja extrema de la inflación en esta última parte del año se deberá afrontar una subida a partir del 1 de enero superior al 7%.
Tanto Orange como Vodafone negociaron y pactaron un convenio colectivo para sus respectivas plantillas en 2019 y 2021, cuando no había ni rastro de la pandemia, ni de la guerra, ni de la fuerte subida del IPC. En el caso de la francesa, las subidas ataba al IPC se limitaban a los salarios inferiores a 35.000 euros brutos. En el de la británica no había ni rastro de vinculación a la inflación y sólo se establecían incrementos en base a cumplimiento de objetivos financieros de todo el grupo, con especial foco en el resultado bruto de explotación (Ebitda).
En este contexto, ambas filiales españolas analizan qué estrategia seguir en los próximos meses. Todos miran de reojo lo que suceda en Telefónica, que sí que tiene pactada por convenio una compensación a partir de 2023 de toda la pérdida de poder adquisitivo durante todo el periodo de vigencia. Una subida superior al 7% en el antiguo monopolio español, tal como se espera habida cuenta de las previsiones de inflación del Banco de España y de otros organismos para el cierre de este año, metería más presión a sus rivales respecto a su política de incrementos salariales, según explican fuentes sindicales.
En Vodafone no hay una prisa excesiva, pues el tiempo corre a su favor. La razón: la revisión salarial es a partir del 1 de julio. Los efectos del convenio son hasta el 30 de junio. El pasado mes de junio se abonó un 1,5% cuando la inflación ya se situaba en niveles muy superiores. Los sindicatos tienen hasta finales del mes de noviembre, según explican las mismas fuentes, para denunciar el convenio. Pero no queda claro que las organizaciones quieran hacerlo. Aún no se ha puesto sobre la mesa el asunto.
En el caso de Orange sí que tienen que abordar ahora una subida significativa en el mes de abril. Según su propio convenio, cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre, el proceso de revisión de los salarios se lleva a cabo durante ese mes del año siguiente -aunque con efectos desde el 1 de enero-, una vez se ha cerrado el análisis de los conceptos variables del último ejercicio. Los galos vinculan al IPC sólo a los empleados con salarios brutos inferiores o iguales a 35.000 euros (y con un tope del 5%). Según apuntan fuentes sindicales, es un porcentaje no especialmente significativo de la plantilla. La duda radica en lo que pasará con el nuevo convenio. Éste debe ‘denunciarse’ por alguna de las dos partes antes de mediados de diciembre para arrancar la negociación. En caso de que no sea así se prorrogará. Ninguna de las dos partes mueven ficha. Y no hay mucha intención de hacerlo.
Ese es uno de los factores determinantes a los que se enfrentan ahora los sindicatos. Los convenios sólo se denuncian si hay alguna perspectiva de que se pueden lograr condiciones mejores. Y es eso lo que genera ciertas dudas entre las organizaciones sociales. El contexto económico del sector de las telecomunicaciones pesa en una decisión así. Es uno de los mercados más castigados por una deflación: precios a la baja, con una guerra de descuentos, y costes fijos claramente al alza, con la energía como uno de los principales quebraderos de cabeza. Abrir el melón, apuntan las fuentes, puede resultar complicado.
En este tipo de situaciones, las empresas tienen dos opciones. Por un lado está una compensación extraordinaria para abordar la pérdida de poder adquisitivo. En Telefónica sucedió algo similar a los empleados fuera del convenio general (el personal corporativo y las Unidades Globales). La operadora acordó una paga extraordinaria del 1% hasta 2024 del salario bruto. La otra posibilidad es la 'denuncia' del convenio para renegociar nuevos términos. Aún no han enseñado sus cartas. El consejero delegado de Orange, Jean François Fallacher, aseguró en la presentación de resultados de hace meses que el equipo de recursos humanos "estaba trabajando" para incrementar salarios en la medida que se pueda.
En Másmóvil no hay convenio colectivo concreto para todo el grupo. Sí que hay un comité de empresa, en el que sólo está presente un sindicato al margen de UGT y CCOO. Donde sí que existe uno específico es en Euskaltel. Está recién pactado. El pasado verano se planteó una subida salarial para este año 2022 y para el próximo del 2%, con un variable en función del IPC. Para el presente ejercicio el tope de esa parte es de hasta el 4%, mientras que para 2023 es del 3%.
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